No se vale
La natural y necesaria exigencia de seguridad que hizo el Observatorio Ciudadano de León (OCL) provocó el enojo del gobernador Diego Sinhue.
Sabemos que a ninguna autoridad le gusta que la pongan contra la pared, pero la respuesta del Mandatario sorprendió a propios y extraños. No guardó las formas, ni disimuló; decidió romper con el grupo ciudadano.
La publicación de un desplegado del OCL, que desde hace un mes comanda la rectora de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja Oliva, fue el motivo.
Fue una simple invitación a reunirse con el alcalde Héctor López; el gobernador Diego Sinhue; y el delegado federal de Programas para el Desarrollo, Mauricio Hernández, y recordarles que el 20 de enero (que tomó protesta Rocío) los convocó a los dos primeros a presentar informes semanales de resultados en seguridad.
Ese día 20, el síndico y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, Christian Cruz y la vocera de Seguridad del Estado, Sophia Huett, le dieron la bienvenida a la nueva Presidenta del Observatorio y se dijeron prestos a colaborar.
Al no tener respuesta y ante la insostenible situación de violencia, publicaron lo siguiente: “La mayoría de los ciudadanos de este país hemos olvidado que tenemos el derecho a vivir con tranquilidad y aún más, a exigir a quienes asumieron el compromiso de resolver el grave problema de inseguridad. ¡Basta ya de minimizar el problema, los ciudadanos exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno cumplir con su responsabilidad, exigimos PAZ!
Todos esperaban que la respuesta fuera agendar una cita para intercambiar información sobre lo que están haciendo en el tema de seguridad, y en esa mesa discutir la conveniencia o no de presentar los informes semanales que les piden.
Tal vez sea mejor un periodo mensual para evaluar el comportamiento delictivo y el resultado de las acciones, e incluso podrán rebatir que ese trabajo lo haga la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León (en la que está sumado el Observatorio) y que precisamente se creó con ese objetivo de estar coordinados los representantes ciudadanos y las autoridades de todos los niveles.
Pero todo eso es la forma, lo importante es el fondo: la exigencia de seguridad.
Serenos
Diego respondió irritado, probablemente presionado porque las cosas no están saliendo como esperaba a unos días de que rinda su II Informe de Gobierno (el primer jueves de marzo).
Lanzó una descalificación generalizada al OCL desde su fundación hasta hoy. Y eso incluye las tres etapas del organismo: la primera encabezada por Ana María Carpio Mendoza, la segunda por Luis Alberto Ramos (q.p.d.e) y hoy con Rocío Naveja.
El alcalde Héctor López, envalentonado por los dichos del Gobernador, de plano se atrevió a calificar de “ocurrencia” eso del informe semanal, aunque en el fondo lo que ambas declaraciones hacen es demeritar el justo reclamo por la seguridad.
Y puede entenderse que no haya empatía de Héctor y Diego con Rocío, o con parte clave de su equipo como el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb, por ser críticos cuando buena parte de la clase empresarial acostumbra aplaudir a las autoridades que deben servirnos.
Además, los dichos de Diego apuntaron a todos lados, y a ninguno. En su animadversión con el ahora morenista Ricardo Sheffield -quien apoyó el primer Observatorio como Alcalde panista-, se llevó de paso a su impulsor que fue Carlos Medina Plascencia, coordinador del plan de gobierno en la campaña de Diego.
También a su hermana, Alma, quien como regidora panista lo respaldó. Y a su primera presidenta, Ana María Carpio, regidora por el PAN que repite en el cargo. Y, tristemente, cuestiona la labor entregada de siete años del contador Luis Ramos.
Hay que recordar que desde el periodo de la alcaldesa Bárbara Botello el OCL concluyó todo vínculo con recurso público y se sostiene con donativos particulares. Es tiempo, dinero y esfuerzo de los ciudadanos que se debe aplaudir, no atacar.
Si algún estudio u opinión no se comparte, se vale disentir, pero no, como lo expresó el Gobernador, cerrar de un portazo ojos y oídos para ese organismo.
Además, el Observatorio no descubre el hilo negro, gran parte de sus reportes están basados en datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León.
Seguramente ya más sereno, el Gobernador y su equipo (si es que le hablan con la verdad y no se van por la fácil de lo que “usted diga”) habrán de reconsiderar su postura y entender que la preocupación es una: ¿cómo vamos a recuperar la paz?
De no ser así el OCL no pierde, ellos son voz de los ciudadanos, y así deben seguir.
Mientras tanto febrero será el mes con más víctimas de homicidio en la historia de León (hasta escribir estas líneas febrero sumaba 66 víctimas, más que las 64 del trágico enero).
Seguridad, pendientes
A un año y cinco meses de la Administración Estatal todavía no está listo el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Tampoco está instalado el Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad ni el Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública.
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato marca la obligación del Ejecutivo del Estado de aprobar tanto un Programa Estatal de Seguridad Pública como el de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Es una tarea de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que comanda Álvar Cabeza de Vaca y en específico de la Subsecretaría de Prevención a cargo de Jorge Alejandro Suro, quien tomó esa estafeta con la nueva Administración Estatal.
