Durante los últimos años México ha enfrentado un importante incremento en embarazos adolescentes; actualmente nuestro país ocupa el primer lugar entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues 77 de cada mil nacimientos corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años de edad.
Estos datos, más los relativos a las muertes maternas por abortos fortuitos e interrupciones del embarazo practicadas en la clandestinidad, advierten la urgencia de implementar sin pretexto alguno, una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que permita salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país.
Recientemente se celebró en Kenia la cumbre de Nairobi sobre el 25° Aniversario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD25).
En este espacio el Gobierno de México, en voz del subsecretario Alejandro Encinas, refrendó su compromiso por “establecer una política de población, caracterizada por su sentido humanista, basada en el respeto a los derechos de las personas, fomentando el desarrollo para abatir las brechas de desigualdad”.
Frente a líderes del mundo, el Subsecretario añadió que un aspecto de este compromiso de México “implicará establecer políticas para disminuir la mortalidad materna, en particular erradicar las muertes por abortos inseguros, garantizando el acceso a la atención integral y a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, respetando la dignidad, autonomía, integridad, libertad de las mujeres”.
En el contexto más general de impulsar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, quien reduzca estos compromisos a una política sólo proaborto, no ha entendido nada.
Esto, sin duda, representa un momento histórico ya que una vez más, pero ahora desde una visión progresista y de derechos humanos, el Gobierno Federal se pronuncia claramente a favor de hacer posible el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Quienes formamos parte de la delegación oficial mexicana en la CIPD25 -gobierno, sociedad civil y academia- nos hemos sumado con responsabilidad, desde nuestras diversas competencias, a redoblar esfuerzos para eliminar las causas que han provocado la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, por ello se deberán reforzar servicios hospitalarios, orientación médica e información y educación integral, modernización de los servicios, métodos de planificación familiar y otros programas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como el disfrute de los beneficios del desarrollo en condiciones de igualdad, especialmente de las niñas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Ahora bien, llevo más de 40 años dedicada a trabajar por Guanajuato desde la educación comunitaria, la incidencia social, así como desde la participación política.
Siempre ha sido conocida mi postura a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad segura, libre y voluntaria, a decidir sobre su cuerpo.
Hoy no me sorprenden, atemorizan, ni me espantan las expresiones que como hace 25 años, buscan difamar, calumniar y amedrentar por mi muy clara y pública postura ideológica. La clandestinidad desde donde han aparecido carteles difamatorios en diversos espacios públicos, sólo expresan la cobardía de los tradicionales grupos de choque surgidos al amparo de grupos poderosos.
Todas las personas que votaron por mí, casi 600 mil, conocen mi postura al respecto y en consecuencia así he obrado.
A ellas y todo México les aseguro y repito: seguiré dando mi vida, por sobre todas las cosas, hasta que hayamos garantizado los derechos sexuales y reproductivos de todas y cada una de las mujeres y niñas de nuestro país.
Porque ser niña y ser madre, es una absoluta contradicción humana. Ni temor, ni retroceso.