Al fin escucharán
El próximo jueves habrá un encuentro histórico de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
Diego estará cara a cara con decenas de familias que viven una de las peores tragedias para un ser humano: desconocer si el ser querido está vivo o muerto. Y, peor aún, la desesperación de saber que a la autoridad no le importa encontrarlos.
Pronto sabremos si la promesa de Diego de recibirlos no fue solamente para salir al paso a una crisis pública o de verdad representa un verdadero “golpe de timón” en la Fiscalía General que hasta ahora no se ha interesado en los desaparecidos.
Se trata de que el Estado cumpla con garantizar el derecho a ser buscado. Punto.
En la inédita reunión los familiares de desaparecidos pedirán al Góber que les firme el compromiso de la instalación de tres mesas de trabajo: de investigación y búsqueda, armonización legislativa y política pública, y de atención a víctimas.
El encuentro privado será en el Centro de Convenciones de Guanajuato. Ahora sí pedirán la asistencia del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.
También se espera que esté nuevamente la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.
La intención es que asistan representantes de las familias de los dos colectivos que pidieron la cita (“A tu encuentro” que agrupa a 46, y “Justicia y Esperanza” a 22).
El pasado 9 se reunieron con el secretario de Gobierno del Estado, Luis Ernesto Ayala, y con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. Fue apenas el inicio para hacer visible una historia de tragedias de las que no se habla.
Asistió la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad, Sophia Huett. Y el subsecretario de Vinculación Política del Estado, Alfonso Ruiz. A esa no se convocó ni al Fiscal ni al secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.
Los colectivos advirtieron no presentarse a la cita con Luis Ernesto (y sólo reunirse con la funcionaria federal) si no tenían amarrada la fecha para ver a Diego. Hasta horas antes del encuentro del mediodía en Irapuato les dijeron que sí.
En diciembre de 2010 se supo de siete leoneses que fueron de cacería a Zacatecas, y no volvieron. Dos testigos regresaron con vida y los policías que los interceptaron se informó estaban detenidos, pero de los desaparecidos jamás se supo nada más.
En 2011 fue noticia la desaparición de 22 guanajuatenses originarios de San Luis de la Paz en su peregrinar por “el sueño americano”, en un hecho que nunca se aclaró y del que sus familias del colectivo “Justicia y Esperanza” siguen suplicando buscar.
En años recientes, en particular el 2019, las desapariciones tocaron hasta su puerta. Las historias se acumularon, en municipios como Irapuato, de comandos armados que en las casas, en la calle, en sus trabajos, levantaban a hombres y mujeres.
Desesperados por buscar respuestas los familiares formaron el colectivo “A tu encuentro”, en Irapuato, apoyados por activistas como José
Gutiérrez. Junto con “Justicia y Esperanza” insistieron desde fin de año en una cita con el Gobernador, la respuesta no llegaba, pero llegó. La autoridad ya no puede esquivar una crisis así.
Un acierto de la política federal ha sido el de poner en el centro del discurso público el tema. En 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda tiene un presupuesto histórico de 720 millones de pesos. El registro es de 61 mil 637 desaparecidos en el país.
En Guanajuato no sabemos con claridad cuánto se destina a esa tarea, ni siquiera existe una Comisión Local de Búsqueda. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó en conferencia de prensa que es uno de los tres en falta (junto con Aguascalientes y Yucatán, donde no se compara la gravedad del tema).
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y la titular de la CNB, Karla Quintana, presentaron el pasado lunes 6 el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas”, mismo que registra que de los años 60 al 31 de diciembre de 2019 en Guanajuato hay 672 personas desaparecidas.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 solamente son 23. Y en ese mismo periodo ninguna fosa clandestina reportó la Fiscalía del Estado. Nadie creyó. En 2019 AM/Al Día dieron cuenta de 13 sitios con decenas de cuerpos enterrados.
