Más impuestos para gastarlos en Seguridad
El Paquete Fiscal 2020 para Guanajuato le pide al contribuyente oootra vez un sacrificio con el pretexto de gastar más para la seguridad, pero sin resultados.
Los secretarios de Gobierno y de Finanzas del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres y Héctor Salgado Banda, respectivamente, cumplieron con el protocolo de entregar al Congreso local la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado.
Los tradicionales discursos sobre la responsabilidad fiscal de Guanajuato se aderezaron ahora con la queja por la disminución de los ingresos federales y el complicado entorno económico que obliga a buscar ingresos de donde se pueda.
En Guanajuato no se puede hablar de un golpe severo al contribuyente pues no se optó por ampliar el impuesto de la tenencia y permanece solamente para los vehículos de lujo; el Impuesto Sobre Nómina se sostiene en el 2.3%; y el replaqueo vendrá sin pago para el contribuyente (aunque sí nos cuesta que el Estado gaste en nuevas placas).
No obstante sí hay un impacto al considerar dos nuevas contribuciones: un impuesto del 4.5% por venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado. Y el cedular por la enajenación de bienes inmuebles con una tasa del 5%. También considera un incremento del 2 al 4% al Impuesto Sobre Hospedaje.
La gran apuesta del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es la creación del Sistema de Administración Tributaria para el Estado de Guanajuato (SATEG) como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas con autonomía y patrimonio propio.
Su objetivo es muy claro: profesionalizar la recaudación de los impuestos locales. Ser más eficientes en cobrar, pero también ampliar la base de los contribuyentes.
En ese contexto está la iniciativa de convenios de coordinación administrativa con los municipios en materias como el predial y el Régimen de Incorporación Fiscal. El Estado echará la mano a los ayuntamientos, pero también llevará tajada del pastel.
En materia de Egresos tampoco hay sorpresas. Toda la carne al asador con 25% más presupuesto para la Secretaría de Seguridad y 17% más a la Fiscalía General.
Nunca serán suficientes los recursos para prevenir y combatir el crimen. Pero hay que decir que no todo se trata de dinero. Los datos no dan para el optimismo.
De lo asignado en el año 2015 a la propuesta de 2020 el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Álvar Cabeza de Vaca Appendini pasó de dos mil 107 millones a cuatro mil 250 millones de pesos, es decir un 102% de incremento.
Para la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia), desde entonces bajo el mando de Carlos Zamarripa Aguirre, el porcentaje del incremento presupuestal en ese periodo fue del 62%, de mil 956 millones pasó a tres mil 174 millones.
En contraste, de enero a octubre de 2019 se registran dos mil 865 víctimas de homicidio doloso cuando en los mismos primeros 10 meses del 2015 fueron 797, lo que equivale a un incremento del ¡259%! en ese comparativo, según los datos oficiales publicados por el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por el contrario, para la Secretaría de Obra Pública (hoy de Infraestructura) no sólo no hay incremento sino que la inversión se desploma de mil 956 millones a mil 082 millones en estos cinco años. O Turismo que cae de 591 millones a 311 mdp para 2020.
En el caso de infraestructura podrá compensarse con el crédito por cinco mil 350 millones, que dará oxígeno a la obra social en los municipios. Al secretario Tarcisio Rodríguez Martínez en el 2019 le batearon todos los proyectos presentados a la Federación.
En Turismo el incremento al Impuesto Sobre Hospedaje será recurso etiquetado a la promoción, pero Tere Matamoros no termina por marcar la política turística sexenal.
Lo que más llama la atención es el recorte 2020 a las secretarías que nacieron con el gobierno de Diego Sinhue, como son la de Migrantes y la de Medio Ambiente.
Más crítico en el caso de la primera que cae a niveles del 2015 cuando era un Instituto y sólo puede explicarse porque el titular, John Robert Hernández, no haya convencido, con los programas y acciones suficientes, de requerir más inversión.
