Este mes se cumple un año de la ratificación en el Congreso del Estado, gracias a los votos del grupo parlamentario del PAN, del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre.
Hoy, luego de 12 meses con cifras brutales de homicidio que alcanzaron los cuatro mil 494 asesinatos (Reportaje de la BBC), incluyendo a 390 víctimas menores de edad, y con un inicio de 2020 de 453 muertes violentas, las cifras son indicativas de un desempeño nefasto.
Por eso, no debemos olvidar las declaraciones, respecto al respaldo a la ratificación del fiscal, que expresó el diputado Miguel Ángel Salim Alle en febrero de 2019: “… no es un cheque en blanco, que quede bien claro, ya lo platicamos con el Gobernador y quedó perfectamente claro, que se va a estar evaluando el trabajo de Zamarripa, si el señor no da resultados los primeros en levantar la voz, vamos a ser los diputados… El grupo Parlamentario del PAN no ha dado una fecha fatal, pero yo en lo personal, yo como Miguel Salim creo que un año es más que suficiente para dar resultados”. Ese año ya se cumplió.
La declaración ha quedado, hasta ahora, en el aire; todo sigue igual, salvo el crecimiento desbordado de la violencia en la entidad. Parecería que los encargados estatales cumplen sus encomiendas puntualmente, generando resultados positivos.
Los diputados que conforman la fracción mayoritaria, duermen plácidamente el sueño de los justos, sin responsabilizarse por su funesto nombramiento.
Ahora mismo en el recinto legislativo del Estado, se procesa una Ley de Desaparición Forzada y una Ley de Víctimas, síntoma inequívoco del deterioro de nuestra paz pública. No hay un solo dato que indique que las cosas mejoren.
El desconcierto y terror, especialmente en la zona de Celaya, Salamanca e Irapuato, resulta insoportable para los habitantes de esas locaciones.
Los diarios dan cuenta, cada día, de baleados, embolsados, descuartizados y decapitados, esparcidos por calles, carreteras, brechas y terrenos baldíos.
La queja del gobierno federal, a través de su secretaria de Gobernación, la abogada Sánchez Cordero, no puede ser más clara, luego de presentarle a nuestro Gobernador “información de inteligencia” que él se niega a aceptar.
En las corporaciones federales, no hay confianza en el actuar de las instancias estatales de Seguridad Pública y Fiscalía. ¿No lo entienden o no lo quieren entender?
Y los diputados responsables de haber nombrado al actual Fiscal, continúan apaciblemente en sus curules, en tanto Guanajuato se hunde en una violencia imparable.
Es hora de que afronten su responsabilidad, de que presenten el cheque, que dijeron que no era en blanco y que le extendieron al Fiscal, y lo llamen de inmediato a cuentas, no en espacios privados, sino en una audiencia en la que se le enfrente con dureza y seriedad y se le exijan explicaciones sobre la problemática mortal que nos acosa. Tenemos derecho a ello.
La ventaja que hoy tiene la ciudadanía, especialmente la de las ciudades más golpeadas por la delincuencia, es- ¡oh ironía!- una ratificación exactamente igual a la que la fracción mayoritaria le obsequió a Zamarripa; pero esta vez respecto a cada diputado estatal.
Es la ratificación para que continúen representando a los ciudadanos, y se llama técnicamente “posibilidad de reelección”.
Del cumplimiento a su compromiso irrenunciable, puesto que la Fiscalía General del Estado es ya un órgano autónomo, son ellos, y solo ellos, quienes deben exigir la rendición de cuentas del Fiscal por su fracasada gestión.
Si no lo hacen, la ratificación ciudadana, en el proceso electoral del 2021, debe de meditarse a fondo.
La temeraria imprudencia de ratificación, no obstante el mal desempeño en sus funciones, que ya presentaba el viejo Procurador, debe de ser cobrada por los guanajuatenses.
Habrá que negarles su ratificación (reelección) a los actuales diputados que lo sostengan. Solo así entenderán nuestros políticos.
No hay otro camino, hay que hacerlos pagar el costo de preferir cumplir las instrucciones de un tenebroso jefe político estatal, ya sin cargo público alguno, que mantiene el compromiso de sostener a Zamarripa en el cargo de Fiscal, cueste lo que cueste.
Solo oscuros pensamientos pueden justificar su proceder. Y allá ellos, los serviles diputados, que deberán perder su preciada reelección si los ciudadanos actúan en congruencia. Solo a eso le temen.