Antes la tenía el panista Marco Antonio Rodríguez Vázquez, a quien regresaron a donde sí tenía experiencia, que es el manejo de la Juntas Laborales en el Estado.
El Programa Estatal de Seguridad informan que es lo que ya está contenido en el documento ampliado del Programa de Gobierno 2018-2014 en su eje de “Seguridad y paz social”, publicado en marzo de 2019 en el Periódico Oficial del Estado.
Pero lo segundo, el Programa de Prevención de la Violencia, todavía no está listo. Aunque el Estado sí le está exigiendo a los Municipios sus programas de prevención en los 45 compromisos para acceder al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
La respuesta el 10 de febrero a una solicitud de información de am fue que “se encuentra en el proceso de revisión de la alineación y congruencia por parte del Instituto de Planeación Estadísticas y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG), para su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado”.
Hace un año, con el objetivo de focalizar la importancia que tiene el tema de prevención, el Congreso del Estado aprobó una Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
El objeto es el de coordinar políticas que reduzcan y combatan las causas que generan el delito.
En esa nueva ley se enmarca la integración y las atribuciones del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana de Seguridad (lo mismo que sus respectivos consejos municipales) y el Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública.
Diego diseñó un Consejo Estatal de Seguridad donde están 10 ciudadanos que él nombró y todas las autoridades, pero, según la Ley, ese es otro organismo distinto. El de Consulta debe surgir de una convocatoria y mayoritariamente es ciudadano.
La Secretaría de Seguridad Pública informó a otra solicitud de am que “a finales de 2019 se emitió la convocatoria para seleccionar a las personas consejeras y nos encontramos en el proceso que permita la adecuada conformación y posterior funcionamiento de dicho espacio ciudadano, el cual tiene dentro de sus atribuciones, el conformar el Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública”.
Leo, la justicia no llega
La familia de Leo Reyes, migrante asesinado el 13 de diciembre de 2018 por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), espera justicia.
La resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) les da el ánimo de saber que tenían razón en lo que siempre dijeron: Leo fue una víctima de un abuso policiaco, no debió morir, era inocente.
Ahora esperan lo más importante, que se haga justicia. Que la Fiscalía General del Estado concluya la carpeta de investigación y haya un castigo a los responsables.
El gobernador Diego Sinhue; el fiscal Carlos Zamarripa, el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca; dijeron que van a aceptar las recomendaciones.
Aunque el Secretario se resiste a lo que textualmente señala la resolución: “La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”.
Toca a la Fiscalía imputar un delito penal y no a Derechos Humanos, pero el abuso está señalado y por eso el ombudsperson, José Raúl Montero, urge a la Fiscalía a concluir el caso.
Ni un “lo sentimos mucho”, menos una disculpa pública a la familia de Leo, a quien desde el primer día un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado criminalizó al señalar que él, junto con otras dos personas (que nunca aparecieron) dispararon contra los elementos y ellos repelieron la agresión.
En otro hecho en julio 2019 la Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió que también se incurrió en “la violación del derecho a la vida” contra el joven Erasmo Rodríguez, al que le habrían disparado en junio de 2017 en un operativo en Victoria.
Diego y Álvar presumen una de las mejores policías del país, y tienen razón en que es ese tipo de hechos no desacreditan a toda una corporación. Pero, otra vez, hay que serenarse y aprender para prevenir que eso se repita, y, cuando llegara a pasar (que en toda Policía se dan los abusos) se investigue y castigue.
Maquillaje
La necesidad por mejorar la imagen de la alcaldesa celayense Elvira Paniagua provocó que se retractara en su política de austeridad en Comunicación Social, pero al parecer ni eso le ha alcanzado ya que la aprobación social sigue por los suelos.
Esta semana, la encuestadora Massive Caller publicó sus encuestas para medir la aprobación ciudadana de los municipios con más habitantes del país y la Presidenta Municipal de Celaya alcanzó su nivel más alto de desaprobación con un 90%.
En menos de año y medio, tres directores han pasado por el área de Comunicación Social y, a pesar de los cambios de estrategia, la imagen de la Alcaldesa no mejora.
Desde el inicio Elvira emprendió una política de austeridad, recortando plazas y bajando sueldos principalmente a directores de diversas dependencias. A una de las que le tocó dicho recorte fue a Comunicación Social, donde al menos cinco integrantes fueron despedidos y otros tuvieron disminución en su salario.
A la llegada a principios de año del nuevo director, Gustavo Gómez, quien notó que andaban por la calle de la amargura principalmente en el manejo de redes sociales, decidió ajustes. Uno fue contratar a un camarógrafo que graba los eventos públicos de la Alcaldesa incluso con el uso de un dron y en días pasados se contrató una nueva Community Manager, quien es novia del joven camarógrafo.
Todo indica que ambos circulaban en un vehículo oficial la tarde del miércoles cuando se estamparon contra un bolardo recién colocado en Avenida Las Fuentes, donde previamente ya habían chocado otros automovilistas. Esta situación abrió la caja de pandora y salió a relucir que estaban contratados, es decir, la Alcaldesa tuvo que recular en ahorrar recursos para intentar mejorar su imagen en redes sociales.