Hay un gran desconcierto, entre muchos investigadores, por la situación entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (https://conacyt.mx) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT A.C.) (https://www.foroconsultivo.org.mx). La situación es preocupante pues, a partir de la información pública disponible, esta situación tiene varias interpretaciones posibles, que van desde una simple confusión inicial lamentable pero involuntaria, hasta un caso de franca corrupción. Todo esto es doblemente preocupante pues algunos científicos ven que la importancia, valoración e imagen social de su labor ha disminuido en una sociedad que requiere precisamente lo contrario, es decir, la valoración del trabajo científico y su importancia para el desarrollo nacional, así como la honesta participación y compromiso de los científicos con nuestro país y los problemas nacionales.
Artículos periodísticos, escritos por ex coordinadores de dicho Foro, FCCyT A.C., han señalado con detalle la útil y digna labor de este Foro en favor de la vida científica nacional (e.g. El Universal 02/08/2019) señalando por ejemplo que:
“Las acciones y los documentos que el FCCyT ha desarrollado y dan cuenta de la importancia y pertinencia de contar con un órgano autónomo, crítico y permanente de consulta”.
Sin embargo, a pesar de esto se estableció un proceso jurídico entre el FCCyT A.C. y el Conacyt, iniciado por el FCCyT, A.C., demandando al CONACYT la entrega de fondos para su operación. Ante la falta de acuerdos entre las partes este proceso jurídico finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN). La resolución de la Corte establece, por unanimidad, la decisión del Conacyt para no otorgar recursos públicos al FCCyT, A.C. señalando específicamente lo siguiente:
i) La resolución esclarece la naturaleza del FCCyT como órgano interno del Conacyt distinto de la asociación civil privada demandante.
ii) La SCJN consideró que no es posible que una entidad privada se arrogue funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público.
iii) Las autoridades competentes deslindarán las responsabilidades administrativas o penales a las que haya lugar.
El artículo cuarto de la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en el año 2002 contempla en su sección quinta, la figura de un “Foro Consultivo Científico y Tecnológico”, al que en lo sucesivo nos referiremos como “FCCyT” y el cual no debe confundirse con la Asociación Civil anteriormente denotada como “FCCyT A.C.” pues estrictamente, como la SCJN mostró, son entidades diferentes.
La pregunta que muchos investigadores se hacen es simplemente la siguiente: En cumplimiento con la ley de Ciencia y Tecnología del 2002, ¿el FCCyT A.C. se creó sencillamente para facilitar el cumplimiento a dicha Ley, o, esa Asociación Civil fue creada con el propósito de extraer y manejar el presupuesto público asignado por el Conacyt? ¿Cómo es posible que después de casi veinte años de operación del FCCyT A.C. se descubre (por medio de una resolución de la SCJN) que su creación y operación fue injustificada? A los abogados del Conacyt en el año 2002, ¿no les pareció extraño la creación de una Asociación Civil con idéntico nombre al mencionado en el artículo cuarto de la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002? Sabiendo que el FCCyT y el FCCyT A.C. son entidades estrictamente diferentes, ¿esto implica que FCCyT A.C. y el CONACYT en el año 2002 deliberadamente actuaron en complicidad para transferir dinero público a una asociación privada? ¿Si esto último era ilegal por qué tardaron casi veinte años en señalarlo?
El 28 de julio pasado el Conacyt emitió un comunicado dando a conocer la resolución de la SCJN y señalando entre otras cosas que:
“En este contexto cabe señalar que, durante la administración anterior, la Asociación Civil Foro Científico y Tecnológico recibió recursos anuales por más de 50 millones de pesos para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a inversiones, telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, cabildeo legislativo, servicio de bocadillos y otros, presupuesto que excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones”.
Mi opinión es que toda esta situación demerita, en general, la imagen de las organizaciones científicas ante la sociedad. Esto es una pena sin embargo son asuntos que necesariamente deben aclararse ante la misma sociedad para recuperar su confianza y por tanto el apoyo hacia las actividades científicas. Me parece evidente que no puede haber apoyo social hacia la actividad científica si esta actividad es socialmente percibida como una fuente de corrupción.
Otro ejemplo lamentable, pues sugiere posible corrupción, y ajeno al caso anterior, me fue narrado por un colega que fue invitado por una asociación científica -una Academia Científica de su área profesional- para impartir una conferencia de divulgación en la provincia del país, recibió gastos de avión, hotel y alimentos para este fin, sin embargo al llegar al auditorio encontró solamente a tres personas, posiblemente los encargados de abrir el mismo auditorio, y me comentaba con tristeza: “Es lamentable que se gasten tantos miles de pesos en llevar a un científico a impartir una conferencia a una ciudad foránea y que el auditorio esté casi vacío, pues esto sugiere, o pareciera, que el verdadero propósito de la invitación era sólo mostrar y reportar que esa asociación se mantiene activa organizando conferencias en toda la república aunque dichas conferencias no sean aprovechadas por nadie y resulten inútiles”, y preguntaba: “Si esto gastan en mí que soy un simple investigador, ¿cuánto gastarán los directivos de la asociación en sus frecuentes viajes nacionales e internacionales?”.
Como último y penoso ejemplo, recientemente se descubrió, para el asombro de todos los académicos e investigadores de una institución de investigación pública, que su director solicitó y aprobó la compra de dos automóviles de lujo incluido un auto Mercedes, para su uso personal. Afortunadamente la situación institucional dio un giro y la operación fue cancelada por una administración diferente.
Algunos piensan que en nuestro país la lucha contra la corrupción es solo un buen deseo y será imposible. Por el bien de nuestro país, ojalá que éste no sea el caso. Seguramente la transparencia sea uno de los mejores antídotos contra la corrupción.