Estudiantes ponen al poder en su sitio
La protesta estudiantil de esta semana cambió para siempre la realidad en Guanajuato.
Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato con sus marchas y protestas pacíficas, el puño arriba, el paro en diversas sedes, su pliego petitorio y su exigencia de diálogo directo con los autoridades universitarias y civiles, sientan un precedente de lo que hoy es letra muerta en la Constitución: el pueblo manda.
Sus demandas son dos concretas: seguridad y alto al acoso sexual.
El convenio propuesto este sábado entre la comunidad estudiantil con el rector de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino; el secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala Torres; el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre; y el alcalde capitalino, Alejandro Navarro Saldaña, no es el fin de la protesta, es el inicio de un camino de lucha hasta que los compromisos se cumplan.
Los estudiantes hablaron y las autoridades escucharon, sin discursos sin pretextos.
La manifestación juvenil es sólo el reflejo del hartazgo que no surgió esta semana, sino con la descomposición social que evidencia la inseguridad y violencia.
Es el grito de auxilio a la tragedia que todos los días se vive en Guanajuato.
A las 3,290 víctimas de homicidio doloso en 2018 que serán superados en el 2019. Al estado que rompe los récord de mujeres, jóvenes y menores de edad asesinados. Y al primer lugar en agentes de Seguridad ejecutados el 2018 y también en este año.
Es la respuesta al clima hostil y de violencia contra las mujeres. De 2015 al 2019 el número de mujeres heridas con armas de fuego y punzocortantes atendidas en unidades de Salud en Guanajuato pasaron de 117 a 776, un 563% de incremento.
En los primeros 10 meses del año las mujeres asesinadas en Guanajuato son 239, es la segunda entidad con más víctimas sólo por debajo del Estado de México 272, según la información del Sistema Nacional de Seguridad. De esa cantidad únicamente 12 han sido tipificados como delito de feminicidio.
Guanajuato es segundo en denuncias por lesiones dolosas contra mujeres (5,669), es quinto en víctimas mujeres de secuestro (15), cuarto en víctimas mujeres de corrupción de menores (93), séptimo en violación (188), y tercero en llamadas por acoso u hostigamiento sexual (618) y en llamadas por violencia familiar (59,194).
Es la impotencia por los desaparecidos que nadie busca y por la impunidad en la que solamente uno de cada diez crímenes en el País, y en Guanajuato, se castigan.
El asesinato de la irapuatense Ana Daniela, ejemplar estudiante de la Licenciatura en Biología Experimental de la UG el pasado sábado, encendió la mecha de una comunidad cansada de vivir con miedo.
“No es un caso aislado, es la gota que derramó el vaso de nuestro hartazgo”, le recordaron este sábado a las autoridades.
El crimen se aclaró con la detención del presunto implicado, una ex pareja, pero el problema de fondo, la exigencia de seguridad, está lejos todavía de ser resuelto.
“Se considera necesario salir de la indiferencia y pasividad en la que vive la sociedad guanajuatense para denunciar la falta de compromiso de las instituciones y autoridades competentes para garantizar seguridad”, dice el pliego petitorio.
En este contexto de violencia hacia las mujeres llama la atención el “tijerazo” de un 35 por ciento que plantea la iniciativa de presupuesto de egresos 2020 para el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses al pasar de 115 a 74.7 millones . La directora general, Anabel Pulido, tendrá que convencer a los diputados por más.
Todos somos UG
La causa de los jóvenes es desde un principio la causa de todos en Guanajuato.
Las autoridades, acostumbradas al aplauso, no parecen cómodas en el banquillo de los acusados. Sus caras en la puesta en escena del jueves en el Teatro Principal de Guanajuato capital, lo dijeron todo. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez, desconcertado; el alcalde Alejandro Navarro, como un adorno; y el rector general, Luis Felipe Guerrero, totalmente desencajado.
En el encuentro del sábado los estudiantes repitieron su actitud respetuosa y ordenada para leer sus peticiones y la propuesta de convenio con las autoridades.
Las frases de los estudiantes son elocuentes: “Cumplan su labor siempre y no sólo en casos mediáticos”. “Hemos sido orillados a normalizar conductas que nos violentan”. “Nos han traicionado”. “Falta de empatía e indiferencia”. “Incompetencia”.
En conclusión les dijeron: “No viviremos en silencio nunca más”. “No más violencia”.
La lucha empezó el miércoles 4 en la División de Política y Gobierno del campus Guanajuato de la UG y se extendió a las otras sedes de la misma ciudad, y luego a otros campus como los de León, Celaya-Salvatierra y el de Irapuato-Salamanca. También se sumaron preparatorias de la propia Universidad, como las dos de León.
Para pactar los estudiantes pusieron a prueba la voluntad de las autoridades al demandar una disculpa pública por omisiones y un reconocimiento público de los casos de estudiantes asesinados y desaparecidos.
A partir de eso lo que seguirá es avanzar en la ruta de las acciones específicas a favor de la seguridad (vigilancia en las inmediaciones de los planteles, transporte gratuito). Y eso va a involucrar a los 13 municipios en donde están asentadas las 74 sedes que tiene la Universidad de Guanajuato a lo largo y ancho de la entidad.
