Enero 2020, sin salida…
En Guanajuato la guerra sigue. Las tragedias diarias parecen normales.
Enero 2020, una semana antes de que termine, es el peor mes de la historia reciente en Guanajuato. Este sábado rebasó el récord de 346 víctimas que tenía noviembre 2019.
Los muertos de enero en esta tierra son más que los registrados todo el año pasado en: Coahuila (288), Querétaro (196), Nayarit (183), Tlaxcala (175), Durango (170), Aguascalientes (102), Baja California Sur (84), Campeche (76) y en Yucatán (33).
No hay justificación alguna para acostumbrarse a un estado de sangre.
Un día como el viernes pasado, de 22 ejecuciones, no debería repetirse. Aunque entre las autoridades parece que no pasó nada. En cualquier otro lugar del mundo eso obligaría a una convocatoria urgente de los tres niveles de gobierno para revisar qué está pasando, qué vamos a hacer, por qué no hubo detenidos (al menos que sepamos). Pero no, aquí es fin de semana. A descansar.
El estado de Guanajuato cerró el 2019 con 3,540 víctimas de homicidio doloso, un 7.6% de incremento respecto a las 3,290 que se registraron en el ya de por sí violentísimo año 2018, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicado -como cada mes- el pasado día 20.
Eso significa el 10% de los 34,582 víctimas de homicidio dolosos en todo el país. Un promedio de 10 asesinatos diarios, que en el arranque de año se disparan hasta 14.
Somos, por segundo año consecutivo, el estado con más víctimas. Le siguen: Baja California 2,859, Estado de México 2,856, Jalisco 2,672 y Chihuahua con 2,554.
En el reporte de tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes cerramos el año en el quinto lugar, detrás de Colima, Baja California, Chihuahua y Morelos.
En el año 2018 fuimos sexto, por lo que en el 2019 desplazamos a Guerrero y a Quintana Roo, y nos superó Morelos que en 2018 estuvo por debajo de Guanajuato.
Pero en el 2017 tuvimos el lugar ¡16! (año en el que, hay que recordar, las cifras que reportó la Procuraduría de Guanajuato al Secretariado, de 1,423 víctimas, para nada coinciden con el registro de AM/Al Día y con el reporte oficial del INEGI, de 2,285).
Y en 2015 (un año sin tanta discrepancia en datos de víctimas entre INEGI y el Secretariado) Guanajuato fue lugar 12 en tasa de homicidios, por debajo de las siguientes entidades: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Baja California, Colima, Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Tamaulipas y Quintana Roo.
La descomposición
También se cae con sus propios datos el discurso de años del Estado de que se trata de un problema focalizado en la violencia homicida, que se matan entre bandas de delincuentes y el resto de los ciudadanos no hay de qué preocuparnos.
Y luego nos dicen que en otros de los delitos del fuero común y federal no estamos tan mal. En el caso del secuestro las cifras son bajas, pero la descomposición es generalizada.
El robo a casa-habitación se disparó de 2018 a 2019 en un ¡70%!, de 2,847 a 4,858, eso solamente en las carpetas abiertas donde hay una denuncia formal presentada.
El robo a automóvil pasó de 4,150 a 4,538, un 9% más, pero al considerar solamente el robo de auto con violencia el incremento es de ¡41%!, de 1,548 denuncias en el 2018 a 2,187 el año pasado. Los relatos usted los conoce bien, principalmente en la región Laja-Bajío donde el conductor vive atemorizado.
El robo a negocio aumentó un 2.8% (de 7,099 a 7,297), pero con violencia fue hasta un 19% (3,018 a 3,597 denuncias), según el reciente reporte del Secretariado.
Las denuncias por violencia familiar aumentaron 7.6% (de 10,356 a 11,142).
Y en cuanto a narcomenudeo, donde tenemos varios años en los primeros sitios de denuncias, en 2019 sigue la tendencia con 8% a la alza (de 8,739 a 9,440).
