El 11 de septiembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, una reforma al Código de Procedimientos Civiles que obligaría a los padres que no quisieran reconocer a sus hijos, a practicarse una prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN), que se realizaría “a costa del presupuesto del Ejecutivo Estatal”, para demostrar su paternidad.
Incluso, en el artículo segundo transitorio se estableció: “El titular del Poder Ejecutivo del Estado preverá en la iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales del 2013 y los subsecuentes, la disponibilidad presupuestaria para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto”.
Sin embargo, en la realidad, la parte económica de esta reforma no se cumplió para la familia Delgado Alvarado, a pesar de que son pobres. El Estado no les pagó dicha prueba.
Para poder estudiar la preparatoria y la universidad, los hermanos Jorge Jesús Delgado Alvarado y María Fernanda Delgado Alvarado demandaron a su padre, con el fin de que los reconociera como sus hijos y de esta manera les otorgara una pensión alimenticia.
Ganaron la demanda, pero para concretarla tuvieron un obstáculo. Juntar el dinero para pagar la prueba de ADN para demostrar la paternidad, con un perito privado, porque ni la Secretaría de Salud ni la Procuraduría de Justicia se las quisieron hacer porque, según interpretaron, el Código de Procedimientos Civiles sólo aplica a menores de edad y ellos ya tienen 19 y 18 años.
VALIDAN RESULTADOS
“…Toda vez que de las conclusiones del peritaje que emitió Diana Sánchez Becerra, deviene que Demetrio Ibarra Garnica coincide genéticamente con la de la ciudadana María Fernanda Delgado Alvarado, así como del ciudadano Jorge Jesús Delgado Alvarado, por lo que dicha paternidad es incluyente”, asentó en el auto del cual AM tiene copia.
En la sentencia de este juicio emitida el 22 de enero por la juez Martha Isabel Villar, declaró que Demetrio Ibarra es padre de Jorge y María Fernanda Delgado Alvarado, por lo que lo condenó a darles su apellido y todos sus derechos.
Se le condenó a a pagar una pensión alimenticia a sus hijos por un salario mínimo vigente en el estado a partir del 1 de enero, de $63.77 diarios, es decir, 1,913 pesos mensuales.
También deberá pagar los gastos y costas del juicio, que incluye la prueba de ADN. Sin embargo, el camino para cobrarle será largo.
LA HISTORIA
Alma Delia Delgado Alvarado tuvo a sus hijos sin haberse casado con Demetrio Ibarra Garnica, sólo vivieron juntos un tiempo. Él no los registró a su nombre con el pretexto de que no podía venir a registrarlos a la capital, se le dificultaba venir de Silao, donde vivía y trabajaba.
Con el tiempo, “venía a verlos, pero era cualquier cosa lo que les daba, ya más grandes sí se me hizo difícil, no quiero que pierdan la escuela”, contó la señora, quien desde hace cuatro años trabaja haciendo la limpieza en una dependencia gubernamental por 2 mil pesos a la quincena.
Cuando iban a entrar a la preparatoria, en 2010, los muchachos fueron a ver a su padre para que los ayudara económicamente para poder estudiar.
Le pidieron ayuda
“Le dijimos que si nos echaba la mano, pero dijo que no podía porque tenía deudas con la carnicería. Que si mi mamá no podía, para qué estudiábamos, que mejor nos pusiéramos a trabajar”, recuerda Jorge.
“Dijo que él conocía a una licenciada que estaba arriando chivas, que para qué estudiábamos”, rememora ella.
Ese año, María Fernanda tenía que ingresar a la preparatoria, pero no pudo hacerlo porque su mamá no tenía dinero. Perdió un año escolar y en ese tiempo tuvo que trabajar en una hojalatería lijando coches, donde duró dos años. Al principio ganaba 300 pesos al mes y terminó con 400 pesos.
Lo dejó porque en 2011 ingresó al Videobachillerato junto con su hermano. El último año ha sido de muchas tareas.
Jorge empezó a trabajar en la mañana lavando coches en el estacionamiento de la Secretaría de Obra Pública, donde permanece hasta ahora. Gana alrededor de 150 pesos diarios y por la tarde estudia en el Videobachillerato.
En julio, ambos terminarán la preparatoria y quieren estudiar en la universidad. Ella, Enfermería. Pero siguen sin dinero suficiente para pagar sus carreras. Regresaron a buscar a Demetrio Ibarra García, su padre biológico.
“La última vez que fuimos, en octubre o noviembre de 2012, ya nos daba pena pedirle, no nos dio nada”.
