El Gobierno Federal notificó a los gobiernos estatales la conclusión del Seguro Popular en Prospera.
El secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el panista leonés Éctor Jaime Ramírez Barba, en entrevista estimó que esa medida pudiera representar una reducción de alrededor de 200 millones de pesos en el financiamiento de recursos federales del Seguro Popular sólo para Prospera, que anualmente eran operados por la Secretaría de Salud del Estado.
“El componente de Salud de Prospera, que es dinero, ya no va a llegar. Significa un boquete de 200 millones que puede significar médicos, enfermeras, medicamentos, eso es financiero; y luego ¿quién les va a dar el servicio ahora?, ¿también se lo van a quitar al IMSS y al ISSSTE?”, cuestionó.
Derechohabientes
En Guanajuato el programa Prospera tiene un padrón de cerca de 281 mil familias. De ese aproximado de un millón de personas el legislador estimó que 800 mil se atienden a través del Seguro Popular, el resto por IMSS y el ISSSTE, pero todas las instituciones recibían dinero para atenderlos.
El resto de la asignación de recursos para el Seguro Popular no ha sufrido hasta el momento modificaciones.
Cada año Guanajuato recibe alrededor de cuatro mil millones para el Seguro Popular, que el Estado invierte en equipamiento, medicinas, personal, todo lo necesario para prestar el servicio.
¿Y el Seguro Popular?
En un oficio firmado por la comisionada nacional del Seguro Popular, Angélica Ivonne Cisneros Luján, se informa al secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, que de conformidad con la sesión del Comité Técnico del programa Prospera del Programa de Inclusión Social se acordó la conclusión del programa, cuyas reglas de operación terminaron su vigencia en diciembre.
La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó a la Comisionada Nacional del Seguro Popular para que informe de los cambios al Programa Prospera y los servicios que presta para la salud.
Por último Ramírez Barba advirtió una intención de concentrar desde la Federación todos los recursos del sector Salud, lo que implica el control de los hospitales, personal, compras, y dejar al Estado sin funciones.
“¿Qué va a pasar con el Seguro Popular? Este es un primer paso objetivo de su desmantelamiento, que le cambien de nombre si quieren pero que no lo quiten”, concluyó el médico y político leonés.
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