En días pasados una delegación de México encabezadas por Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se presentaron en Ginebra Suiza ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para la que fue la tercera revisión del Estado Mexicano ante dicho Consejo. La primera vez que México compareció fue en febrero de 2009 y la segunda en octubre de 2013 y ahora fue la tercera.
El Consejo de Derechos Humanos fue instituido por la Asamblea General, el 15 de marzo de 2006 y es el principal organismo intergubernamental de las Naciones Unidas en materia de los derechos humanos y depende directamente de la Asamblea General. Los derechos humanos son uno de los tres pilares fundamentales de las Naciones Unidas junto con el desarrollo, la paz y la seguridad.
El objetivo que persigue es fortalecer el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, buscando el goce y disfrute de todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo).
Particularmente en esta comparecencia le fueron cuestionados a nuestro Estado temas como la Ley de Seguridad Interior, la cual enmarca la participación de los militares en actividades de seguridad pública y seguridad interior; las acciones tomadas por nuestro país en el caso Ayotzinapa; temas de desaparición forzada, así como las acciones tendientes a proteger a defensores de los derechos humanos y periodistas.
Respecto a la Ley de Seguridad Interior, los emisarios mexicanos la defendieron señalando que el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido la posibilidad de recurrir a las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, siempre que se atienda los siguientes tres principios: excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad.
Según el gobierno mexicano la presencia militar en las calles es excepcional, temporal y subsidiario. Será que es así ¿?
Sobre el tema de migración, el gobierno de México señaló en su comparecencia que aquí nadie es ilegal y que, con la llegada de la Caravana Migrante, el país reitera su hospitalidad y solidaridad. No estoy seguro de que estos señalamientos sean los más exactos.
En materia de defensores de derechos humanos y periodistas, es cierto que no hay muchos avances, pues México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo.
En el tema de Ayotzinapa, el Gobierno Mexicano señaló sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que se ha dado cabal cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos y el 98% de las recomendaciones emitidas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han sido cumplidas.
También el gobierno mexicano señaló que hay más de 100 personas procesadas por la responsabilidad en el secuestro de los normalistas y 27 por tentativa de homicidio.
Respecto al combate a la tortura, México informó que entró en vigor una ley general en la materia, con la cual se crearon fiscalías especializadas, se aprobó un protocolo homologado de investigación y que de 2013 a 2018 se han emitido 36 sentencias por este delito.
En materia de desaparición forzada, se informó que, en 2018, debido a la implementación de la ley en el tema se implementó la fiscalía especializada, que actualmente cuenta con 939 indagatorias y se han emitido 43 sentencias a nivel nacional.
El gobierno mexicano informó que a la fecha se tiene el registro de 37 mil 435 personas desaparecidas y que el pasado 16 de enero entró en vigor la ley general en la materia.
A grandes rasgos es lo que México fue a informar a Ginebra.
Una vez que pasa la comparecencia, El Consejo de los Derechos Humanos tiene unos días para analizar la información y emitir las recomendaciones que estime necesarias,
La verdad es que no veo como pueda salir bien librado México en este tema, principalmente pues los Derechos Humanos no parecen prioridad en las políticas públicas de nuestro país.