Zona de guerra
Celaya está en emergencia y las autoridades, todas, pasmadas.
El terrible asesinato de dos mandos policiacos, motivó que, por primera vez, la alcaldesa Elvira Paniagua, acompañada del Ayuntamiento, suplicarán por ayuda.
El gobernador Diego Sinhue no respondió. Ninguna otra autoridad dijo ni pío.
A pesar de que autoridades municipales, estatales y ni se diga federales, han tratado de minimizar la crisis, Celaya ha vivido años de violencia y dolor en una sociedad que ha exigido por todas las vías que se ponga un alto a la inseguridad.
La tranquilidad no se perdió de la noche a la mañana, fue un proceso largo en el que cada día la angustia e intranquilidad de los celayenses ha ido en aumento.
Pero esta semana, tal vez las autoridades se dieron cuenta que el espiral de violencia no se detendrá hasta que haya cambios radicales y contundentes.
La noche del lunes, el ataque a balazos a una caseta de Policía y una posterior persecución provocó pánico en los habitantes de la zona norponiente de la ciudad.
Para el martes, la escalada de violencia parecía que había llegado a su punto cúspide con los bloqueos carreteros con vehículos incendiados en diferentes puntos de la ciudad que terminaron por desquiciar la vida cotidiana de los celayenses.
Este hecho dejó en claro que ni las propias autoridades municipales sabían lo que estaba ocurriendo en realidad y la incertidumbre seguía creciendo.
La noche del jueves, el asesinato del recién nombrado Director de la Policía Auxiliar y unas horas después el secuestro y posterior hallazgo sin vida del Director Administrativo de la Policía Municipal, terminaron de agravar la crisis. Por ese triste hecho la Fiscalía General del Estado no ha informado de ningún detenido.
Estos hechos colmaron la paciencia del secretario de Seguridad de Celaya, Miguel Ángel Simental, quien evidenció ante los medios de comunicación su desesperación al grado de estar a punto de llorar durante su comparecencia del viernes.
Esa misma mañana, el Ayuntamiento de Celaya cerró filas probablemente como nunca se había hecho y solicitaron a la Presidenta Municipal salir a pedir ayuda con más presencia policíaca y mejor coordinación con el Estado y Federación.
Elvira Paniagua parece que entendió que el enemigo no estaba en casa y que había llegado el momento de ponerse del lado de la ciudadanía y admitir lo que es innegable, que desde hace muchos años el Estado ha olvidado a Celaya.
Y es que mire, desde la última parte del gobierno del empresario Ismael Pérez Ordaz y dado el deterioro de la seguridad, las autoridades cedieron el control de los cuerpos policiacos al Gobierno del Estado, bajo la promesa de que al dirigir ellos la estrategia, se comenzarían a tener avances en la seguridad.
Se comenzó a tener un Mando Único disfrazado, pero la inseguridad empeoró.
El gobernador Diego Sinhue sólo ha aparecido en dos actos públicos en Celaya en siete meses. Incluso en los momentos más críticos; las dos ocasiones cuando el crimen organizado incendió vehículos y bloqueó caminos, o luego del brutal ataque al exdirector de policía José Carlos Ramos Ramos, que precisamente motivó su renuncia, tampoco apareció para dar tranquilidad y certeza a los celayenses.
Ninguno de sus antecesores había clamando auxilio al Estado ni al Gobierno Federal como lo hizo la Alcaldesa a nombre de todo el Ayuntamiento, ojalá la escuchen y la ciudad vea la luz en este laberinto que parece no tener salida.
El drama generalizado de Guanajuato haría urgente que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete de Seguridad completito sesionara junto al gobernador Diego Sinhue, su equipo; y los alcaldes de los municipios en mayor problema delictivo, pero ese encuentro no lo hemos visto en todo el gobierno.
Diego Sinhue no debe esperar las señales federales, la bomba en que se convirtió Celaya obligaría a estar allá de tiempo completo para reforzar la estrategia. Lo mismo en Salamanca, Irapuato, León, sábado, domingo, el día que sea. Pero no.
¡Despierten ya!
Primero el policía
En la lucha contra el crimen lo primero en valorar deben ser los policías.