Con ese motivo el pasado 27 de noviembre firmaron un convenio y presumieron la foto los alcaldes (entre ellos Héctor López, Ricardo Ortiz, Elvira Paniagua); los secretarios de Gobierno y Seguridad del Estado, Luis Ernesto Ayala y Álvar Cabeza de Vaca, respectivamente; y el rector Guerrero Agripino. Pero fue una firma más que no despertó ningún entusiasmo entre los estudiantes.
Los alcaldes y directores de los campus deberán atender lo que les toca. El Estado en su responsabilidad de prevenir y reaccionar ante el delito. Y el Fiscal General tendrá la lupa para exigirle hacer todo lo que esté a su alcance para aclarar los casos de asesinatos, desaparecidos, asaltos, que ojalá nunca se presentaran.
El otro gran tema es el acoso sexual a las estudiantes por personal docente y/o administrativo, lucha en la que tienen tiempo alzando la voz con tibias respuestas.
Basta recordar la serie de denuncias de 14 estudiantes del campus León que terminó en enero pasado con una sanción de 8 días de suspensión para seis profesores. Y tres amonestaciones para que vayan a pláticas y se sensibilicen.
El único despido que se recuerde por una denuncia de acoso fue en julio pasado en contra del Director de la División de Ingenierías del campus Irapuato-Salamanca.
Los estudiantes despertaron. El tiempo nos dirá si Guanajuato también&
Prevención, no hay plan
A un año dos meses de iniciada la Administración Estatal todavía no está publicado el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En una solicitud de acceso a la información pública que realizó am el 28 de noviembre para obtener el documento, la respuesta fue: “Me permito comentarle que dicho programa se encuentra en aprobación, para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.
El 1 de marzo de 2019 fue publicada la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado y sus Municipios, una iniciativa del gobernador Diego Sinhue como parte del paquete por la seguridad.
Ahí queda claro que es obligación de la Secretaría de Seguridad Pública elaborar en coordinación con las demás instancias del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las propuestas del contenido del Programa Estatal de Prevención y proponer al Consejo Estatal de Seguridad las políticas públicas, programas y acciones en la materia.
El Programa debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo (no dice plazo la ley) y referirse a la atención de la violencia y delincuencia en zonas prioritarias, contener acciones y metas de los organismos estatales con la participación de municipios.
También se incluye instalar una Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia que coordine las acciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal y como invitado permanente la Fiscalía General del Estado.
Además un Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública para evaluar.
Muy bonito como siempre todo en la Ley que tanto presumió el presidente de la Comisión de Seguridad, Rolando Alcántar, pero la realidades es muuuy distinta.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene en su organigrama una Subsecretaría de Prevención que en la nueva Administración está a cargo de Jorge Alejandro Suro, el último tramo del sexenio anterior ahí despachó el panista Marco Antonio Rodríguez, quien regresó a la Subsecretaría del Trabajo.
El análisis del presupuesto 2020 en el Congreso del Estado es el momento para que Álvar Cabeza de Vaca y su equipo expliquen qué van a hacer y cómo lo harán.
Es hora de que la política de prevención del delito pase de los discursos a los hechos.
Zapotillo, el cochinito
SAPAL conserva sus millonarias reservas de presupuesto para cuando se destrabe El Zapotillo.
Confirma el director general, Enrique de Haro Maldonado, que tienen en su “chonito” algo así como 450 millones porque el convenio para la ejecución del acueducto establece una participación del Estado y el Municipio en el costo total.
Al menos hasta ahora SAPAL no ha tocado un peso de esos recursos.
Nadie tiene certeza de para cuándo se destrabe el conflicto legal entre la concesionaria de la española Abengoa y Conagua.
La primera renunció a realizar la obra al caer en quiebra, pero reclama pagos. Apenas instalaron algunos cuantos tubos y otros quedaron (y están) en el camino.
Si al final se resuelve un monto de liquidación a Abengoa el SAPAL tiene la obligación por convenio de aportar una parte proporcional que saldría de esa bolsa.
La paciencia no se agota. “Seguimos apostando por el proyecto de El Zapotillo, es la solución que estamos esperando para darle certeza hídrica a León”, dice el Director.
El Estado y el Municipio no hablan con Semarnat y su titular, Víctor Toledo, principal opositor al proyecto y quien ya busca alternativas para sustituirlo. Su contacto es con la directora de Conagua, Blanca Jiménez, quien en un principio manifestó su respaldo pero ya mejor ni dice nada, está contra la pared.
Semarnat ya realizó foros en Guadalajara y Ciudad de México con especialistas y organizaciones civiles, pero el Secretario es hora que no pisa la ciudad zapatera.
El Acuerdo Nacional de Infraestructura Privada que presentó hace unos días el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprendió con el anuncio de $13 mil 717 millones para El Zapotillo (suficientes para concluir el acueducto). Aquí las autoridades estatales, municipales y el sector empresarial no tienen información.
León tiene sed y a SAPAL le urge imaginación.