Soy médico, salubrista, que he sido y continuaré siendo un luchador en contra de las adicciones ya por drogas hoy legales como el alcohol y el tabaco, o ilegales como la marihuana, cocaína, crack y otras.
Por ello, fui el promovente de la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT), que ha dado resultados a disminuir la carga de la enfermedad.
También he reconocido en mis propuestas legislativas que quien es adicto no es un delincuente, sino un enfermo, quien tiene como garantía el derecho a la protección de la salud al menos en tres dimensiones: protegerlo de los riesgos conductuales, como dejar de fumar o vapear.
Protegerlo a él y a quienes le rodean de los riesgos ambientales, como el humo de segunda mano y de las emisiones del aire libre; y por último, protegerlo de caer en gastos catastróficos que lo hagan más pobre, como ayudarle a recibir consejería, ayuda psicológica, terapias medicamentos para dejar su adicción, en el caso del tabaco hay diversas opciones terapéuticas.
La tasa de tabaquismo en México, considerando aquellos fumadores que lo hacen diario, es del 7.6%, fuman más de 15.6 millones de personas.
Los ingresos a la Federación y las entidades federativas a través de los impuestos especiales a productos y servicios al tabaco y productos relacionados serán de más de 43 mil 600 millones de pesos para este año.
Los efectos del consumo de tabaco en la salud de la persona, su familia y la sociedad son terribles.
Ocurrirán este 2020 más de 170 muertes cada día (más de 60 mil al año), y la discapacidad que produce es también mayúscula por las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a su consumo.
Lo más crítico que reveló la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017 (Encodat) fue que, el grupo más vulnerable son los jóvenes de 12 a 15 años, fumando por igual hombres y mujeres. De aquí surge mi primera recomendación:
No fumar y proteger a nuestros jóvenes.
Un hallazgo inesperado de la Encodat fue que 5.9% (cinco millones) de la población alguna vez usó cigarro electrónico; un millón de los exfumadores los había utilizado y; de los que fumaban al momento de realizar la encuesta, el 18.8% (2.8 millones aproximadamente) usa o alguna vez utilizó el cigarro electrónico.
Digo que es inesperado, porque la Ley General para el Control del Tabaco prohibía su utilización, expresamente en su artículo 16 fracción IV.
Lo que evidencia de manera contundente dos cosas: 1) Un mercado ilegal no regulado de venta y distribución de cigarros electrónicos, vapeadores y sus insumos, desconociéndose su seguridad y calidad.
2) La falla del Gobierno Federal (Cofepris) y las entidades federativas (Coepris) para hacer cumplir la normativa.
La demanda de estos dispositivos en cantidades que superan las tres cifras abrió un mercado para que los particulares en locales fijos o virtuales iniciaran la venta de diferentes tipos de dispositivos, modalidades y sabores.
Al verse algunos de ellos frenados por la autoridad -y que bueno haya sido así, pues cumplían con su deber-, acudieron ante la autoridad judicial.
En respuesta la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ha otorgado a los vendedores, ya tres amparos y va por el cuarto, al considerar que la veda absoluta de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea producto del tabaco, pero que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, prevista en la LGCT, se encuentra fuera de proporción y, por ende, es contraria al principio de igualdad en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy en el Congreso de la Unión hay siete iniciativas que tienen la intención de proteger el derecho a la salud al regular esta demanda existente.
La evidencia científica sobre el vapeo no es concluyente, pero se sabe causa daño, menor que el tabaco, pero lo causa. De aquí mi segunda recomendación: No vapee, protejamos nuestros jóvenes.
Convocamos al ejecutivo federal y a todos los interesados en el tema, que, mediante parlamento abierto, discutamos con seriedad, lo mejor para el bien común de México.
Determinar si fuera el caso, sobre el sentido y los alcances, en su caso, de las modificaciones que pudiera requerir la LGCT, a la luz del Derecho a la protección de la Salud.
Declaro, por último, que no tengo ningún conflicto de interés, salvo el ser la voz de mis representados, defender los derechos y exigir las obligaciones de nuestro gran pacto social que es la carta magna.