La estrategia en la lucha contra la violencia propuesta por el Gobierno bajo la premisa de atacar sus causas (imaginarias) y no frontalmente tendrá consecuencias graves para el país.
Si el diagnóstico equivocado persiste podríamos llegar a un Estado fallido, donde los errores marcarán la época más negra desde la Revolución.
Atacar la pobreza y la desigualdad como causas fundamentales de la violencia no se sostiene en los hechos, las estadísticas, ni en nuestra historia. Menos si hacemos comparaciones internacionales con otros países.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNDOC por sus siglas en inglés), la tasa de criminalidad en México llegó a 24.8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2017. En 2019 podríamos llegar a 30, una cifra que sólo superan países en desgracia política, económica y social como Venezuela o con largo historial de violencia como Brasil, Honduras y El Salvador.
En África también hay países más pobres, subdesarrollados y desiguales que México y viven con mayor paz. Kenia, Marruecos, Egipto y Gana serían una muestra.
La India es un ejemplo de que no es la pobreza y la desigualdad el origen de la criminalidad. Ahí donde cada habitante apenas tiene la quinta parte del ingreso que en México; ahí donde hay castas y concentración extrema de la riqueza y una pobreza lacerante, la criminalidad es la décima parte con 3.22 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
En Latinoamérica, Perú y Paraguay registran la cuarta parte de la criminalidad que presenta nuestro país, no obstante son más pobres y tienen marcada desigualdad.
Los datos históricos son demoledores. Al final del sexenio de Vicente Fox la criminalidad era la quinta parte de lo que será en 2019. Hoy no somos más desiguales ni más pobres que en el último año de Fox.
La escalada de violencia comenzó en el sexenio de Felipe Calderón. Tal vez su error fue no tener la información precisa del problema y su estrategia apresurada no funcionó. El propio Fox fue un crítico del método que siguió su sucesor.
Con Enrique Peña Nieto bajó al principio pero terminó peor en 2018. La corrupción del sexenio devoró todo y elevó la impunidad en el narcotráfico, robo de combustibles y la brutalidad en asaltos a ciudadanos y empresas.
La nueva administración pierde el sentido de la realidad cuando se predican abrazos y no balazos contra el crimen, cuando se distorsiona todo el valor del Estado y nuestras leyes en una tolerancia inexplicable.
La sugerencia de los expertos es invertir mucho más en seguridad pública. Pasar del 1% del PIB al 2 o el 3, es decir duplicarlo o triplicarlo en un acompañamiento de todas las corporaciones. Ir contra los capos no es suficiente ante una hidra que crece. El tema es ir a la raíz. Sí, atacar la pobreza, la desigualdad pero al mismo tiempo procurar orden y justicia con todas las armas que da la ley al Gobierno.
Si el Estado renuncia a su potestad dejará a la deriva al país. Ninguna nación puede subsistir sin la acción decidida y contundente de sus instituciones de seguridad y justicia. Además, lo que se desea combatir, la desigualdad y la pobreza, sólo aumentarán al paso del tiempo por el estancamiento económico y la fuga de capitales; lo peor, la salida de profesionales con alta preparación que prefiere vivir en paz en otros países.