El siguiente paso
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo trabaja en base a las ideas que presentó en un “Decálogo por la Seguridad”, pero debe apurar el Programa Estatal de Seguridad y el de Prevención de la Violencia.
La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública es clara en su Capítulo III artículo 29.
“El Ejecutivo del Estado aprobará el Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual deberá contener las medidas, objetivos y metas para el mantenimiento del orden público, la paz social, y, en general, la salvaguarda de la integridad física y de los bienes y derechos de las personas y el auxilio a la población en caso de siniestro y desastre”.
Pero todavía no han salido a la luz pública ninguno de esos dos programas claves para el sexenio.
Los 10 ejes del proyecto de Seguridad son: reorientar el gasto público; reforma de leyes; Consejo Estatal de Seguridad; policías más equipadas y capacitadas; preparatorias militarizadas; tecnología e inteligencia; justicia cívica; coordinación con todos los órdenes de gobierno; asegurar el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos y la reconstrucción del tejido social; así como Ministerios Públicos eficientes y especializados y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El Consejo Estatal de Seguridad tiene entre sus atribuciones someter esos programas a la aprobación del titular del Ejecutivo para su expedición. Lo que hasta la fecha han abordado en sus reuniones privadas es ese decálogo, y avanzado en algunas muy importantes como la creación del Fondo de Fortalecimiento Policial con 200 millones de pesos para este año para respaldar a los 46 municipios.
Ahí están sentados: Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad, Fiscal General, Comandante de la XVI Zona Militar, Delegado de la FGR, Delegado de la Policía Federal, Presidenta del Poder Judicial, representante del Congreso del Estado, Delegado del CISEN, Procurador de Derechos Humanos, los 46 alcaldes, y el secretario técnico que es Marco Antonio Sánchez Aparicio.
Y 10 ciudadanos invitados: Alfonso Poiré, Ismael Pérez, Pedro Vázquez, Salvador Cayón, Jorge Ramírez, José Arturo Sánchez, Eduardo Gómez, Laura Torres, Raúl Márquez y Agustín González.
En el Programa de Gobierno 2018-2024 se establece como primer eje “Seguridad y Paz Social”. Ahí se incluyen varias acciones como: Fondo de operación de apoyo al trabajo de las ONG´s en la prevención del delito; desarrollar y operar el Sistema Estatal de Evaluación, Seguimiento y Estadística Criminológica; aumentar el estado de fuerza y dignificar la función de las distintas corporaciones.
También la creación de un modelo de policía de gestión; nuevas divisiones de las FSPE (Policía Rural, Policía Turística, Policía Canina, y Policías para atender la violencia de género); consolidar los sistemas de emergencia 911, 075 y la denuncia anónima 089; instalar más arcos carreteros en los accesos y cámaras de lectura de placas en las patrullas; y las seis bases de operación que dijo Diego, además del Instituto de Formación Policial que habrá de ubicarse en el merito Santa Rosa de Lima.
Hay un avance en los objetivos, estrategia y acciones. Faltan metas e indicadores para esos planes.
El Programa de Gobierno no incluye, por ser autónoma, las metas y acciones de la Fiscalía General.
Al preguntar sobre los planes de Seguridad recibimos el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 2014-2018, pues se está en proceso de actualización para su publicación. Y hacen énfasis en la presentación del 20 de noviembre que hizo Diego de la “Estrategia 2018-2024”.
“Lo que estamos proponiendo es un cambio de estrategia, es construir la seguridad pública de abajo hacia arriba; de lo local hacia lo estatal, le estamos apostando a fortalecer, como nunca antes, a nuestros municipios”, dijo Diego en su mensaje como el espíritu central de su estrategia de Seguridad.
Eso es ya un cambio importante frente al modelo de Mando Único que debilitó a las policías locales.
Ya habíamos dado cuenta también en am que los ayuntamientos tampoco tenían aprobados sus Programas Municipal de Seguridad Pública para el trienio, con contadas excepciones, entre ellas León.
El Gobernador; el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala; el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana, Sophia Huett; y el flamante Consejo Estatal de Seguridad, tienen mucha tarea para concretar el “golpe de timón”.
En su arranque Diego muestra determinación en tomar el “toro por los cuernos”. Lo que ahora le toca demostrar es que la promesa de campaña del “golpe de timón” es más que el nombre que se le dio a un operativo en Santa Rosa de Lima, Villagrán, y es verdaderamente un plan sexenal que va a fondo.
Derechos Humanos, balance del año 25
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado presentó su Informe XXV al Congreso Local.
Toca ahora a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso revisar el documento, enviar preguntas de las dudas y, si así lo deciden, invitar al Procurador a una reunión.
En su mensaje al entregar el documento a los legisladores el ombudsperson, José Raúl Montero de Alba, informó que en 2018 se iniciaron 924 expedientes de queja y se emitieron 424 recomendaciones.
El Procurador con dos años en el cargo celebró una disminución del 25.9 por ciento de las quejas en contra de las corporaciones policiacas municipales, las cuales pasaron de 308 un año anterior a 228. Lo atribuyó a la tarea de capacitación y sensibilización sobre el respeto a la dignidad humana.
También destacó una reducción de 61% en las quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al pasar de 44 a 17. Lo mismo en la Secretaría de Educación que bajaron de 82 a 48.
Lo que no dijo en sus palabras en el Congreso, pero que sí está en el documento, es el repunte en el número de recomendaciones a dos instancias: la Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía) y a Salud.
