Dicen en la casona municipal que los regidores del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Enrique Ortiz Montaño y Marco Antonio Carrillo Contreras, quieren adecuar el Reglamento de Verificación Vehicular para el Municipio de Guanajuato, el problema es que nunca lo han leído. ¿Será?
Cuando un reportero les preguntó sobre las propuestas para actualizar el reglamento, dijeron y platicaron de todo menos de los cambios porque al parecer hablan por pura ocurrencia.
Eso sí, se dice que este dúo anuncia a los cuatro vientos que van a perfeccionar el reglamento que se remonta al año 2000, cuando el municipio era gobernado por Luis Felipe Luna Obregón. Órales.
Y es que actualmente la falta de centro de verificación tiene de cabeza a los ciudadanos, que aunque tengan sus carros afinados no pueden verificar porque no hay un sitio en todo el municipio para llevar sus carros a cumplir con esta norma ambiental (aunque al parecer es más bien recaudadora).
En fin que quien está haciendo su mina de oro es el Municipio, ya que se dice que Enrique Berumen Chávez, titular de Policía Vial, todos los días manda a los tránsitos a realizar operativos para detener e infraccionar a todos los conductores que no hayan cumplido con la verificación.
Incluso Berumen está tan enfocado a recaudar dinero que ni siquiera pone atención en los vehículos del Municipio que circulan por las calles sin cumplir con la norma, ¡ah! pero ningún carro oficial es sancionado por este incumplimiento, así que no se mide con la misma vara los carros públicos que los particulares. Hay conductores que consideran que se deberían de suspender los operativos hasta que haya un centro de verificación en el municipio.
Así que frente a este caos para poder verificar los regidores Carlos Ortiz y Marco Carrillo proponen actualizar el reglamento pero sin conocer sus puntos generales, y mucho menos los detalles.
Quienes conocen el reglamento explican que fue planteado sin especificar los pasos a seguir en caso de que no haya un centro de verificación oficial en el municipio. Como sucede ahora.
Al parecer tampoco conoce el Reglamento de Verificación Enrique Berumen Chávez, porque en el artículo 36 refiere, entre otras cosas, que se procederá a la suspensión de la autorización para realizar verificación y expedir constancia de reconocimiento oficial de los centros de verificación vehicular autorizados, que incurran en las siguientes fallas.
Primero, alterar o no reunir los requisitos para verificar; segundo, no contar con el debido funcionamiento del equipo e instalación de los centros; como es el caso, porque los centros de servicio carecen del necesario para realizar la famosa prueba dinámica. Órales, así que por lo pronto a quienes se castigan son a los conductores, quienes menos culpa tienen. En tanto las arcas municipales se nutren con el dinero de las multas.
Baja de salarios, pactada
El Comité de Estructuración Salarial del Estado de Guanajuato, en la que están sentados los representantes de los tres Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ya cerraron el acuerdo definitivo que incluye las reducciones de salario para los altos rangos de la burocracia, todos parejitos.
Como lo adelantó el gobernador Márquez y el Poder Judicial al nivel 20 le tumbarán un 8% neto (además de no aumento en este año). Eso incluye a los Secretarios de Estado, Magistrados y Consejeros y a los Diputados Locales. En ese rango el ingreso de sueldo neto mensual oscila hoy en 120 mil pesos.
De los niveles 17 al 19 también habrá un recorte de 8% neto (y no aumento). Ahí cuente usted al Secretario General del Congreso, al Auditor Superior del Estado, los Directores Generales de Apoyo Parlamentario y Administración del Congreso, el Secretario Particular del Gobernador y los Subsecretarios. Los salarios en esos rangos están sobre los 78 mil a 98 mil pesos sueldo neto mensual.
En el nivel 16 el recorte es del 5%. Es el rango de Director Generales que ganan 68 mil pesos netos.
De los niveles 13 al 15 no habrá incremento (que ganan entre 45 mil a 62 mil pesos mensuales netos).
Los que menos ganan, niveles 1 al 6, tendrán su incremento del 4%, y del nivel 7 al 12 será un 3%.
