El 30 de junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 32/2 Protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En ella, el Consejo afirma su compromiso con los derechos humanos de todas las personas y “deplora profundamente los actos de violencia y discriminación que, en todas las regiones del mundo, se cometen contra personas por su orientación sexual o identidad de género”.
Pero lo más relevante de esta resolución es que, con motivo de trabajar contra esa violencia y discriminación, se nombra a un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (OSIG) por un periodo de tres años. La figura de Experto Independiente no es extraordinaria ni ajena en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, como esta, hay otros llamados “mecanismos especiales de protección”, por ejemplo, para la discriminación y violencia contra las mujeres, sobre empresas y derechos humanos, contra la desaparición forzada de personas, o contra la detención arbitraria, por mencionar a algunos.
Como lo dispone la resolución, el mandato existía solamente por tres años, por lo que concluiría el 30 de junio de 2019. A pesar de la reticencia de algunos Estados y de grupos que están en contra de visibilizar la discriminación por OSIG, el pasado 12 de julio fue renovado este mandato, con tres votos más que cuando se creó.
La importancia de la existencia de un Experto Independiente en Discriminación y Violencia por OSIG radica en que hoy en día todavía 70 de 193 países miembro de la ONU criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. En muchos países, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex, son discriminadas, violentadas o incluso torturadas solo por su orientación sexual, identidad de género o características sexuales, por ser quiénes son y amar a quienes aman.
Si se parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma que “todos nacemos iguales en dignidad y derechos”, estos actos son intolerables en cualquier Estado que aspire a ser democrático. El mandato del Experto Independiente no es mas que una herramienta para impulsar la aplicación de los tratados de derechos humanos existentes para las personas LGBTI porque, lamentablemente, no son aplicados en la actualidad de forma efectiva para esta población.
Durante los primeros tres años con esta figura de experto independiente se han emitido cinco informes de actividades y también temáticos. En ellos, se han expuesto los patrones de violencia y discriminación por OSIG en varias partes del mundo, se han hecho recomendaciones a los Estados, por ejemplo, sobre descriminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, erradicar las detenciones arbitrarias por OSIG y garantizar el acceso al reconocimiento de la identidad de género de personas trans por vías administrativas.
En estos reportes se han identificado también buenas prácticas en materia de derechos humanos para las personas LGBTI, entre ellas, destaca por ejemplo el procedimiento administrativo de reconocimiento legal de identidad de género en Argentina y Uruguay, o la ley de cupo laboral trans en Buenos Aires. En el último reporte del Experto Víctor Madrigal Borloz, se hace incluso referencia a Visible, la herramienta creada por Amicus para denunciar actos de discriminación o violencia por OSIG.
Desde Amicus aplaudimos la renovación del mandato e invitamos a quienes nos leen a consultar los insumos de este Experto Independiente, ya sea por curiosidad para conocer más sobre el tema, por un interés en conocer el contexto actual, para incidir en los espacios en que tengan oportunidad, o para el fin que prefieran. Puede obtener más información en https://www.ohchr.org/en/issues/sexualorientationgender/Pages/Index.aspx
Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”
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