Y es que el mismo reporte pone en “semáforo rojo” el cumplimiento de la Fiscalía General del Estado en sus informes. “Están en proceso de mandarnos información”, dijo la funcionario federal en su visita a Irapuato, para no echar más leña al fuego.
Los familiares empujaron a finales de noviembre mesas de trabajo con legisladores locales para ser escuchados en el proceso de dictaminación de tres iniciativas de nueva ley: Víctimas, Desaparición Forzada y de Declaración Especial de Ausencia.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, la panista Libia García, asegura que atenderán estándares internacionales y se aprobarán este primer semestre 2020.
El debate que viene es quiénes integrarán esa Comisión Local de Búsqueda y cómo es que operará. Los colectivos quieren que todo deje de estar en el control de la Fiscalía, que los procesos se transparenten (cuidando las reservas de Ley) y que se garantice un verdadero seguimiento de cada uno de los casos. Es todo un reto…
Rocío Naveja al Observatorio
El 20 de enero inicia una nueva era en el Observatorio Ciudadano de León (OCL) a la cabeza de la rectora de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja Oliva.
Esto luego del triste y sorpresivo fallecimiento del luchador social por la transparencia y rendición de cuentas, Luis Alberto Ramos, a finales del año pasado. Aunque ya desde hace rato Luis estaba listo para entregar la estafeta al valiente que asuma el reto de poner tiempo, dinero y esfuerzo, en una tarea a favor de León.
Se trata de la tercer época del OCL. La primera fue su nacimiento precisamente un 20 de enero de 2010 en una propuesta del ingeniero Carlos Medina Plascencia. Con la hoy regidora panista por segundo periodo, Ana Carpio Mendoza, como Presidenta, el organismo evaluaba a la administración municipal mediante modelos de calidad como el ISO IWA 4 y el Sistema Integral de Gobernanza Urbana.
Después llegó el rompimiento con la autoridad municipal al inicio del gobierno de Bárbara Botello y un nuevo comienzo sin recibir un peso de dinero público. Desde el 2013 tomó las riendas uno de los fundadores del OCL, el contador Luis Ramos. El trabajo se focalizó en tres ejes: Seguridad, Gobierno Profesional, Desarrollo Social.
Luis y Rocío coincidieron como impulsores y fundadores de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, que nació en marzo de 2016 para sentar en un mismo espacio a sociedad y autoridades para encontrar respuestas a la alza delictiva. Rocío encabezó la Mesa dos y medio años y Luis fue integrante hasta su partida.
Al no recibir recurso público (lo que garantiza su autonomía), el Observatorio requiere de las aportaciones particulares que nunca le han faltado, pero que tampoco le sobran. Uno de los retos será fortalecer el financiamiento.
El OCL debe mantener como su prioridad el tema de seguridad y justicia, y fortalecer el trabajo a favor de la transparencia y rendición de cuentas en todas las áreas de gobierno. Vigilar el gasto de la autoridad con la mayor lupa posible.
El Observatorio tiene un peso ganado en la opinión pública de León.
Señales rumbo al 2021
La inauguración de la Feria León 2020 envió mensajes cifrados en la todavía tempranera batalla por la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal.
Apareció un sonriente presidente del Patronato de la Feria, el empresario Juan Carlos Muñoz, presumiendo en su mensaje de inauguración ante el alcalde Héctor López y el gobernador Diego Sinhue, haber cumplido con sus instrucciones de garantizar una feria familiar, accesible y segura.
Aprovechó para defender la polémica tarifa de 70 pesos de lunes a miércoles a partir de la una de la tarde. “Todos los juegos están al alcance de todos”, celebró.
Agradeció al Ayuntamiento por el respaldo y el acuerdo de contar con una bolsa de recursos para financiar el acceso a la Feria para quienes no puedan pagar el costo.
Hay que estar pendiente si llega a haber quejas de visitantes por la tarifa y la acción que tome la Profeco, que bajo el mando del hoy morenista Ricardo Sheffield envió un exhorto a la Feria para que la tarifa de 70 pesos fuera opcional, pero lo batearon.