El lunes en la Comisión de Administración del Congreso el presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez, les presentará a sus compañeros diputados de otras fracciones cómo se estructuró este acuerdo al que seguramente no querrán echarse para atrás pues se trata de ir los tres Poderes juntos.
Hay otras medidas de austeridad que sí corresponden sólo al Congreso y que el panista llevará a la mesa, como que el pago de celulares lo haga cada legislador y ‘congelar’ (sin incrementos) otras partidas de gastos de operación de los grupos parlamentarios y de los diputados en particular.
Ya lo hemos dicho, más que un gran impacto económico con el ahorro de bajarse los sueldos, aunque para nada despreciable, la señal que los tres Poderes quieren mandar es de entender el malestar de una sociedad que percibe a sus autoridades, y con justa razón, alejadas de la realidad social. Luego de este “pequeño gran esfuerzo” de austeridad la verdadera exigencia es otra: que desquiten lo que ganan.
Hay que estar atentos también a cómo toma el PAN las propuestas del PRI en temas de austeridad. Las diputadas Lupita Velázquez y Arcelia González plantearon reducir 50% las prerrogativas a los partidos políticos, y esta semana también la irapuatense González González puso sobre la mesa la reducción de 36 a 30 del número de diputados locales y un máximo de regidores en los ayuntamientos. Suena bien…
Un tercero al que crean
El asesinato de tres niños de 4, 8 y 11 años en San Miguel Allende, es una tragedia.
¿Quién los mató, cómo, por qué?, eso exige saber la familia, y el pueblo de Guanajuato.
Hoy todo lo que hay es un padre vinculado a proceso por un Juez del Poder Judicial al que se le dictó prisión preventiva mientras que, en seis meses, se intenta establecer con más certeza ¿QUE PASÓ?
No hay un culpable todavía, hay un acusado, quien por cierto ni una palabra ha dicho del hecho.
La Procuraduría General de Justicia del Estado defiende su versión de la que asegura tener pruebas periciales suficientes, pero la familia de Antonio, el papá, y un sector de la opinión pública, no le creen.
El Procurador quiso dar carpetazo: El papá dio un disparo a cada uno, y punto. Pero el tema va a seguir.
Y no le creen por una simple y sencilla razón, se trata de un hecho en el que están involucrados policías ministeriales que dependen de la PGJE, lo mismo que el Ministerio Público que hace la acusación.
Es cierto que ya el caso está en la cancha del Poder Judicial, otra instancia independiente del Ejecutivo al que está adscrita la Procuraduría, pero el Fiscal que hace y defiende la imputación es juez y parte.
Sea cual fuera la intervención de los ministeriales en el hecho, aún si nada tienen que ver y llegaron a la escena de la tragedia cuando los niños ya habían muerto y el padre amenazaba a la esposa, como lo relató el procurador Carlos Zamarripa Aguirre en conferencia de prensa la noche del viernes, el hecho es que la investigación involucra a un grupo de ministeriales cuyo jefe es el mismísimo Procurador.
La cuestión es si debe o no intervenir alguna instancia ajena a las entidades públicas, con probada autoridad moral y capacidad técnica que pueda meterse “hasta la cocina” de la investigación.
El Partido Verde en Guanajuato planteó la conveniencia de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual es posible por la relevancia del acontecimiento, pero habrá que esperar si alguien lo pide formalmente y la postura que tome el organismo nacional.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya puso lupa a este hecho. Hoy el nuevo Ombudsman de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, tiene una prueba de fuego.
No ha salido a dar declaraciones aunque ha comunicado que están metidos en la investigación del expediente 04/17-D abierto de manera oficiosa desde el 15 de enero. Ya recabaron las declaraciones de la mamá y el papá de las víctimas, solicitó la comparecencia de 5 elementos de la Policía Ministerial y 8 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y una medida cautelar a la Secretaría de Seguridad del Estado para resguardar la integridad de Antonio Luna Hernández.
La voluntad de la PDHEG está mostrada de entrada, lo que no sabemos es si tiene la capacidad técnica y humana para un caso tan complejo. Y, además de eso, las agallas necesarias si algo más encuentran.