El panorama está claro, la violencia y la inseguridad permean en todos los sectores y en todos los rincones. Los ciudadanos de Guanajuato viven con más miedo.
Del slogan mediático “golpe de timón” ya nadie habla, ni el Gobernador. Se repite convencido de que los cárteles que operan en la entidad están debilitados y que tarde que temprano la violencia homicida debe reducirse. Pero todo empeora.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refiere en sus “mañaneras” a la problemática en Guanajuato con un mensaje de buenos deseos, y, a menudo, con datos que ni siquiera son exactos en el número diario de víctimas. Y la promesa desde otros sexenios: enviar más elementos federales. Nada resuelven.
“Los guanajuatenses no están solos”, fue la frase que soltó AMLO el miércoles. Y hasta celebró que el lunes anterior, según sus datos, solamente hubo tres muertos en Guanajuato (aunque el conteo de AM/Al Día registró ocho). Y sí, ese fue el “mejor” día, el martes sumaron 16, miércoles 11, jueves 12 y el viernes 22.
Y en la tormenta el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, sale a arremeter contra un líder empresarial, José Arturo Sánchez, que pide cuentas.
Salud, incertidumbre
La operación del sistema de salud en Guanajuato está en la incertidumbre.
El mismo gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha declarado estar confundido con el presupuesto federal que llegará en 2020 para salud, que en Hacienda le dicen que no se preocupe, que no habrá afectación, pero los datos le dicen otra cosa.
Un documento de análisis de la Secretaría de Salud de Guanajuato resume así el problema: “Hay ambigüedad en cuanto el funcionamiento, operatividad, cobertura y esquemas de financiamiento, que nos enfrentan a un panorama incierto”.
“Para el 2020 se cuenta con el recurso necesario para la operación del sistema de salud en Guanajuato, para los ejercicios 2021-2024 no se tiene certeza de que existan suficientes recursos federales para la operación del sistema”, dice el texto.
Los que siguen son días definitivos de negociación entre los estados que, como Guanajuato, ya dijeron claramente que no firmarán un convenio de adhesión al nuevo Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), aunque sí de colaboración. Los detalles de ese convenio es lo que está por definirse en una mesa técnica.
Así se acordó en la reunión entre el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en representación de la alianza de gobernadores del PAN, con el secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, y el director general del Insabi, Juan Antonio Ferrer.
En ese encuentro también participó el legislador federal leonés del PAN, el médico Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro.
Lo aceptado hasta ahora es que los estados gobernados por el PAN continuarán administrando sus servicios de salud. No cederán el control a la Federación.
Lo que falta definir es lo más importante: la garantía de financiamiento del servicio.
La negociación panista parte del principio que cuando menos se atiendan las 294 intervenciones y los 66 servicios de gastos catastróficos que estaban garantizados por el Seguro Popular, y a partir de ahí incrementar la cobertura a la brevedad.
Por eso están pidiendo transparentar y redefinir el destino de los 40 mil millones de pesos que pertenecían al Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, y que cuentan con recursos estatales. Advierten entonces que sea un reparto discrecional.
El Seguro Popular atendía a 53 millones de afiliados y el nuevo Insabi promete atender a 69 millones, además de que todo servicio de primer y segundo nivel sea gratuito y que al final del año la gratuidad alcance también hasta el tercer nivel de atención.
Una maravilla en el discurso, pero las cuentas no les están saliendo.
Entre 2015 y 2020 el gasto federal en salud disminuyó en 0.4 puntos porcentuales respecto al PIB, al pasar de 2.8% a 2.4%. Para atender a la población sin seguridad social el Insabi necesitaría 792.6 mil millones de pesos, monto que representa el 3.2% del PIB, es decir, siete veces más que lo que asignó la Federación para 2020.
En 2020 el presupuesto para salud en Guanajuato es inferior en 9.6% real respecto a 2019. El año pasado ejerció 14 mil 267 millones de pesos (operación e inversión) y para 2020 se dispone de $12 mil 897 millones, menos incluso que los $12 mil 991 millones que ejerció en el 2017, según un reporte elaborado por Gobierno Estatal.
