Con el objetivo de orientar a las mujeres sobre las medidas de protección que deben exigir a las autoridades en caso de ser víctimas de violencia, el Instituto Municipal de la Mujer en conjunto con el Colegio de Abogados del Estado impartió la charla “Violencia Familiar. Órdenes de Protección”.
La plática fue dirigida por Gustavo Ríos y Rodrigo Reynoso, quienes hablaron sobre los tipos de violencia que hay: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, laboral y docente.
Explicaron que si bien cualquier tipo de agresión no está tipificado como delito, es necesario que en caso de sufrir el menor indicio acudan al Instituto.
Guanajuato y feminicidios
“En agosto Guanajuato fue el primer lugar nacional en feminicidios y el Instituto tiene la obligación de orientar a quien sea maltratada”, enfatizó el abogado Gustavo Ríos.
Los ponentes dieron a conocer que hay órdenes de protección de naturaleza civil, preventivas y de emergencia.
Éstas pueden ir desde suspensión de visitas, embargo de bienes, retención de armas, desalojo de hogar u órdenes de restricción y en caso de ser condenados las penas pueden ir de cuatro a ocho años.
Debe denunciarse
Pero lamentaron que lo más difícil para procesar a los agresores sea la denuncia de la víctima, ya que a veces por miedo se quedan calladas.
“En algunas circunstancias por temor al qué dirán, que sus hijos no tengan un padre, pensar en un futuro incierto aguantan lo que les hacen y no debe ser así”, dijeron los expositores.
Más tarde Elizabeth Ramírez, coordinadora del área legal del Instituto dio a conocer que en 2017 firmaron un convenio con el Colegio de abogados para poder referir con ellos a algunas víctimas.
Orientan en todo momento
“Cuando las mujeres necesitan una orientación en procesos jurídicos como denuncias, divorcios o pensiones alimenticias aquí podemos apoyarlas”, ofreció la coordinadora.
Detalló que desde el inicio del convenio se han canalizado a 110 personas con ellos, a quienes se les hace un pago representativo que va desde los 100 pesos hasta los 8 mil, dependiendo del escenario, pero a veces no lo cobran.
Los casos que son canalizados dependiendo del grado de violencia y si la afectada lo acepta, se les da seguimiento, al responsable se le pide un informe sobre los avances logrados con el fin de brindar lo necesario para que la afectada salga de la situación.