En la historia reciente hemos conocido tres “Informantes”, dos con hechos hoy consumados: “Garganta Profunda” que concluyó con el mandato de Richard Nixon y Edward Snowden, cuya información detonó escándalos en muchos países y la caída de altos funcionarios, y el tercero, que acaba de acusar al presidente Donald Trump de “traición a la Patria” por presionar a un gobierno extranjero para obtener información que podría comprometer a su posible rival en las próximas elecciones.
Del “Informante” que tiene a Trump contra las cuerdas se dice que es un alto agente de la CIA que trabajó en la Casa Blanca, no se sabe si es hombre o mujer, que al recibir una información perturbadora la transmitió a sus superiores y al Presidente del Comité de Inteligencia del Senado, expresando su preocupación por el contenido de una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y de Ucrania. En los próximos días vendrá el desenlace.
Lo que, sí sé, es que dicho informante tiene todas las medidas de protección requeridas a su persona y por ende su familia, proporcionadas por instituciones no ligadas a las líneas del poder, que, al verse denunciadas, podrían desde amedrentarlo hasta hacerlo desaparecer.
El cine ha puesto en evidencia películas como “Nido de Ratas” donde Marlon Brandon denunció la corrupción sindical; “Frank Serpico” donde Al Pacino expuso la corrupción existente en la Policía de Nueva York y “Todos los Hombres del Presidente” haciendo visibles las operaciones sucias de Nixon.
Estas películas y muchas otras exponen a los informantes -soplones, alertadores o whistleblower- como héroes patriotas y a los funcionarios públicos en turno como villanos corruptos.
Tienen dos cosas en común, la primera es que han logrado transformar la democracia y las políticas públicas al denunciar los abusos y la corrupción imperante, la segunda es que la vida personal y familiar de los informantes se ve trastornada ante las represalias de sus superiores o personajes de la red de corrupción denunciada.
Hay muchas historias más llevadas a la pantalla grande y ahora a series disponibles por internet, donde, por ejemplo, los informantes también llamados testigos protegidos mueren a manos de los denunciados a fin de que no puedan dar su testimonio ante el poder judicial o comités especiales que estudiarían o juzgarían los hechos denunciados.
La preocupación para proteger de manera segura la integridad y futuro de los informantes ha motivado a que existan leyes y procedimientos financiados con impuestos generales en todo el orbe.
La semana pasada participé en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señalando que en México tenemos un grave problema de corrupción, se nos ubica en los últimos lugares del “Barómetro Global de la Corrupción de América Latina y el Caribe 2019”.
Este informe reveló que 77% de nuestros ciudadanos sostienen que sufrirán represalias si denuncian casos de corrupción.
Reconocí que uno de los grandes pendientes que tenemos en nuestro país, consiste en proteger a aquellos servidores públicos -más de 4.5 millones- o particulares que alerten o informen una conducta que pudiera ser constitutiva de un delito, dando lugar al avance de la impunidad y al descrédito de los gobernantes.
Les manifesté a los legisladores de los 47 países miembros y de los países observadores, que el Partido Acción Nacional celebraba los esfuerzos de la Unión Europea para garantizar los derechos de los alertadores o informantes, estando ciertos que nadie debería sacrificar su vida personal, laboral o familiar por tener el valor de denunciar.
Nos adherimos a la resolución emitida por su Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, al destacar que los informantes juegan un papel esencial en cualquier democracia abierta y transparente, y además constituyen una base para la libertad de expresión y sientan el camino para un buen gobierno que rinde cuentas a sus ciudadanos.
Denunciar a aquellos que atentan contra el interés público debería convertirse en la respuesta normal de cada ciudadano. Y que pueda hacerlo sin temor a represalias o intimidaciones es una obligación del Parlamento en cada nación.
En México creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, integrado por gobierno y sociedad civil, considerando en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la protección a las personas informantes, pero seguimos sin tener los resultados esperados.
A la fecha, solo el 5% de los presuntos actos de corrupción de los que fue víctima la población -particularmente el soborno- fueron denunciados.
La calidad de información aportada a través de la denuncia es baja y el procedimiento de atención es deficiente; y, por tanto, solo un reducido número de denuncias han terminado en sanción.
Les comenté los esfuerzos del GPPAN y de la iniciativa de ley que presenté el 25 de octubre de 2018, para que, de manera inmediata a una denuncia, la autoridad otorgue al informante las siguientes medidas de protección: asistencia legal; la reserva de su identidad; garantizar su integridad personal; protección de sus condiciones laborales, evitando despidos o remociones en el cargo a consecuencia de la denuncia y; el traslado de área o licencia con goce de sueldo si sufre acoso.
A un año de distancia el Partido Morena y sus aliados, con mayoría en el Parlamento Mexicano, no han permitido que avance la iniciativa.
Sin embargo, hace un mes, el Ejecutivo Federal emitió un acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.
Desde la Tribuna Europea, llamé al Congreso Mexicano y a los otros poderes de la unión, a adoptar la resolución del Consejo de Europa, que permita mejorar la protección de los informantes que cumplen con el deber ciudadano de no permitir el saqueo de los bienes públicos.