León.- Cuatro años después de que legisladores priístas presentaron una denuncia contra el gobierno del panista Juan Manuel Oliva Ramírez, por supuestas irregularidades cometidas durante su administración, no conocían el estatus y el avance de la investigación.
El 24 de junio de 2013 legisladores del PRI presentaron ante la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia, que se enfocó en tres irregularidades o supuestos delitos.
Éstos fueron: la compra de los terrenos para la fallida refinería en Salamanca, la compra de los terrenos para el derecho de vía del proyecto del Tren Interurbano que tampoco ha sido construido, y la compra de terrenos para la construcción del Parque Bicentenario, en Silao.
Sin embargo cuatro años después, el 1 de agosto de 2017, salió a la luz que a la bancada priísta que interpuso la demanda nunca se le informaron avances sobre la denuncia ni el estatus en que se encontraba.
Asimismo, se informó que uno de los tres hechos por lo que el PRI presentó la denuncia, la compra de los terrenos para la fallida refinería, prescribió el 31 de julio 2017.
Esto considerando que en julio de 2009 fue la última compra de predios y, de acuerdo con el Código Penal, la fórmula para calcular la prescripción en el delito mayor, peculado, resulta en ocho años.
La acusación se basaba en la operación de compra a través de la empresa fantasma “Cereales y Pastas Finas”, a la que el Gobierno del Estado le entregó recursos públicos para negociar con los ejidatarios la compra de más de 900 hectáreas y cumplir con el requisito de Pemex para competir por la refinería, que al final se asignó a Tula Hidalgo.
En dicha denuncia, los 11 diputados locales del PRI pedían investigar que “se hayan autorizado y ejecutado depósitos de al menos mil 699 millones de pesos a las cuentas personas de los particulares José Ubaldo Ortiz Castro y Emilio Flores Betancourt, quienes dieron un manejo discrecional a recursos que no les debieron ser entregados”.
El abogado penalista, Paulino Lorea Hernández, cuyo despacho presentó en su momento la denuncia, señaló en agosto de 2017 que en el caso del Tren Interurbano había transacciones todavía en 2010 y en el Parque Bicentenario hasta 2012, por lo que el caso estaba vigente.