En el arranque de la Feria también estuvo otra suspirante de la candidatura a la Alcaldía, la diputada local Alejandra Gutiérrez Campos. Se sabe de su buena relación con Diego, pero ese día, lo mismo que el miércoles, Diego tronó en contra del Legislativo porque no ha resuelto la petición de deuda.
No dijo nombres pero el dardo fue directo a Alejandra, ya que en su cancha está la solicitud por 5 mil 350 millones que el Gobernador envió al Congreso desde el 2 de septiembre, como Presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local.
Ya la panista había explicado desde fin de año que esperaba más información del detalle de las obras a ejecutar con el crédito y el informe de una certificadora internacional para tener constancia que el endeudamiento no impacta en la calificación de Guanajuato, y por ende en la tasa de interés de un crédito.
Pero eso no evitó el reproche de Diego, incluso subió de tono ese día de Feria. De plano dijo que lo voten a favor o en contra si quieren, pero que ya decidan. Por supuesto sabe que será a favor, pero es una manera de presionar a los suyos.
Ante la limitación de recursos en 2019 y 2020 para activar la obra pública en Guanajuato, a Diego le urge el endeudamiento. No quiere esperar a que el periodo de sesiones inicie el 15 de febrero y entonces los diputados se sientan a resolver. Alejandra ya le dijo que le entreguen lo que se pidió y sesionarán de inmediato.
El crédito se aprobará en breve, no hay duda. Pero ahí queda el día de la inauguración de la Feria donde Juan Carlos sonrió y Alejandra salió raspada.
Ambos son dos de las cartas más fuertes al 2021.
Abajo las cortinas
La inseguridad sigue afectando a la economía celayense y más negocios siguen cerrando sus puertas ante este mal que parece no tener fin.
Esta semana el robo a un bar en Celaya provocó que cerrara sus puertas de forma indefinida sumándose a una larga lista de establecimientos que han tenido que cerrar por la inseguridad que impera en el municipio.
Hasta el momento, ni el Gobierno Municipal ni cámaras empresariales le han querido poner cifras al grave problema pero es más que evidente que desde el segundo semestre del 2019 decenas de negocios han cerrado ya sea por ser víctimas de robos o al ser extorsionados.
Uno fue la agencia distribuidores de automóviles “Ford Montes”, que luego de 50 años de vida cerró a finales de septiembre por presuntas amenazas del crimen organizado. Hasta hoy es fecha que no ha reabierto sus puertas.
El cierre de tortillerías por extorsiones, en agosto, puso a Celaya en la mira nacional e internacional por este problema que ha tenido repercusiones incalculables.
Un mes después, la detención de una presunta banda de extorsionadores intentó calmar las aguas aunque es un secreto a voces que las extorsiones continúan. Hasta noviembre casi mil establecimientos habían sido asaltados con violencia.
Esta situación trajo como consecuencia que decenas de negocios como tortillerías, taquerías, ferreterías, salones de fiestas, consultorios médicos, lotes de autos, carpinterías, herrerías, entre otros, bajen sus cortinas o pinten sus fachadas para pasar desapercibidos y así evitar ser víctimas de la delincuencia.
En el mejor de los casos los establecimientos han reabierto, pero en la mayoría permanecen cerrados y varios microempresarios han decidido mudarse a Querétaro donde, dicen las cámaras empresariales y los gobiernos Municipal y Estatal, empiezan a ver con preocupación la gran cantidad de personas de la región que comienzan a llegar para establecerse.
La realidad ha superado la intervención gubernamental en Guanajuato que no ha querido aceptar el problema.
El argumento es que no hay reportes de cierres de negocios ya que no se tiene que realizar un trámite para dar de baja al negocio, mientras tanto la economía se estanca y la inseguridad sigue ganando la batalla.