Gasear alcaldes no es un chiste. Menos hacerlo a algunas de las presidentas municipales más exitosas en su desempeño de gobierno local. Se trata de una violencia inadmisible, de una afrenta que en cualquier país tendría serias consecuencias políticas, aunque se tratara de solo “una rociadita” de gas lacrimógeno.
El hecho denota el poco respeto y reconocimiento, que desde el Ejecutivo Federal se tiene por el gobierno local. Aunque les moleste, así está consignado en la propia Constitución. Pero tal parece que ni la conocen, y si la han leído, les tiene sin cuidado el estatus jurídico municipal. “Échenles gas pa´ que se larguen”, fue seguramente la terminante orden a los conspicuos celadores del Palacio Nacional.
La mañanera les cayó encima a los munícipes. El presidente de la República acusó a los alcaldes: “Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana el ansia opositora, la desesperación”. Desesperación porque los presupuestos son cada día más estrechos y las administraciones retornan a la pobreza perene. “No queremos que nos den más, tan solo que no nos quiten lo que ya teníamos”, exigía la alcaldesa de Chihuahua.
Total, que fuimos testigos del absoluto desprecio por los gobiernos locales, por una de las instancias políticas, fundamental para la operación del Estado mexicano. Quizás no han tomado conciencia las nuevas autoridades federales, que el único ente constitucional que gobierna directamente el territorio, es el municipio, son las ciudades, son las metrópolis. Todo lo demás son entelequias, simples ficciones jurídicas.
No por nada, el doctor Arnaldo Córdova, autor de obras trascendentes sobre el nacionalismo, la política de masas del cardenismo y la formación del Poder Político en México, nos legó un estudio muy interesante (“El Principio de la Soberanía Popular en la Constitución Mexicana”, UNAM/ IIJ 2006) , en el que propone dar un giro copernicano a la teoría de la autonomía municipal, para reconocerles a los gobiernos locales, una característica soberana, que revolucionaría el ámbito de gobierno municipal. Esta propuesta, nos conduciría a dotar a los municipios de la cualidad que de verdad requieren para poder gobernar el complejísimo enjambre urbano en que se han convertido nuestras ciudades. Urge que estas posean un esquema de gobierno diferente, más moderno, con poderes divididos y con plena capacidad tributaria que los independizaría de las legislaturas estatales. Así tendríamos una categoría de 31 municipios, mayores a 500,000 habitantes, que tendrían su poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un gobierno más acorde con los nuevos tiempos.
Las grandes ciudades mexicanas se han tardado en formar una red que las dotaría de una fuerza política de altos vuelos. La Asociación de Grandes Ciudades de México (AGCM), se podría convertir en el interlocutor de la instancia local, frente a la CONAGO de los gobernadores y el rudo y violento gobierno federal que los maltrata y agrede. A ver si frente a una organización de ese calado se atreven a volver a gasear alcaldes.
Los municipios no han hecho valer su enorme poder frente a los otros poderes, los ningunean siempre. No han sabido reivindicar su dignidad comunitaria, desde 2012, cuando el PRI destruyó la Asociación Mexicana de Municipios (AMMAC), y con ello, toda posibilidad de construcción de una organización que superara las agendas partidistas, se desbarrancó entre grillas y ambiciones baratas.
Pongo algunos ejemplos para hacer valer los reclamos municipales ante la sordera federal: depositar la recolección de basura de un día, en los accesos de las oficinas federales, así como generarles cortes de agua potable o cierre a las vías de comunicación circundantes. Solo se requiere un elemento táctico fundamental: organización para que esto suceda instantánea y sincronizadamente en 10 o 20 ciudades mexicanas al unísono. La retaliación al maltrato legendario, está a la mano, se requiere organización y decisión.
En lo que sí se equivocaron los alcaldes de visita en Palacio Nacional, fue en no invitar a sus pares en los municipios, síndicos y regidores, a acompañarlos en la peligrosa aventura de reclamar el trato que se les intenta decretar en el Presupuesto Federal para 2020. Hasta ahora, las localidades se gobiernan, como la Villa Rica de la Veracruz de 1519, por un vetusto Ayuntamiento. Insisto una vez más, los alcaldes no son los ejecutivos del gobierno municipal, no equivalen, en su ámbito, al presidente de la República ni al gobernador, su función es coordinar a la administración municipal y ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. No se trata, hasta ahora, de un modelo de gobierno dividido, con tres poderes, sino de gobierno por concejo, por asamblea, por concilio. ¿Entienden?
Por eso urge en México el establecimiento de una instancia supramunicipal, que permita la gobernanza de grandes conglomerados urbanos. La añeja fórmula municipalista, no funciona para la administración de las enormes y populosas ciudades del siglo XXI. Valdría la pena revisar, entre otras, la experiencia alemana sobre la ordenación del régimen local. Las ideas brillantes del barón Karl von Stein, de 1808, podrían resultar inspiradoras, en relación a las “Ordenanzas de las Ciudades”, para lograr la participación efectiva de los individuos en las tareas de la comunidad local y en eliminar las barreras burocráticas que la dificultan. Se trata de dotar a las ciudades de capacidades administrativas para su gobierno, pero también de imponerles serias responsabilidades gubernativas. No todos lo municipios son iguales.
En tanto todo esto suceda, penosamente nuestro gobierno federal gasea alcaldes. No tolera el presidente que le toquen las puertas de Palacio Nacional y reclamen. Optan por agredir.