Para la PGJE hay un repunte en el número de quejas los últimos tres años: 183, 191 y 211 en el 2018.
En las recomendaciones emitidas en contra de la dependencia pasaron de 50 a 72 de un año a otro. Las principales causas son violación del derecho de la integridad física y del derecho de acceso a la justicia.
Las investigaciones en contra la PGJE (hoy Fiscalía), están lejos de los picos más altos de hace 10 años, cuando sumaron 279 quejas y 127 recomendaciones, aún así no debe pasarse por alto el repunte del último año y será conveniente “un clavado más a fondo” a las causas y sus explicaciones.
El documento incluye datos estadísticos que ameritan una revisión más allá de citarlos como contexto. La PGJE inició 116 mil indagatorias de presuntos hechos delictivos, pero es materia de Derechos Humanos ir más allá para conocer el fin de todas esas denuncias y abonar al combate de la impunidad.
En la tasa de agencias del ministerio público Guanajuato registra 1.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 3.3, aunque en la tasa de agentes de los M.P estamos ligeramente arriba que lo nacional, 8.8 frente a 8.4 por cada 100 habitantes, según el INEGI.
No obstante la carga de trabajo por agente o fiscal en el estado de Guanajuato alcanza un promedio de 292 carpetas de investigación frente el promedio nacional es de 251. Un dato para preocupar.
La justicia como derecho humano es más que la atención a las quejas que llegan a la PDHEG. El Ombudsperson y el Congreso Local tienen la tarea de fijar indicadores y medir a la Fiscalía General.
En el rubro de la Salud Pública llama la atención que si bien las quejas bajaron de 51 a 49, en las recomendaciones hay un notorio incremento al pasar de 38 pronunciamientos de responsabilidad por violación a derechos humanos en 2017 a 63 expedientes en el 2018 (las dos principales hechos son 21 por violación del derecho a la protección de la salud y 12 por violencia obstétrica).
La Secretaría de Salud que encabeza el médico Daniel Díaz las aceptó todas y las atiende.
Otro indicador en el que deben prestar atención nuestros legisladores (si se ponen a leer) es que en 2018 se recibieron 924 quejas, que son 110 quejas menos que el promedio anual en los últimos 10 años. El Informe dice que uno de los factores que pudo abonar a la presentación de menos quejas puede ser la intensificación de este organismo en mecanismos de prevención sobre posibles violaciones a derechos.
Sin duda es alentador que pueda haber una mayor cultura de respeto a los derechos humanos por parte de todas las autoridades, pero también se espera que haya cada vez mayor conciencia de los ciudadanos sobre la vulneración de sus derechos, así que menos quejas puede o no ser un indicador positivo. Ojo.
Una de las fortalezas es sin duda la Red Interinstitucional de Derechos Humanos que integran a 326 instituciones de la sociedad civil, hay que apuntalar ese trabajo en beneficio de los más vulnerables.
Por último informan que tienen listo el ombudsmóvil para ir a los 46 municipios. Ya se tardaron…
La Comisión que debe de revisar el Informe la preside Claudia Silva Campos (PRD), secretaria Katya Soto (PAN), y los vocales: Josefina Salas (Morena), Laura Márquez (PAN) y Libia García (PAN).
México Libre, adelante
En Guanajuato la asociación México Libre, que encabeza Margarita Zavala, ya se organiza para contribuir con la suma de simpatizantes que requieren para convertirse en nuevo partido político.
La expanista Ariadna Enríquez Vanderkam coordina el esfuerzo para celebrar asambleas distritales al menos en ocho de los 15 distritos federales que hay en Guanajuato. En cada una deben reunir al menos 300 personas. Habrá cuatro en León, dos en Irapuato, una en Celaya y otra más en Guanajuato Capital.
La primera asamblea estatal ya tiene fecha, es este próximo domingo 28 de abril en el distrito 03, uno de los más panistas del país. Además se tratará de la segunda de México Libre a nivel nacional, la primera está programada para el sábado 27 de abril en la delegación Benito Juárez de la CDMX.
Es probable la asistencia de Margarita Zavala el domingo 28 en León, pero aún no está confirmada.
No hay una desbandada de panistas con Margarita en Guanajuato. El padrón panista casi no se mueve en los últimos años, ni a la baja ni a la alza, recién se abrió, luego de cinco años, la afiliación.
En Guanajuato resalta sólo el nombre de dos expanistas: la celayense Lupita Suárez Ponce (excolaboradora de Margarita) y la capitalina Ruth Lugo Martínez, quien en 2018 compitió por el PRI por la Alcaldía.
La apuesta en la que confía Ariadna es la de convencer a ciudadanos que vale la pena una nueva opción política porque los partidos son hoy sólo grupos de interés que no representan las causas ciudadanas. México Libre es de centro-derecha con los principios de proteger el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, la propiedad privada y la libre empresa, desarrollo sustentable y el combate a la corrupción.
La ex Primera Dama de México y su equipo tienen hasta enero de 2020 para completar las 200 asambleas distritales y los 233 mil 945 registros de ciudadanos que digan que sí se suman a su partido.
El INE recibió 102 solicitudes para crear nuevos partidos a nivel nacional. Veremos quiénes lo logran.
En Guanajuato el IEEG recibió dos solicitudes de asociaciones que aspiran a crear un partido local, una es “Renovemos Guanajuato Ciudadanos Libres”, por Jorge Solís Estrada, y la otra “Fomento al Sentido Común para el Desarrollo”, de Juan Francisco Torres Landa Rufo. De ninguna se sabe de avances.