La frase polémica

 

Para este miércoles está programada la sesión del Congreso en la que se hará la declaratoria de creación de la Fiscalía General del Estado y también la toma de protesta del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.

El viernes se aprobó la Ley de la Fiscalía y ayer sábado se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Como el jueves hay un evento nacional de archivos en el Congreso, la sesión será el miércoles. Con eso concluye el proceso con el que nace la accidentada Fiscalía y se confirma por 9 años a su titular.

Morena todavía baraja si se anima a orquestar otra protesta como la del viernes pasado.

En un muro del nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía del Estado los funcionarios y los visitantes pueden leer: “Una investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia”, frase que está acreditada al maestro Carlos Zamarripa Aguirre con fecha del año 2012.

La fotografía motivo de la polémica la difundió la PGJE en sus redes sociales el pasado viernes con motivo de una visita que les hizo el exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez.

Ese edificio ubicado en Guanajuato Capital fue inaugurado el 21 de septiembre de 2018, antes de partir Márquez Márquez. Ahí están la Agencia de Investigación Criminal, las Direcciones Generales de Tecnologías y de Análisis de Información, aulas, salón de cómputo, helipuerto, habitaciones, etc.

El gobernador Diego Sinhue lo ha visitado muchas veces, seguro ya leyó la frase inmortalizada. Ahí acompañó hace unos a la Junta de Gobierno del Congreso local y esta semana a medios electrónicos.

La Constitución federal en su artículo 134 dice textualmente:

“La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter de institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

La diputada panista presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local, Libia García, lo sabe bien y por eso opinó así: “Creo que es nuestra obligación fortalecer los entes públicos, las instituciones y no a las personas. En ese sentido hago un llamado a que se actúe apegado a la ley y a la ética y se evite la promoción personal de cualquier servidor público”.

Libia tuvo que ‘tragarse’ su postura inicial de eliminar el pase automático y apoyar al Gobernador.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez: “Eso define la personalidad de Zamarripa, él es él, casi perfecto, lleno de galardones y reconocimientos, cero humildad y autocrítica, nadie puede aconsejarle porque sólo él sabe cómo hacerlo, lamentable”.

Y recuerda que ni el exgobernador Carlos Medina se atrevió a tanto con tan repetida frase (que no aplicada) por los panistas de “tanta sociedad como sea posible, tanto gobierno como sea necesario”.

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, el panista leonés Rolando Alcántar, no entra en la polémica y sólo dice que habrá que mantener todos una postura de exigencia de resultados.

En los últimos días de turbulencia contra el fiscal fue Diego Sinhue el que salió a ponerle el pecho a las balas. Defendió a capa y espada los resultados del Procurador y lo exculpó de cualquier responsabilidad de acción y/u omisión de la imparable ola violenta de Guanajuato en los últimos años.

Como si no hubiera suficiente la frase le da nueva artillería a los detractores, ¿pero qué necesidad?

 

Sin plan, ni rumbo

 

La inseguridad sigue sin freno en Celaya y en la semana que termina se registró un hecho que conmocionó a la sociedad, el triste desenlace de una riña entre adolescentes, donde uno murió navajeado, un suceso que muestra que no sólo la culpa es de la autoridad y da muestras de la descomposición social que se vive.

La alcaldesa Elvira Paniagua ha mostrado voluntad de mejorar pero no se ve un rumbo cierto, dice que en los próximos días presentará su proyecto pero suena mal que ya lo tenga casi listo y acabe de nombrar director de la Policía a un militar de nombre, Martín González.

El nombramiento lo hizo el mismo día en que los cuestionados: procurador Carlos Zamarripa, y secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, se reunieron con ella y con el secretario Juan José González y el secretario del Ayuntamiento, Roberto Hugo Arias, por lo que a decir de varios, podría tratarse de otra “sugerencia” desde el Gobierno del Estado.

Y hablando de Hugo Arias, al secretario se le acusa de tener controlada a la alcaldesa y ser el culpable de no abrirse a la ciudadanía como debiera. Muchos cuestionan que le haga tanto caso, considerando que cuando él fue secretario de Seguridad en el trienio de Ismael Pérez Ordaz, creó dicha Secretaría y desde entonces todos los delitos han ido creciendo en Celaya.

También hay quien acusa a Jaime Acevedo Arroyo, director de la empresa M&D Consulting Group S.C., dedicada al desarrollo de estrategias integrales de comunicación, imagen y mercadotecnia política, no sólo de asesorar, sino hasta de regañar y dar órdenes a funcionarios. Órale.

 

Otra vez el transporte

 

Gobiernos van y vienen en Celaya pero la mayoría de los empresarios del transporte público siguen imponiendo su ley y esta semana decidieron suspender el cobro de la tarjeta de prepago Sibe.

Desde hace casi 15 años los concesionarios aumentan su poder frente a las administraciones públicas y ahora se atrevieron a chantajear al Gobierno Municipal mientras piden se aumente la tarifa. Para nadie es un secreto que la modernización del transporte público en Celaya ha fracasado y los únicos perjudicados han sido los más de 250 mil usuarios que utilizan a diario el servicio.

