El pasado 8 de enero del año en curso en una sesión del Pleno del Poder Judicial del Estado, se eligió por votación unánime, en aproximadamente 10 minutos (según las noticias) al nuevo Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato.
Este hecho denotó que al llegar a ese momento previamente todo se había preparado para lograr ese resultado y designación.
Desde un mes anterior ya se había publicado en diversos medios de comunicación, la decisión de ese nombramiento, en algunos a través de la información cotidiana, y en otros a través de las columnas periodísticas, de los editorialistas y por comentaristas también de la radio y la T.V.
Quien tuvo mayor resonancia fue el periodista Arnoldo Cuéllar en el portal electrónico POP LAB (5 de enero del 2020), en el cual aludió al desaseo de que sería objeto esta elección, puesto que la designación anunciada como Presidente de ese Poder Estatal al C. Magistrado
Héctor Tinajero Muñoz, estuvo precedida de una campaña a cargo de un grupo politico-empresarial encabezado por el ex gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, por los empresarios Rafael Barba Vargas, apodado “El Gallo”; y Alejandro Herrera Sánchez, entre otros, pues en los periódicos El Sol de Irapuato y El Sol de Salamanca publicaron con antelación de una semana el encabezado: “Tinajero es el virtual Presidente del STJE”; aunque valga la aclaración que este periódico am también había informado de este hecho en su columna dominical “La Olla” (15 de diciembre del 2019).
Lo que debemos cuestionarnos con estas campañas sería lo concerniente al grupo que saldría beneficiado con la influencia en la decisión de los Magistrados, no solamente desde el Poder Ejecutivo en funciones sino desde los mencionados y los que desconocemos que hayan filtrado los adelantos de acuerdos tomados dentro y fuera del Poder Judicial, a este diario.
En un chat del Colegio de Abogados de León en el que participamos poco más de 200 integrantes, en general nos congratulamos de la elección del magistrado Héctor Tinajero Muñoz, señalando diversas cualidades del mismo, pero en relación con su trayectoria profesional, su desarrollo en la carrera judicial, su probidad y honestidad reconocidas se soslayó que tampoco había ningún problema con otros Magistrados que también fueron mencionados para dicho cargo todavía hasta fines del mes de agosto, como lo fueron Daniel Federico Chowell Arenas, Jose Luis Aranda Galván y Diego León Zavala, con iguales o mayores merecimientos.
Ello, porque afortunadamente para los guanajuatenses, no adolecemos de corrupción en esas instancias, como sí sucede en otros estados del país, donde sobresale en ese rubro el vecino Estado de Jalisco, la Meca de la corrupción judicial.
En realidad los problemas que debe superar el Poder Judicial en Guanajuato son otros; precisamente en los relativos a la autonomía y criterio de que deben gozar cada uno de los Magistrados que lo integran, puesto que, aún siguen habiendo diversas circunstancias y factores que intervienen e impiden su fortalecimiento.
Simplemente me referiré a la demanda que desde 1997 solicitó el Poder Judicial para que se le fijara un porcentaje sobre el total del presupuesto anual del Estado, en una dimensión aproximadamente del 3 al 3.5%, para así obtener su autonomía e independencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a efecto de sufragar los gastos para su funcionamiento y crecimiento debidamente programado; pero es el caso que esta circunstancia no se ha cristalizado, de tal manera que sigue subordinado cada año a la fijación del presupuesto a cargo de los otros dos poderes.
Y también, ni qué decir acerca de los nombramientos y designaciones de cada uno de los Magistrados, los cuales si bien son propuestos alternadamente tanto por el Gobernador como por el Pleno del Poder Judicial, quienes terminan decidiendo el nombramiento de los mismos, son los integrantes del Poder Legislativo, así que cada uno de los titulares de las Salas Penales y Civiles se deben a la propuesta y designación de algunos personajes políticos poderosos y del momento que fueron designados.
En esta dinámica descrita resulta por demás obvio, como ha sucedido en los últimos 18 años, a veces más a veces menos, que también intervienen los dirigentes en su oportunidad del Partido Politico en el Poder, en este caso, el Partido Acción Nacional, a través de los liderazgos en el Congreso del Estado.
En consecuencia que la misma suerte corren las decisiones sobre la ratificación de estos funcionarios judiciales para duplicar su periodo de actuación de siete a 14 años.
Así pues recordemos algunos que no lo han logrado y que ignoramos las causas reales de su desgracia (probables rebeldías, no acatamiento de recomendaciones, antipatías con miembros del Ejecutivo o del Legislativo, de revanchas partidistas, etc.), tales como los Magistrados Sebastián Barrera, Carlos Fuentes y recientemente Eduardo Hernández Barrón.
Por consiguiente, no es suficiente que los Jueces y Magistrados sean solamente ejemplares por su talento, su probidad y su valentía, sino que sean impermeables a los caprichos y voluntades de los gobernantes, fuertes ante el autoritarismo y de quienes detentan el poder por su riqueza, por lo que el juzgador debe ser independiente, imparcial y competente, digno y valeroso, por ello deben resistir la influencia política y el agradecimiento a quienes los nombraron.
En este sentido puedo traer a colación el artículo del eminente doctor en Derecho, Sergio García Ramírez, que nos compartió el maestro Elías Henaine, en donde relata que cuando fue designado Presidente del más alto Tribunal de Francia, por parte del entonces Presidente de la República, Francois Mitterrand en 1986, el ilustre Jurista Robert Badinter, y se le preguntó si esta circunstancia empañaría su nombramiento; repuso sin vacilar que el primer deber que cumpliría en su nuevo cargo sería el “deber de ingratitud”; sí, ingratitud -si así se mira- hacia quien lo designó, pero gratitud y compromiso con la Nación que aguarda Justicia.
Esta actitud necesitamos de los Magistrados de Guanajuato si estuvieran en otras circunstancias. Por ahora, aún se doblegan.