En 2019 con el cambio de Instituto Estatal de Ecología a la SMAOT sí hubo un incremento importante, pero todavía la poblana Marisa Ortiz tiene que demostrar con resultados que urgen más recursos para atender el histórico rezago ambiental.
Los 36 diputados tienen poco tiempo para revisar el Paquete Fiscal y no convertirse en lo que tanto le reclaman a Morena: ser sólo una oficialía de partes del Ejecutivo.
SAPAL, sacudida
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León quiere darle una sacudida al modelo de administración que mucho tiempo le fue exitoso, y que hoy ya no lo es.
El Consejo Directivo que comanda el ex presidente de la Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández, aprobó esta semana reformas al Reglamento de SAPAL que enviará como propuesta para la revisión y en su caso aprobación del Ayuntamiento.
El SAPAL está obligado a una transformación que fortalezca lo que da resultados y elimine las prácticas que ya no son útiles a un municipio de 1.6 millones de habitantes con un estrés hídrico que amenaza el abasto de todos en el corto plazo.
Eso además de los tumbos que el Sistema ha venido dando de un tiempo a la fecha. Lo más reciente fueron las dos penosas denuncias que la Contraloría Municipal presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por hallazgos derivados de la auditoría 2017 y primer trimestre 2018: una por brincarse una licitación para la compra de combustible y otra por el mecanismo para aplicar millonarios descuentos a usuarios.
Cierto que en ninguna se ha señalado un daño patrimonial, pero sí irregularidades.
El estreno de Jorge Ramírez en el Consejo fue polémico por el contrato que fue asignado a la empresa de su cuñado Enrique Aranda y un socio. Al final la promesa fue que durante su periodo no participará esa constructora en ningún otro concurso.
Y de la anterior administración ya conoce también la historia. El presidente Pedro González García debió dejar el puesto antes de terminar porque el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ratificó una sanción de cinco años de inhabilitación de un cargo público por un conflicto de intereses al aprobar obras para la comunidad Los Jacales.
El entonces director general, el financiero Leonardo Lino Briones, se fue sin pena ni gloria. En su lugar llegó Angélica Casillas Martínez para enderezar el barco pero sólo duró 4 meses y decidió regresar a encabezar la Comisión Estatal del Agua que bien conoce.
La apuesta terminó por uno de casa, el ingeniero Enrique de Haro Maldonado.
Por todo eso se plantea modificar los roles del Consejo Directivo y del equipo operativo. Los primeros están para enfocarse en la planeación estratégica y su supervisión, pero desempeñan actividades operativas y se distraen. Mientras que, por el contrario, a los operativos les faltan armas para enfrentar los retos.
El Consejo estará obligado a contar con un Plan Estratégico que sea la herramienta de planeación económica, financiera y de organización, que oriente las actividades.
Aprobaron crear dos nuevas subdirecciones: la de Planeación y la de Proyectos Especiales e Innovación, y la explicación es que “la estructura organizacional actual del SAPAL implica para el Director General una carga operativa que no le permite dar seguimiento puntual a las diferentes unidades administrativas y, menos aún, encabezar los proyectos de planeación y desarrollo que demanda León”.
La de Planeación para que diseñe e implemente estrategias de renovación de infraestructura y brindar certeza hídrica. Y Proyectos Especiales para aterrizar la innovación en el organismo adaptando al SAPAL a la Cuarta Revolución Industrial.
A la Subdirección de Planeación llegaría la que es su consultora externa, Lucía Alejandra Herrera Lozano, a quien le encargaron la elaboración de un plan hídrico.
Para la Subdirección de Innovación y Proyectos Especiales ya también han encargado algunos asuntos al ingeniero Enrique Marumoto Torres. Se le recuerda como el primer Director General de Innovación del Municipio de León en el primer trienio del alcalde Héctor López Santillana, pero se fue pronto sin mayor brillo.
