Guanajuato capital.- Luego de que AM publicó que el diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba, se brincó leyes federales para construir un fraccionamiento residencial en Santa Rosa de Lima, en la sierra de Guanajuato, políticos y empresarios de Irapuato manifestaron que no se han visto castigos contundentes por parte del Gobierno del Estado para sancionar este tipo de acciones.
“Si se comprueba que el diputado (Fernando Ascencio Barba) lo está haciendo no se me hace una conducta apropiada, aunque él dice que tiene todos sus documentos en regla, esperemos que si los tenga y si continúa con el proyecto está bien siempre y cuando cumpla con todos los requisitos y que también estén de acuerdo los habitantes de la sierra (de Santa Rosa)”.
Si es el caso que no tenga los documentos en regla debería haber una sanción, pero esperemos que todo salga en orden”, expuso Gerardo Padilla Fuerte, regidor priísta.
Karen Guerra Ramírez, también edil tricolor, expuso que todos los ciudadanos están obligados a respetar y cumplir las leyes.
“Independientemente de si estás ejerciendo o no una función pública, todos los ciudadanos estamos obligados a respetar las leyes y al momento de convertirnos en un servidor público pues esa obligación es doble.
Debemos ser los primeros en garantizar el respeto a las leyes. En el caso de la investigación, me parece que hay elementos suficientes para considerar que el diputado seguramente está haciendo uso de alguna situación que lo está favoreciendo por encima de otros ciudadanos“, dijo.
Manifestó que esta es una práctica que se tiene que erradicar y acusó que, a varios panistas, se les ha hecho ya un deporte.
Sostuvo que en Guanajuato ya ha habido otros casos de corrupción en diferentes temas, pero que pareciera que a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas “le pasan de noche”.
“Gobierno del Estado siempre sale a decir que iniciarán una investigación y que se dará cuenta de ello, pero los guanajuatenses no hemos sido testigos de que Acción Nacional, siendo gobierno, sancione de manera contundente a quienes realizan estas prácticas y que a través del servicio público incrementan su patrimonio, lastiman a la ciudadanía y afectan la credibilidad en las instituciones“, expresó.