León, Guanajuato.- El Partido Verde Ecologista en Guanajuato presentará una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para que se proteja el derecho al medio ambiente de los pobladores de Santa Rosa.
Esto en relación al proyecto La Cucursola (hoy suspendido por la Profepa) en un terreno de 6.8 hectáreas donde se ofrecían 49 lotes de 900 metros, por la empresa Loma de Irapuato, propiedad del diputado federal del PAN, Sergio Ascencio Barba.
Estamos recabando la información necesaria, fidedigna, para presentar la denuncia en Derechos Humanos y defender a los pobladores en su derecho a un medio ambiente sano”, anunció el diputado local Israel Cabrera Barrón, acompañado por el dirigente estatal del PVEM, Sergio Contreras y la diputada Vanessa Sánchez.
Resumió que hay una gran preocupación principalmente por el abasto de agua por la presa El Peralillo, que de por sí ya es insuficiente para toda la comunidad.
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Además de afectar con cercas el tránsito de las especies nativas (como venados) y el impacto visual que ya se generó con la huella de concreto en los caminos construidos, pues ese tipo de materiales no permiten infiltrar el agua al subsuelo.
Consulta a Semarnat
También se refirió a la consulta que realizó el empresario a la Semarnat el 22 de mayo 2015 y en la que la dependencia a su cargo le respondió que el proyecto de fraccionamiento turístico recreativo (hotel) La Cucursola no requería contar con autorización de impacto ambiental en materia Federal para la construcción.
Israel Cabrera, ex Delegado de la Semarnat en Guanajuato, leyó el párrafo del oficio que dice que “en caso de que no se ajuste a lo aquí referido y pueda establecer dentro de alguna de las actividades establecidas en el Artículo 5, el trámite que deberá ingresar ante esta autoridad es la de Manifestación de Impacto Ambiental”.
El actual diputado local del PVEM sostiene que, ante las especificaciones finales del proyecto a desarrollar, sí era necesario el realizar ante Semarnat el trámite de “Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso de Suelo en Terreno Forestal”.
Y para ello se requiere cumplir tres pasos:
- autorización del Consejo Estatal Forestal
- opinión técnica de la autoridad estatal
- y municipal y pago al Fondo Estatal Forestal.
Profepa le solicitó precisamente ese cambio de uso de suelo en terreno forestal y, al no presentarlo, se suspende el desarrollo. Hay que esperar que la dependencia federal determine el impacto ambiental que se dio y proceda una sanción, anotó.
El otro oficio que emitió como Delegado de Semarnat respecto a ese proyecto dijo fue el del aprovechamiento (tala) de dos árboles encinos en terrenos no forestales.
El dirigente estatal del Verde, Sergio Contreras, opinó que la legislación federal, estatal y municipal en materia territorial es compleja y se debe modificar para garantizar el equilibrio ecológico en todo desarrollo urbano e inmobiliario.