De acuerdo a Coneval (organismo público que mide la pobreza en el país) en Guanajuato el Seguro Popular disminuyó en 62% la carencia por acceso a servicios de salud. La carencia pasó de 36.2% a solamente el 13.7%. En 2008 el Seguro Popular tenía 1 millón 893 mil afiliados y en 2018 cerró con 3 millones 011 mil.
Y no es que el Seguro Popular lo tuviera todo resuelto en Guanajuato (y mucho menos en otros estados del país) lo cierto es que mediciones serias reflejan que era uno de los pocos indicadores que impactan en la pobreza que sí muestra avance. El gran reto era ampliar la cobertura a los que aún no la tenían y mejorar la calidad.
Ahora habrá que reinventar todo nuevamente, con la promesa de que será mejor.
Por lo pronto, sin reglas de operación, hoy hay muchas más dudas que certezas. Ya parece que la discusión ni siquiera está en la mejora de lo que teníamos, sino en al menos continuar con la atención a los pacientes como se tenía, el no retroceder.
Deuda, sin pretexto
Luego de cuatro meses y medio el Congreso del Estado le dijo que sí a la solicitud de endeudamiento que le pidió el gobernador Diego Sinhue por $5 mil 350 millones.
Al final fueron 31 votos a favor y cuatro en contra de legisladores de Morena (la sorpresa fue la morenista Lupita Salas votando a favor, ya veremos cómo le va en su partido). La representante del PT, quien sorprendió ganando su distrito en Salamanca con la inercia obradorista, María de Jesús Eunices Reveles, no asistió.
El Legislativo le fijó a Diego que tiene hasta el 2021 para invertir el recurso, pero el Gobernador trae prisa y ya giró instrucciones al secretario de Finanzas, Héctor Salgado, para que cuanto antes se realice la subasta para contratar el crédito.
Se trata de la apuesta inmediata del Gobernador para superar la caída registrada el año pasado en la ejecución de infraestructura pública, de lo que culpa insistentemente a los recortes del Gobierno Federal, aunque también la redirección del gasto estatal a la seguridad mermó el presupuesto para ese rubro.
Hasta hoy, y eso es cierto, la Federación no ha puesto un peso a los grandes proyectos de infraestructura que Diego le dejó en su escritorio al Presidente desde diciembre 2018.
El 10 de enero se comprometió a visitar Guanajuato el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pero no estuvo. Diego lo invitó para convencerlo de la urgencia de respaldar la ampliación de la carretera Silao-San Felipe, una promesa incumplida del sexenio de Enrique Peña, y clave en el tránsito de mercancía al norte del país.
En diciembre se le envió el convenio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que le ceda la concesión y el derecho de vía ya liberado para que sea el Gobierno del Estado quien construya la prometida (desde hace una década) autopista de Silao a San Miguel de Allende. No hay respuesta.
Ambos proyectos requieren de millonaria inversión y no son parte del paquete contemplado en el endeudamiento, que está destinado a los rubros (con obras por definir): carretero, desarrollo social, educación, salud y seguridad pública y jurídica (eso incluye infraestructura para el nuevo Sistema Oral de Justicia Laboral).
Lo importante es ahora asegurar que la deuda se invierte bien y transparentar la ejecución de cada uno de los proyectos en una plataforma pública de fácil consulta.
Guanajuato tiene capacidad financiera para contraer el crédito, está claro que sí. Pero también queda claro que es una apuesta única, ya no habrá otro crédito.
El gran reto de Diego y todo su gabinete será ahora encontrar las alternativas para financiar el desarrollo para lo que le resta del sexenio, eso en un escenario de una economía internacional y nacional en apuros y con un Guanajuato que “perdió gas” en su crecimiento desde 2018, 2019 y el pronóstico 2020 que ronda en el 1%.