Pero sí vieron una camioneta y una casa nuevas. Ellos viven en la colonia Lomas del Padre, en una casa de dos cuartos, cuya fachada es de ladrillos sin resanar y el piso de su patio es de tierra.
Así que su mamá, Alma Delia Delgado, acudió con el diputado local Luis Felipe Luna Obregón. “Para ver si me podía contactar con alguien para ayudarme”. Él la canalizó con Iovana Rocha Cano, quien entonces -febrero de 2013- todavía era directora de la Coordinación de Atención a la Mujer Municipal.
El Estado se niega a hacer la prueba
Iovana Rocha les dio a conocer la existencia de una reforma publicada en el Diario Oficial el 11 de septiembre de 2012.
Les explicó que podían usar esa prueba para demostrar que Demetrio Ibarra Garnica es padre de María Fernanda y de Jorge Jesús y así obligarlo a que les diera una pensión alimenticia y siguieran estudiando.
Rocha Cano los envió a la Defensoría Pública Gratuita del Gobierno del Estado, quien les asignó a Netzahualcoyotl Ortiz Rico Lara como su abogado. Los hermanos demandaron a su padre por reconocimiento de paternidad y pago de pensión alimenticia en agosto de 2013, en el juicio con número F629/2013.
“Él se enojó cuando supo que lo habíamos demandado mi hermana y yo. Sólo estamos pidiendo algo que nos corresponde. Fuimos a una audiencia y dijo que no éramos sus hijos. El 8 de octubre contestó por escrito que no éramos sus hijos.
El 22 de octubre, la juez Martha Isabel Villar Torres solicitó a la Procuraduría de Justicia designar un perito en materia de genética molecular para realizar la prueba de ADN.
Sin embargo, el 29 de octubre, Carolina del Carmen del Pozzo Fernández, titular del Área Contenciosa de la Dirección Jurídica de la Procuraduría, respondió a la juez que no podrían realizar la prueba.
Porque, argumentó, requerían tener constancias que acreditaran: “a) que se trata de casos de efectiva salvaguarda del interés superior de un menor, b) la carencia de recursos para la elaboración de un análisis en materia de genética a través de un estudio socioeconómico emitido por institución pública (preferentemente DIF estatal) y c) que intervenga la representación civil gratuita, lo cual es fundamental para determinar lo conducente.
“(…) se desprende que en el caso concreto no se colma lo referenciado, particularmente lo relativo a la actualización de intereses de menores, pues ambos promoventes cuentan con la mayoría de edad, en tal sentido no es factible acceder a su petición en los términos planteados”, respondió en el escrito del que AM Express tiene copia.
Ante la negativa, el 6 de noviembre, la juez ordenó requerir a la Secretaría de Salud enviara a un perito en toma de muestras de ADN, para que aceptara dicho encargo, según copia del documento, en poder de AM.
Pero la Secretaría de Salud también se negó, bajo el mismo argumento de la Procuraduría.
No tenía bienes a su nombre
“Hay el riesgo, el señor no tiene bienes a su nombre, sólo vehículos que son vendibles muy rápido y hay que acelerar el aseguramiento del pago, para evitar que el señor se niegue a pagar. Eso es lo que había que asegurar”, destacó en entrevista.
Por eso le pidió a Alma Delia que mejor ella pagara el peritaje en virtud de las negativas de ambas dependencias.
“Ellos me dieron un listado de peritos y me dijeron que si salía positiva, él (Demetrio Ibarra) la iba a pagar dentro de los gastos y costas del juicio, porque se está negando”.
Los peritos eran de Querétaro, Celaya, Salamanca y León. El más caro cobraba 25 mil pesos por cada muchacho. Ella escogió la más barata, en León, porque le cobró 15 mil pesos por sus dos hijos.
Pero la familia Delgado Alvarado no tenía ese dinero. La señora pidió un crédito de 10 mil pesos en una financiera. El 17 de noviembre lo entregó a la perito en adelanto.
Los otros 5 mil pesos se los pidió a Iovana Rocha, quien ya no era funcionaria, ahora en su papel de activista por los derechos de las mujeres. Ella los consiguió con la diputada Erika Arroyo, de la partida de gestión social que tienen todos los legisladores.
Con el dinero en mano, en enero Alma Delia y sus hijos, además de Demetrio Ibarra, acudieron al juzgado de oralidad para que les tomaran la muestra de saliva para la prueba de ADN. El resultado fue positivo.