Ciudad de México.- Aún con la estrategia implementada por el Gobierno federal en contra del robo de combustible y el cierre de ductos, en enero los piquetes a la red de Pemex aumentaron en un 49%, principalmente en Hidalgo, de acuerdo con cifras oficiales.
Enero sumó mil 565 tomas clandestinas, 49% más que las reportadas en enero de 2018 cuando se registraron mil 46.
Hidalgo lidera este año la lista en cuanto a la actividad de los huachicoleros con 508 tomas clandestinas, seguido del Edomex con 169 tomas clandestinas; Puebla, con 156; Guanajuato, 147; Tamaulipas, 140 y Veracruz, con 126.
Los ductos que atraviesan por Tula, Hidalgo, concentraron el mayor número de piquetes de todo el sistema de distribución de combustibles de Pemex.
Ese municipio, encabezado por el priísta Ismael Gadoth Tapia Benítez, pasó de registrar apenas 15 tomas clandestinas en enero de 2018 a 167 en enero pasado, lo que representa un aumento del mil 13%.
Después de Tula, el segundo municipio con más piquetes a ductos de Pemex es Cuautepec de Hinojosa, también en Hidalgo, que encabeza la priísta Haydeé García Acosta, con 102 tomas ilegales, cifra 126% más que en enero de 2018.
Confunden al Ejército
Hace una semana elementos del Ejército fueron retenidos varias horas por pobladores de la comunidad de Ulapa, en el municipio de Tetepango, en Hidalgo.
Ese día alrededor de las 20 horas, los militares dispararon contra campesinos, a quienes presuntamente confundieron con huachicoleros.
Sin embargo, otras versiones señalan que se trató un enfrentamiento entre los uniformados y los civiles.
En enero otros tres militares fueron golpeados y retenidos por pobladores de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en Tula, tras realizar un operativo en contra del robo de combustible en ese Municipio.
De acuerdo con reportes, los vecinos amenazaron con linchar a los soldados porque supuestamente ocasionaron la muerte de una persona y graves lesiones a otra durante una persecución de presuntos huachicoleros.
La Policía Investigadora de la Procuraduría de Hidalgo están en la mira de las autoridades federales por su presunta protección a un grupo criminal de huachicoleros.