El miércoles de la semana que acaba de transcurrir Andrés Manuel López Obrador presentó su plan nacional de seguridad pública que ha titulado como “De Paz y Seguridad”. Mucho de lo que había dicho al respecto en ocasiones anteriores el próximo presidente de nuestro país se plasmó ahí. Ya había, pues, indicios de por dónde iba a transitar el contenido de ese documento, pero lo que con más expectación se esperaba conocer era la concreción de los puntos relativos al manejo que el mismo daría al ejército y a la marina armada; pero también cómo quedaría todo eso que se había venido hablando por él mismo y su equipo en relación con la amnistía para los delincuentes, sobre todo en relación a los delitos conectados con el narcotráfico y la extorsión. Pues bien, después de que la exposición de ese plan, que por cierto se pospuso de su fecha original para unos cuantos días después y se concretó, como ya dije, el miércoles de la semana pasada; yo diría que estamos en presencia de algo que podría calificarse como “El parto de los montes”, cuando menos en los temas relativos a cómo se iban a seguir utilizando al ejército y a la marina, en ese plan, puesto que el presidente electo ya había advertido que esas fuerzas armadas no regresarían a sus cuarteles ya que la situación actual del país necesita que sigan realizando las labores que desde hace varios años han venido haciendo, como policías.
Ello es así porque la creación anunciada de una Guardia Nacional no representa en realidad un gran avance, sobre todo porque tiene aspectos que son considerados difíciles de manejar y que el sólo enunciado de lo que va a ser ese cuerpo de seguridad no aclara suficientemente. Habrá que esperar toda la normatividad y planes estratégicos para su operatividad. Por otra parte, en el ámbito jurídico se están mostrando argumentos que lo ponen como contrario a mandamientos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo porque se siguen utilizando, de manera disfrazada, a las Fuerzas Armadas para labores policiales que no son en realidad aspectos de seguridad nacional. También se ha dicho que ese plan de seguridad y paz es lesivo al pacto federal puesto que entre las autoridades que lo manejarán prácticamente no están las de las entidades federativas. En efecto, la militarización de que se quejan las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y muchas otras organizaciones no gubernamentales se mantiene, aunque disimulada. En efecto, no se puede llegar a otra conclusión si esa Guardia Nacional se va a formar con las policías militar y de la marina, claro también con la policía federal, lo que sin embargo no cambia las cosas pues lo grueso de esa “guardia” provendrá de las fuerzas armadas de México. Ciertamente, se reclutarán 50,000 nuevos elementos civiles, pero el hecho concreto y previsto en ese plan, es que serán entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional; además de que la disciplina y el manejo de ese cuerpo será estrictamente similar a los cuerpos de la milicia. Sabiendo López Obrador y su equipo, que la Suprema Corte de Justicia se inclinaba por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que supuestamente daba un marco jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas, organiza esa Guardia Nacional con elementos del Ejército y la Marina, pero dándoles el sesgo de que se trata de una creación nueva de carácter policial incorporando a la policía federal y posteriormente reclutar civiles. La próxima Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero indica que se trata de un nuevo cuerpo, distinto legalmente al ejército y a la armada. Puede ser que sí, pero eso no quita que se trate de una simulación que tendrá su base en una ley que seguramente se realizará con posterioridad, incluso previa modificación de nuestra Constitución. Serán, en el fondo, las mismas fuerzas armadas las que actuarán y encabezarán las actividades, sólo que con otro nombre y apoyándose en normas legales distintas a las que ya fueron declaradas inconstitucionales el jueves, también de la pasada semana.
Esa nueva fuerza policial, que entrará pronto en servicio, no encontrará, sin embargo, obstáculo legal, porque seguramente habrá modificaciones constitucionales rápidas a los artículos pertinentes, para que la nueva policía se ajuste a las normas legales.
Tal como están las cosas en el ámbito de la seguridad pública, verdaderamente es difícil oponerse a la creación de ese nuevo instrumento para combatir al crimen organizado, quizá, solamente digo quizá, habría que vencer escrúpulos y aceptarlo como un remedio transitorio mientras que los verdaderos y auténticos cuerpos policiacos civiles, estatales y municipales se reorganizan y se capacitan. Por otra parte, no se tiene la seguridad de que partiendo de esa Guardia Nacional no surjan más elementos aparentemente legales que puedan llegar a ser un peligro para la democracia en nuestro país.
Y hablando de simulaciones, en los días 24 y 25 de este mes será la otra consulta popular, que tendrá como tema a votación no solamente la construcción del denominado tren Maya, sino de otros 8 más que fueron promesas de campaña, con el mismo procedimiento falaz de la anterior. ¿Y así se quiere impulsar un Constitución Moral?