Después de que el lunes de la semana pasada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, obedeciendo la decisión del “pueblo sabio”, determinó que cuando llegara a tomar posesión del cargo para el cual fue electo procedería a cancelar la ya iniciada obra del denominado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, no obstante la gran cantidad de opiniones en contrario de carácter técnico y en el sentido de que la consulta que llevó a ella era ilegal y que sólo fue una pantalla para disfrazar lo que ya había decidido desde antes, dándole así la apariencia de un ejercicio de democracia directa o participativa. Mecanismo que él mismo reveló sería una forma de tomar decisiones en su gobierno escuchando al pueblo. Por supuesto que las reacciones fueron muy amplias y de rechazo en las esferas económicas, de oposición política, así como en los ámbitos periodísticos. Mucho se escribió y seguramente se seguirá escribiendo en los próximos días acerca de lo inconveniente para México de lo realizado por este político.
El tema de la “cancelación” del aeropuerto ha dado lugar y sigue haciéndolo a muchas opiniones, desde quienes consideran que ella causará enormes problemas económicos a México en el ámbito nacional, con repercusiones internacionales, por la desconfianza en el cumplimiento de los compromisos económicos, pero que lo más trascendente es que lo hecho por AMLO es el inicio de la pauta que seguirá su gobierno; muy peligrosa, porque implica la posibilidad de que las formas de participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, que ahora se contemplan en la Constitución y en las leyes que las regulan, sean modificadas a gusto del nuevo presidente para hacer creer que se ajustará a la ley y dará participación a los ciudadanos, cuando en realidad todo estará diseñado para que sea su voluntad la que en realidad rija esas pretendidas formas de democracia directa.
Parece que las cosas se están encaminando en ese rumbo, pero todavía no se puede concretar si en efecto será así. Aquí como en otros aspectos y sobre todo en materia política, es mejor acogerse a la frase que dice: “hay menos riesgo en ser historiador que adivinador o profeta.”
Así, pues, aunque exista mucha tela de donde cortar en relación al defenestrado aeropuerto, quiero hacer un breve comentario en relación a otro tema que es de actualidad y que todos los días es materia también de la noticia periodística y de preocupación en el ámbito nacional. Me refiero a las caravanas de inmigrantes que han llegado a México desde Centroamérica. Ello porque la que está formada por mayoría de hondureños ya está transitando por los estados de Oaxaca y Veracruz con rumbo a la Ciudad de México. Pero también otra que está formada por nacionales salvadoreños en combinación con otros centroamericanos y por último las que también ya se están organizando incluso por nicaragüenses todavía en territorio centroamericano pero acercándose a la frontera mexicana. Nuestro gobierno ha intentado detenerlos, pero no ha obtenido un resultado positivo, pues en la frontera misma no se les detuvo porque no se ha querido hacer uso de la fuerza. Sin embargo, ya en territorio mexicano se está capturando a grupos aislados para llevarlos a los alojamientos establecidos en las estaciones migratorias y de ahí deportarlos, salvo a aquellos que se quieran acoger al ofrecimiento de que podrán permanecer en esas estaciones migratorias mientras solicitan su internamiento legal o en su caso el asilo por razones políticas o humanitarias. En realidad, el gobierno mexicano quiere detener las caravanas, pero no encuentra la manera de hacerlo sin utilizar la fuerza pública de manera amplia. Ello fundamentalmente porque no obstante las presiones de Mister Trump que alienta a México para que impida que esas caravanas lleguen a la frontera con Estados Unidos e incluso amenaza tanto a nuestro país como a los centroamericanos de donde son originarios los integrantes de esos grupos, pues las organizaciones internacionales que pretenden salvaguardar los derechos humanos de los migrantes, abogan por que no se les reprima, se les deje circular y no se lesionen sus derechos humanos, específicamente los que refieren al derecho de migración.
El tema es difícil porque México se encuentra en la disyuntiva de aplicar la ley y guardar el orden en nuestro país o bajo el pretexto humanitario dejar que los migrantes transiten o se desparramen en nuestro país con consecuencias negativas para la tranquilidad y el orden social, ya sumamente vulnerado por la inseguridad pública. Creo que la aplicación de la ley tiene que darse y admitirse la migración, pero de manera ordenada y controlada, tal como se establece en las leyes migratorias mexicanas, respetando los derechos humanos y proporcionando la ayuda humanitaria necesaria, pero de ninguna manera dejar que los migrantes tomen actitudes violentas, como ya lo han hecho, atacando a la autoridad y alterando la paz pública, más de lo que ya está por las organizaciones delincuenciales. Hacer eso no implica ceder a la presión norteamericana sino, reitero, aplicar la ley. Si esto se hace en forma mesurada y con respeto a los derechos humanos, nada podrá reprochársele a México, no obstante, las exageraciones de ciertas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Recordemos que estos mismos derechos, es decir los derechos humanos, también los tienen los mexicanos que están siendo afectados por ciertos grupos descontrolados de los migrantes. Un damnificado por los ciclones en la costa del Pacífico dijo en una entrevista que le hicieron en la televisión: no nos ha llegado ninguna ayuda, sabemos que a los migrantes sí se les ha ayudado por parte de la sociedad. No estamos en contra de ello, pero ¿qué los mexicanos no tenemos derecho también a ella?