Aseguran que el cambio estructural no generará costos adicionales al Sistema, que buscarán ahorros operativos y nuevos ingresos por el concepto de reúso del agua.
Ya hace un año también se crearon otras dos subdirecciones: la Administrativa a cargo del Lic. Eduardo Padilla Ascencio y la Técnica con el lng. Roberto Guerrero.
Un cambio importante será el de fortalecer la estructura de la contraloría interna.
Otro tema a considerar es que SAPAL planea, luego de 20 años concesionada, asumir a partir de octubre próximo la operación de la planta de tratamiento. Eso generará ahorros en la operación pero requiere una estructura administrativa. Urge también renovar la tecnología de tratamiento y aprovechar el agua de reúso.
Feria ¿para todos?
El ambiente para la Feria Estatal de León 2020 ya “se calentó”.
El presidente del Patronato, Juan Carlos Muñoz Márquez, fue de los aplausos a las críticas en días con el todo incluido por 70 pesos los lunes, martes y miércoles (juegos mecánicos los que quieras y las veces que quieras, espectáculos y Teatro del Pueblo).
El anuncio generó el reconocimiento de propios y extraños porque ese costo sería una ventaja para los padres de familia que llevan a sus hijos a disfrutar de varios juegos mecánicos, cuyo costo en lo particular rebasa el monto de esa promoción.
Pero inicialmente se entendió como una promoción opcional. No fue sino hasta que quedó claro que fueras a lo que fueras esos tres días tendrías que pagar los 70 pesos cuando una brillante idea se puso en el ojo de la discusión y perdió el encanto.
“Quieren polemizar, no hay quien vaya a comerse un huarache y se salga”, soltó en su defensa el empresario panista en una entrevista para TV4 -el canal oficial-.
La realidad (el Patronato debe tener los datos antes de tomar la decisión) es que sí hay miles de ciudadanos que no gustan ni de los juegos mecánicos ni de Teatro del Pueblo, que simplemente van a recorrer los pasillos de la Feria y a los espectáculos internacionales que se ofrecen en el Poliforum y en el Domo de la Feria. Otros sólo acuden al Palenque.
A esos visitantes los orillan a ir de jueves a domingo, a pagar los 70 pesos, o a no ir.
Dice Juan Carlos que la medida está enfocada a proteger la economía de las familias pues aunque la entrada sea de 11 pesos, al interior es una feria cara. Y que van a negociar con los comerciantes de comida para que esos días den más barato.
Lo cierto es que también hay muchas familias que pagaban esos 11 pesos y aprovechaban el área de juegos infantiles sin costo extra -en la zona de Explora-. Si bien es una área de pocos atractivos y generalmente para los niños más pequeños, siempre ha sido visitada.
Además, aunque esa tarifa haya sido aprobada por el Consejo Directivo de la Feria, se trata de una disposición administrativa que debe pasar por el Ayuntamiento, y eso todavía no sucede, así que el anuncio fue prematuro y puede ser revertido.
Se entiende que Juan Carlos pidió licencia como legislador federal (cargo para el que fue electo) con la emoción de tomar protagonismo al frente de la Feria. Quiere marcar su sello personal, pero deberá irse con pies de plomo para no tropezar.
Es de reconocer que la cartelera del Teatro del Pueblo es atractiva para diferentes gustos (se gastaron 20 millones de pesos más que en otras ediciones, dicen).
En el Domo se presentará el espectáculo “Destino. Un viaje por México”, creado para la edición 2020 de la Feria por talento nacional con acróbatas de 17 países. Con actos circenses harán un recorrido por lugares emblemáticos de México teniendo a León como destino principal.
Y en sala C4 de Poliforum el espectáculo sobre hielo “Muzeo”, un recorrido por los museos más importantes del mundo.
La Feria León, del 10 de enero al 4 de febrero, todavía dará mucho de qué hablar…