El Municipio se negó a transparentar en qué acciones concretas gastaron los 14 regidores y síndicos de la pasada Administración, los alrededor de 20 mil pesos a los que tienen derecho cada mes para dar apoyos sociales.
En los tres años, de 2015 a 2018, para este concepto los dos síndicos y 12 regidores tenían disponibles alrededor de 10 millones de pesos.
Sin embargo a través de una solicitud a la Unidad Municipal de Acceso a la Información se informó que los regidores gastaron más de tres millones de pesos y los síndicos no dieron ningún apoyo.
En 2015, durante la Administración de Bárbara Botello que terminó y la de Héctor López Santillana que inició, según se reportó los síndicos otorgaron apoyos por 207 mil 258 pesos y los regidores por un millón 386 mil 290 pesos, monto que no ha sido rebasado hasta ahora; no se informó qué cantidad correspondió a cada Gobierno.
Esconden acciones concretas
En el documento se solicitó al Municipio que especificara por cada edil, además de la cantidad de dinero usada en apoyos, a qué acciones concretas correspondieron éstos, pero la información se reservó sin explicación, en la respuesta se limitó a notificar que se destinaron apoyos en beneficio de la comunidad, consistentes en la entrega de bienes y pagos de servicios diversos.
am solicitó una impugnación, que fue aceptada por el Instituto de Acceso a la Información Publica para el Estado de Guanajuato, y se dieron siete días a partir de hoy al Municipio para detallar la respuesta.
Sorprende opacidad
Los exregidores Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras Guerrero, respectivamente del PRI y del PVEM, manifestaron extrañamiento por la reserva del Municipio en cuanto a las acciones en las que se ejerció el recurso.
Aseguraron que estaba muy fiscalizado el proceso de apoyo, se tenían que dar múltiples documentos que respaldaran el ejercicio.
Contreras Guerrero incluso recordó que junto con el extesorero Gilberto Enríquez Sánchez se establecieron lineamientos para regular el proceso, que entre otras cosas marca que si al cierre del ejercicio o término de la Administración se tiene saldo pendiente de comprobación, éste será descontado de la dieta del síndico o regidor.
Y que la comprobación debía entregarse a la Dirección de Egresos a más tardar durante los ocho primeros días hábiles del mes posterior al que se efectuó el gasto.
“No le abonan nada a lo que se logró en aquel entonces con el tema de este reglamento, me sorprende mucho que no den esta información y desconozco por qué el motivo, eso no es procedente”, indicó Sergio Contreras.
Para el exregidor Ramírez Argote la reserva también es injustificada.
“A mí me parece que es totalmente injustificado que se reserve esta información puesto que se trata de recursos públicos, ejercidos por servidores públicos que lo fuimos en su momento y no veo ninguna causal. Creo que podemos estar muy tranquilos todos los que ejercimos ese recurso y por lo mismo me parece que no hay ninguna razón para ocultarlo”, dijo el priísta.
Ambos exfuncionarios aseguraron que usaron su recurso para apoyar adultos mayores, asociaciones civiles, escuelas, etcétera.
Rechaza prerrogativa
Salvador Sánchez Romero, regidor del actual y del pasado Gobierno de Héctor López Santillana, prefirió no opinar sobre la reserva de información y aseguró que él rechazó este derecho desde que entró en funciones.
“A mí no me lo dan, yo lo rechacé desde hace mucho tiempo porque no lo quiero asignar mal y hay que administrarlo y todo eso, entonces yo en mí caso pedí que lo mandaran a un fondo de becas, que lo lleva Educación o Desarrollo Social”, indicó.
Y la regidora, nueva en la Administración, Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, aseguró que considera no hacer uso de este monto.
“Lo puedes utilizar en diferentes apoyos, pero es un tema que en mi opinión, es poco dinero y todavía lo estoy analizando si lo canalizamos a algunas asociaciones civiles”, apuntó.
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