La prisión preventiva de oficio para más delitos, como portación ilegal de armas y robo de hidrocarburos, no será una solución para la inseguridad y la violencia en Guanajuato y el País, opinaron panistas.
La reforma constitucional no es la solución al problema de inseguridad, (…) sin embargo de algo servirá, es una herramienta que estaban pidiendo los gobiernos Federal y Estatales”, señaló el panista, Jorge Espadas Galván.
El coordinador de los Diputados Federales del PAN en Guanajuato explicó, además, que el votó a favor respondió a una exigencia de la ciudadanía de poner candados a la “puerta giratoria”, sobre todo de detenidos con armas ilegales y por robo de hidrocarburos, para quienes el Ministerio Público no justifica ante el Juez la prisión de oficio y así enfrentan su proceso en libertad.
ANALIZAN NUEVAS ALTERNATIVAS
Aunque destacó que no está totalmente de acuerdo con la reforma y explicó que se deben de fortalecer las capacidades del Ministerio Público o de lo contrario no servirá la Ley.
El legislador leonés aceptó que ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva de oficio choca con el Sistema Penal Acusatorio y el principio de presunción de inocencia, pero argumentó que también hay un derecho humano a la seguridad que el Estado en su conjunto no está atendiendo.
Agregó que hay que utilizar medidas alternas de privación de la libertad (por ejemplo el de brazalete electrónico, en caso de delitos no graves) para evitar saturar aún más los centros penitenciarios.
Guardia Nacional va
Espadas manifestó que hay coincidencia en la bancada del PAN para aprobar en lo inmediato (podría ser en la sesión del jueves) el dictamen de la Guardia Nacional tal y como viene del Senado.
En tanto el senador del PAN, Erandi Bermudez Méndez, destacó el acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantiza el carácter civil de la corporación y su coordinación con los Estados.
Es un traje a la medida para el Presidente. No hay pretexto para no bajar delitos federales en un año”.
Mencionó que una parte importante del acuerdo es que los gobernadores deben entregar a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el diagnóstico integral de sus policías estatales y municipales y la Federación tendrá la obligación de apoyarlos en los programas de fortalecimiento de sus policías.