León, Guanajuato.- Morena Guanajuato pedirá al Congreso de la Unión que inicie el procedimiento de un juicio político en contra del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por no cumplir con su obligación constitucional de garantizar el orden y la seguridad.
“Vemos un Gobernador despreocupado por la prevención del delito, no hay una coordinación con los municipios, hay irresponsabilidad, pero también analizamos llevar a Diego Sinhue a un juicio político por la inseguridad que prevalece”, declaró Alma Alcaraz Hernández, presidenta en funciones de Morena en Guanajuato.
La resolución condenatoria en este caso se sanciona con la destitución.
El artículo 77 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que refiere a las facultades obligaciones del Gobernador del Estado anota en su fracción IV la de: “Procurar la conservación del orden, y vigilar la tranquilidad y seguridad del Estado”.
Y citó un párrafo del artículo 21 constitucional que dice: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad a la Constitución y las leyes”.
Indicó que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública obliga al Ejecutivo a presentar el Programa Estatal de Seguridad Pública y el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y en Guanajuato no se conoce de ninguno.
El principal responsable de mantener la paz y la seguridad en Guanajuato se llama Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no es una ocurrencia de Morena, así lo dice la Constitución Política y las leyes, y esta persona con acciones, y más con omisiones, ha incurrido en omisiones graves que han terminado en un baño de sangre”, dijo.
Y acusó al Congreso del Estado de no cumplir su función de revisar anualmente los avances en el cumplimiento de los programas de Seguridad y de Prevención.
Por la violencia insostenible insistió en la renuncia del secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y en iniciar con el proceso legal para la remoción del fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
Alma Alcaraz remató que desde la Guerra Cristera (a finales de los años 20″s) no había tal nivel de masacres en la entidad y acusó al desdén de autoridades actuales y anteriores que dijo están más ocupadas en “hacer negocios al amparo del poder”.