Se amparan otomíes contra SCT

Representantes de comunidades indígenas otomíes de San Miguel de Allende presentaron una demanda de amparo contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para dejar sin efecto la convocatoria emitida por esta dependencia federal para la construcción de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende.
La razón es que no cuenta con el estudio de impacto ambiental que debería haber aprobado la Semarnat, según afirmó el abogado Eduardo Rubén Iglesias Bálsamo.
Aunque no es materia del amparo, también señalaron que 23 comunidades otomíes, donde habitan entre 15 mil y 18 mil personas, serán afectadas por esta carretera, pues aseguraron que pasará a través de ellas y sobre el centro ceremonial de El Calvario y Cuisillos.
Y que será destruida la escuela primaria “Alvaro Obregón”, de la comunidad Rancho Nuevo de Banda y varias casas, cuyo número no pudieron precisar.
Magdaleno Ramírez Ramírez, dirigente de la CNC en San Miguel de Allende y dirigente de los indígenas advirtió que frenarán la construcción de esa autopista.
“Lo vamos a hacer a costa de nuestra vida porque nosotros estamos cuidando un patrimonio de siglos y nuestra cultura no tiene precio”, declaró.
El 2 de julio, la SCT emitió la convocatoria de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende. El fallo se emitirá el 17 de septiembre y se pretende iniciar la construcción el 2 de enero de 2014. Contará con una longitud de 70.5 kilómetros, con un ancho de 12 metros.
Ayer, Eduardo Iglesias y Magdaleno Ramírez presentaron la demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de distrito federal de esta ciudad.
“Hay una solicitud (ante la Semarnat) que les negaron el 23 de noviembre de 2012 y sobre eso están licitando.
“Sí definitivamente el trazo de la carretera afecta a un centro ceremonial otomí y a 23 comunidades indígenas. En consecuencia, nosotros pensamos que el proyecto se hizo torpemente porque no se respetó ni la cultura ni el medio ambiente, afirmó en entrevista Iglesias Bálsamo.
Magdaleno Ramírez agregó que para la elaboración del proyecto no se llevó a cabo la consulta a los indígenas de la zona por donde pasará, como dijo que lo establece el Artículo 35 de la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, en el cual dijo que se establece que se deben respetar los territorios indígenas.