La espera, desespera
Al Gobierno de Guanajuato se le termina el plazo de salvar el apoyo para Prospera Salud.
El miércoles de Semana Santa jugaron su última carta al enviar el secretario estatal de Finanzas, Héctor Salgado Banda, un oficio tanto al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, y al secretario de Salud Federal, doctor Jorge Alcocer Varela, en el que les piden recuperar esos 180 millones de pesos al año que aterrizaban para atender a un millón de guanajuatenses de los más pobres.
El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo había hecho intentos y uno de ellos fue declarar a los cuatro vientos que si el pasado 15 de abril el recurso no llegaba, tendría que darle “las gracias” a 400 médicos, enfermeras y personal que atiende esa red de centros de salud y unidades móviles que están en localidades alejadas y marginadas de Guanajuato.
La esperanza era que el asunto se pudiera arreglar con la visita que hizo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, al Encuentro de Líderes en Salud que se celebró el 5 de abril en el Poliforum León. Pero ese día no pasó nada. Se dijo que habría mesas de trabajo para revisarlo.
Aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron recursos para Prospera Salud, en el arranque de año ese programa fue eliminado para destinarlo a “Becas Benito Juárez”.
Diego asegura que por lo pronto no habrá despidos, que están aguantado en espera de una solución.
Lo malo es que si no llega este mes dinero de la Federación, habrá que tomar una decisión: despedir al personal y obligar a que los beneficiarios acudan a atención al centro más cercano, o mantener el programa con recursos del Gobierno del Estado, que parece ser que eso pasará.
De ese problemón sin salida el delegado federal de Programas de Desarrollo, Mauricio Hernández Núñez, no dice algo. Lo que difunde en su cuenta de Twitter es que las becas para el nivel bachillerato se están entregando. El 12 de abril encabezó con ese fin eventos en Salamanca, Irapuato y León.
Pero Prospera Salud no es la preocupación mayor para Sinhue, la incógnita es lo que pueda pasar con el futuro del Seguro Popular que AMLO ya anunció que se transformará. El objetivo nadie se lo puede reprochar: que mejore la cobertura y la calidad de la atención. El asunto es que no aclaran cómo lo harán y se advierte el riesgo de pretender centralizar el Sistema de Salud.
Al menos por este año Guanajuato tiene garantizados cuatro mil millones de pesos para el Seguro Popular. El siguiente nadie sabe, nadie supo, de qué se trata lo que llaman el Instituto de Salud para el Bienestar.
Lo que sí es que Diego aseguró que dará la batalla para no perder facultades y recursos en este rubro.
Para cerrar los golpes a la salud de los guanajuatenses está el tema de los anti-retrovirales para enfermos con VIH-SIDA que la Secretaría de Salud del Estado asegura que no alcanzarán los que tienen para más de tres semanas. Y ahí sí no pueden hacer nada, pues las compras las hace directamente el Gobierno Federal.
De siete millones de pesos al mes en medicamento, el Estado argumenta que sólo ha recibido este año nueve millones.
La respuesta de Salud Federal fue un comunicado para asegurar que los medicamentos adquiridos por licitación se encuentran cubiertos hasta principios de junio próximo. Y está en curso el proceso de compra.
El desconcierto también se dio en la suspensión de las pruebas de tamiz en recién nacidos, ooootra vez. El pretexto ahora es que se ajustan los procesos de contratación. Afortunadamente el Estado tuvo recursos para no detener el programa.
Hospitales sin acreditar
El secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, estuvo también el miércoles en la Ciudad de México con el director de Calidad y Educación en Salud, Sebastián García Saiso, a quien le compete ver el tema de la acreditación de las unidades de salud.
La preocupación de Daniel Díaz es que los hospitales, General de León y Las Joyas; los de Irapuato y Valle de Santiago, no fueron acreditados este año, y eso significa que no hay presupuesto del Seguro Popular para su operación, la cual debe sostenerse solamente con recursos de los guanajuatenses.
Eso preocupa a la Secretaría de Guanajuato pues el hospital de León requiere de mil 100 millones de pesos al año, y el de Irapuato de 500 millones, así que pronto podemos acabarnos nuestros recursos.
En ese tema el Estado no ha hecho olas, aunque aseguran que esa falta de acreditación no tiene que ver con una baja en la calidad de los servicios (sino al cambio de reglas y poner como criterios mayores por ejemplo la certificación de los médicos, y otras); resultará útil transparentar las razones y corregir.
Lo bueno es que Daniel sí encontró una buena respuesta, los evaluadores regresarán en mayo a estos hospitales esperando que ahora sí puedan ser acreditados y recibir ese presupuesto federal.
No queremos que nos regalen nada, sólo que nos permitan ser evaluados lo antes posible para que demostremos que tenemos las condiciones de prestar el servicio conforme a las disposiciones administrativas del Seguro Popular, señaló.
De manera histórica Guanajuato ha tenido acreditadas más del 98% de sus unidades, hoy es el 93%.
Daniel le externó su preocupación por Prospera Salud y el futuro del Seguro Popular, pero la realidad es que no está en la cancha de ese funcionario federal, sino de más arriba, donde no hay respuestas.
Los pendientes de casa
Muy bien exigir al Gobierno Federal cuentas en Salud. Pero…
Un asunto que está en la cancha del Estado es poner a operar el nuevo Hospital de León porque nada más nos traen con que “ya merito”, y no se tiene hoy una fecha concreta. La última promesa la hizo el Secretario en la Glosa del Informe, y es que sería a más tardar en junio.
Dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho, y en este caso ya pasaron cuatro años desde que el 10 de marzo de 2015 el entonces gobernador Miguel Márquez Márquez aprovechó un post-informe en el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío para anunciar el proyecto, cuya obra arrancó en mayo de 2016.
Cuando lo abran el Estado tendrá otra chamba, la de aprovechar las instalaciones del actual Hospital para poner a operar el Centro de Trauma, compromiso que hizo el Secretario de manera pública.
El asunto es que hay que meterle una millonada para acondicionar el inmueble que ya tiene sus añitos, equiparlo, y sobre todo el costo de operación anual, para lo que necesitan del incierto Seguro Popular.
Pero quizá el gran tema de Salud Pública para este sexenio es el de las adicciones. El Gobernador prometió una intensa campaña de prevención y mayores espacios para la rehabilitación.
En la presentación del Programa de Gobierno 2018-2024 anunció la creación de un Centro Estatal Contra las Adicciones en donde se tratará cualquier tipo de adicción, pero hasta ahora ninguna autoridad ha salido a explicar con certeza qué es lo que pretenden.
Los datos del crecimiento del narcomenudeo en Guanajuato y en León en particular, son de miedo, lo que evidencia el alto consumo de drogas y lo que eso significa como problema de Salud Pública, y sus consecuencias en la inseguridad y en la violencia por el control del millonario mercado.
El problema es complejo e involucra a varias autoridades. Lo cierto es que no se hace lo suficiente.
Obras, en las mismas
Los grandes proyectos de infraestructura para Guanajuato también están en “veremos”.
Las siete grandes obras del sexenio Diego las puso directamente en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado en espera del apoyo federal.
En el más costoso, que es la añorada autopista Silao-San Miguel de Allende, no piden que la Federación la haga, sino por el contrario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal les entregue el derecho de vía que ya había sido liberado para el trazo original (suspendida por un Juez Federal cuando se licitaba, por la inconformidad de comunidades indígenas), y que sea el Gobierno del Estado el que construya la vía bajo el esquema que explore más viable.
Les dijeron que sí y el contrato está desde diciembre en espera de las firmas de los funcionarios.
Ya está revisado y listo para la firma, hay toda la disposición, buen ánimo, y esperamos, fue lo que nos dijo sobre ese proyecto esta semana el secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado, Tarcisio Rodríguez Martínez.
Otro proyecto urgente es la ampliación de la carretera Silao-San Felipe (una vía clave en la logística de mercancías hacia la frontera). Y en la misma espera están: los puentes Morelos-La Luz y Morelos-Téllez Cruces, en León; el paso deprimido del Cuarto Cinturón Vial, en Irapuato; la ampliación del Libramiento Empalme Escobedo, en Comonfort; y la ampliación de la carretera Salvatierra-Acámbaro.
Además hay otros 14 proyectos claves que se quieren ejecutar en 2019 y están en concurso de las bolsas federales. Entre esos están: paso superior de Morelos-Talabarteros, en León; la reconstrucción de la carretera León-Santa Rosa-Manuel Doblado; y la reconstrucción de carreteras y ramales viales en Dolores Hidalgo, Irapuato, Jerécuaro, Coroneo, Salvatierra, San José Iturbide, Silao y Valle de Santiago.
El Secretario espera en dos meses más tener noticias sobre las obras que concursaron. Paciencia Solín.
Hoy por hoy lo que hay es el Programa de Infraestructura 2019 que presentó el titular de Sicom con un presupuesto de alrededor de mil 200 millones de pesos estatales, que no alcanza para las grandes obras.
Se incluye sobre todo la inversión para el mantenimiento de la red carretera, construcción y conservación de puentes, caminos rurales, ciclovías y algunas obras sociales, educativas y deportivas.
El funcionario asegura que, entre lo contratado y en proceso de licitación, están por ejercer 700 millones de pesos.
El pasado martes, en una gira por Romita, el Gobernador bromeó pidiéndoles encomendarse a la Virgen de Guadalupe para que pudieran aterrizar los recursos para obras, lo que se interpretó como un mensaje velado de que, al menos para este año, no esperen que el Estado los respalde como lo requieren.
En otro evento de firma de convenios para obras de infraestructura básica de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado con los 46 municipios, Diego les aseguró que al menos en el recurso estatal la instrucción que tiene su equipo es que “no me le entretengan los recursos a los alcaldes”.
En el caso de León, por ejemplo, la Vía Rápida del Bicentenario (bulevar Morelos) no tiene recurso amarrado. Y otra obra importante que ocupará de recursos millonarios es el distribuidor vial en el entronque de la carretera 45 con Comanjilla, que es una zona de gran tráfico y de altísimo riesgo para los automovilistas y peatones. Por ahí se estima que pasan diariamente 120 mil autos, además de ser una conexión al Eje León-Silao.
La realidad es que Diego tendrá que sacar un plan emergente para construir obra pública a lo largo y ancho de toda la entidad, pues el riesgo de no hacerlo para la economía local es muy alto. Y él ya barajó la salida: aprovechar el fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado para proyectos rentables, sin riesgo; y la capacidad que tiene el Estado para adquirir deuda productiva.