Nada debilita más a una democracia que judicializar procesos electorales. Definir elecciones en las cortes y no en las urnas atenta contra la esencia de la democracia, contra la voluntad del pueblo, y subraya la sumisión de un poder teóricamente autónomo, el Judicial, a la voluntad del Ejecutivo.
Nunca antes vimos tantas acusaciones contra candidatos como las hay en esta elección. La insolente acusación del Presidente contra los candidatos que superan a la suya para la gubernatura de Nuevo León es el caso más perturbador. ¿Por qué hacerlo cuando las preferencias por Clara Luz están tan lejos de las del candidato de Movimiento Ciudadano que encabeza las encuestas? ¿Piensa arrebatar la elección en la Corte, o busca sólo debilitar a quien será electo gobernador del estado? ¿Hay elementos reales para una investigación judicial o fabrican cargos ficticios como se ha hecho antes?
Rebajar la contienda a revolcarse en el lodo legal desalienta la participación de los electores en dos sentidos. Primero, hace difícil el apoyo entusiasta a candidatos sobre cuyo pasado se introduce la sospecha; segundo, inserta el riesgo de que el candidato triunfador sea depuesto por la vía legal. Pelear sucio hace que el elector asuma que todos los candidatos están manchados y que es mejor no votar. Eso ocurrió en la elección pasada. El gobierno de Peña Nieto inventó acusaciones graves contra Ricardo Anaya, el candidato del PAN que iba en segundo lugar, y logró descarrilarlo. Dejando de lado la versión sobre un acuerdo entre Peña y AMLO que me es imposible confirmar, especulo que el objetivo era que la campaña de Meade se beneficiara de quienes desertaran del bando de Anaya. Eso no ocurrió. Finalmente, el grueso de esos electores no votó o apoyaron a López Obrador. La campaña de Meade nunca logró tracción y la ventaja de Morena se volvió irremontable.
¿Hubiera ganado Anaya sin la guerra sucia de Peña? Es difícil afirmarlo, a pesar de que la acusación ocurrió cuando la campaña de Anaya empezaba a repuntar. Pero, con certeza, Morena no habría logrado -por mucho- la abrumadora mayoría legislativa que tanto daño ha causado. Probablemente, las legislaturas estatales también habrían tenido una composición radicalmente distinta. El artero ataque a Anaya provocó baja participación electoral en los estados al norte de la Ciudad de México, mientras que ésta crecía en los estados del sur. Si las participaciones a nivel nacional hubieran sido las de la elección previa, el resultado hubiera sido dramáticamente distinto.
Cabe señalar que el caso contra Anaya fue totalmente desechado pasada la elección. La PGR lo exoneró por completo y el Tribunal Electoral castigó a los funcionarios involucrados en la trampa. Pero el daño estaba hecho. Muchos incluso mantienen la culpa de Anaya, sin fundamento alguno.
Hoy corroboramos que la Fiscalía es todo menos independiente y que está a las órdenes del Presidente. Hemos comprobado también que la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido un sicario eficiente quitando del camino a funcionarios incómodos, o amedrentando a mexicanos ejemplares como el juez Juan Gómez Fierro que ha hecho su trabajo con valor e integridad, a pesar de tener a la fuerza del Estado en su contra.
Morena demuestra otra vez una carencia total de propuestas que vayan más allá de repartir dinero y comprar lealtades. No tiene logros que mostrar, ni políticas públicas que puedan ganarle adeptos. Acumula fracasos históricos en temas de seguridad, economía y salud. Hemos visto dos años y medio de impunidad, autoritarismo, falta de transparencia y destrucción sin precedente. Su mayor logro ha sido dividir a los mexicanos, polarizar opiniones, fomentar odios y fabricar enemigos que unan a su base.
Es crucial votar el 6 de junio, y es vital considerar el voto útil. La prioridad es parar la devastación a la que nos han sometido López Obrador y Morena. No me quiero ni imaginar lo que haría, y desharía, AMLO con un renovado “mandato”. La “venezuelización” de México sí es posible, pero ese día podemos frenarla.