Desde 2014, cuando se firmó el convenio de tecnificación, comenzaron las irregularidades con la elección de la empresa NR-TEC y la entrega de 12 millones de pesos por parte del Gobierno Estatal a las cinco empresas concesionarias que se sumaron al proyecto. Lo que mal inicia mal acaba dice el dicho y el proceso de modernización ha sido tortuoso para todos.

Antes de concluir el gobierno encabezado de Ismael Pérez Ordaz buscaron implementar el sistema de prepago que propició una crisis de movilidad durante dos días, luego de que choferes de Atucsa se manifestaran para echar abajo el sistema. Lo consiguieron y el problema fue heredado por el Ramón Lemus quien además tuvo que lidiar con que la mitad de los transportistas no querían tecnificar sus unidades ya que también querían recibir recursos estatales.

Las empresas que no se habían adherido al Sibe recibieron cinco millones de pesos y están en proceso de colocar validadores y cámaras de seguridad en sus camiones y para este mes debían estar al 100%.

Pero esta semana, las empresas Atucsa, Verdes de Guanajuato, Saetas, STDA, USB y EVI se escudaron en el Sibe y mediante desplegados, con anuncios en las propias unidades y en redes sociales publicaron que de la noche a la mañana cancelarían la tarjeta ordinaria y casi 35 mil usuarios pasarían de pagar de 6.50 a nueve pesos acusando competencia desleal ya que el resto de las empresas cobraban más.

Con un largo colmillo político a los transportistas no les importó violar el reglamento ante la tibia reacción del Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa Elvira Paniagua, quien esperó dos días para reunirse con los concesionarios.

Por cierto, José Trinidad Martínez Soto, director de Movilidad y Transporte del Municipio, no puede excusarse por no tener experiencia, pues recordaremos que hace dos trienios él era director de Transporte y Vialidad, la dependencia que antes normaba a los transportistas y en el pasada administración como regidor siguió tratando con ellos, aunque pareciera que no ha servido de mucho.

Total que fue hasta el viernes que se reunieron para restablecer el pago de la tarjeta ordinaria y la Alcaldesa dejó entrever la posibilidad de un aumento en la tarifa ordinaria de seis pesos con cincuenta centavos a ocho pesos y la tarifa preferencial de cuatro pesos con cincuenta centavos a seis pesos. Ahora la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento analizará la propuesta de los concesionarios que ya vieron cómo apretar las tuercas y presionar a un tibio Gobierno Municipal.

 

Despedidos ¿por indisciplinados?

 

Esta semana otros seis bomberos voluntarios de Irapuato fueron dados de baja por presunta indisciplina, la que nos deja dormir es si ¿después de 15 años que llevaban aproximadamente trabajando, hasta ahora resulta que faltaban mucho a sus labores y eran problemáticos?

Dice Juan Segoviano, director de Protección Civil, y Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato, que ya no van a tolerar la indisciplina, pero curiosamente los elementos dados de baja son aquellos que hicieron públicas las carencias de la corporación. Y es que ya habían despedido en enero a otros elementos que de igual manera fueron parte de la propuesta pacífica.

Desde el año pasado los elementos trabajaron bajo protesta y pidieron un mejor equipo pues ni ambulancia en buenas condiciones tenían. Dicen por ahí que todavía están investigando a otros elementos por faltas cometidas.

 

Primera discusión en el Cabildo

 

Se ve que los miembros del Ayuntamiento de Celaya desde hace ya varios días tenían ganas de decirse “sus verdades”. Y ya aprovecharon que estaban en sesión para exhibir en público sus diferencias. Varias verdades y bajezas salieron a la luz.

El hecho de que el regidor del Partido Verde, Juan Carlos Oliveros, expusiera que entre presuntas irregularidades establecieron al nuevo Consejo de Jumapa, detonó en una discusión que al paso de los minutos subió de tono. El morenista Agustín Pineda, que nunca ha defendido ninguna postura de la bancada de Morena, sacó el pecho por las acciones de los panistas e intentó censurar a su compañero del Verde con el argumento de que las observaciones las tenía que hacer en comisiones, que por cierto, son secretas. A él se unió otro que ya se ve que defenderá al panismo, el priista Ezequiel Mancera.

Oliveros respondió que no habría necesidad de discusiones como la que estaban teniendo si las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento se hicieran públicas, pero el fiel escudero de la alcaldesa, Elvira Paniagua, Jorge Armengol, salió en defensa de la opacidad con la ley en la mano, claro a su conveniencia. Aunque hizo mención de artículos de la Ley de Transparencia, no dijo que se pueden hacer a puerta cerrada por excepción, en casos específicos y contados, y no la generalidad.

La independiente regidora Salud García exhibió que la panista llegó tarde a la Comisión respectiva y aunque el asunto ya había sido votado, se le dio la oportunidad de votar. Posteriormente pidió un punto de acuerdo para hacer públicos los dictámenes, y aunque el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arias, dijo que argumentaría legalmente, no lo hizo y se limitó a decir que “no era conveniente”.

Bueno, los panistas defendieron hasta las reuniones de precabildo que se realizan en la clandestinidad y a espaldas de la ciudadanía. Hasta el viaje del secretario de Seguridad, Juan José González, a Punta Cana en República Dominicana, salió en la alegata, mientras él sólo miraba cómo las críticas le llovían.

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