En Guanajuato una excelente noticia fue el incremento salarial que se otorgó este año a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (20 mil pesos mensuales netos al menor nivel) para convertirse en la Policía Estatal mejor pagada.
Por esa línea es la que hay que seguir en el Estado y en los municipios, garantizar un salario digno, pero sobre todo que encuentren un proyecto de vida. Y para eso habrá que buscar cada vez mejores prestaciones laborales, capacitación, equipamiento, y en especial un clima laboral adecuado, ser valorados.
¿Saben cómo se sienten nuestros policías? No conozco de ninguna encuesta de clima laboral en las corporaciones que haya sido tema de los consejos municipales o Estatal de Seguridad, o de las mesas ciudadanas de seguridad y justicia que funciona desde hace tres años en León y de mediados 2019 en Irapuato y Celaya.
En el 1er. Informe de Gobierno del primer trienio del alcalde Héctor López, una tarde-noche de septiembre del año 2016 en el Poliforum, el entonces gobernador Miguel Márquez, pidió al Ayuntamiento que donaran un terreno y el Estado construiría un Centro Recreativo y Deportivo para los Policías y sus Familias.
Después incluso los “dueños del capital” en León agrupados en la asociación Unigua, ofrecieron una aportación millonaria para concretar ese proyecto.
Pero del asunto ni Márquez ni Héctor jamás volvieron a hablar. Ya no importó.
Ahora que están 400 millones guardaditos de lo recaudado por la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) es buen momento para revivir este Centro ¿o no?
En el tema salarial son 11 municipios los que cumplen con el ingreso mínimo recomendado para los policías rasos, que es de $13,704 netos al mes. Otros 23 están entre un 80% y el 98% de cumplimiento y 12 pagan menos de 80%.
Los más rezagados son: Uriangato (69%), Santa Catarina (68%), San José Iturbide (66%), Santiago Maravatío (63%), Pueblo Nuevo (61%) y Juventino Rosas (49%).
Los 11 cumplidos en la homologación salarial son: Atarjea, Celaya, Coroneo, Irapauato, Jerécuaro, León, Pénjamo, Salamanca, Silao, Tarandacuao y Xichú.
La bancada panista anunció como asunto toral de su agenda legislativa del periodo ordinario que inició hace un mes que presentarán una iniciativa de Ley de Servicio Profesional de Carrera Policial. La propuesta está en la cancha del diputado Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad y Movilidad.
Esa ley, según prometen, pondrá las reglas claras en el escalafón de puestos de la carrera policial, ascensos ganados por méritos y no por amiguismos. No tenemos elementos para calificar la transparencia de hoy, pero seguro hay mucho por hacer.
El legislador asegura que se contempla dejar plasmada en esa ley la fórmula para calcular y actualizar el salario base para los policías -que hoy solamente es recomendado-, y lo que exploran es la sanción para los ayuntamientos incumplidos, tema por cierto nada sencillo al tener autonomía en el ejercicio de su gasto.
Esa misma nueva ley los obligará a revisar el régimen laboral y las prestaciones de los policías municipales y estatales, garantizar también estándares mínimos que se supone tendrían que estar por encima de lo que hoy tenemos, sino de qué sirve.
El acceso a créditos para vivienda o las becas para los estudios en escuelas privadas de los hijos de policías, son temas de lo que pueden aprender de estados como Yucatán. Y revisar otros como seguros de vida, jubilación y retiro.
Coronavirus y turismo
El coronavirus tiene en jaque a todos y en Guanajuato el impacto será inevitable.
Aunque el 3 de marzo sorprendió la declaración de la secretaria de Turismo del Estado, Tere Matamoros, quien quitada de la pena consideraba que hasta chance y los turistas nacionales que no viajarían al extranjero prefieran hacerlo en el país.
Hoy de plano no creo que alguien piense que se pueda salir ganando en un escenario donde ninguna persona está pensando en salir a vacacionar.
La edición 17 del Rally Guanajuato decidió cancelarse sólo hasta hoy último día.
Lo que habrá que ir considerando es el impacto inmediato en la actividad turística en los periodos de Semana Santa y de Pascua y en el siguiente verano. Y, según como se comporte el virus, lo que pueda pasar con el Festival del Globo de noviembre.
Pero además durante todo el año si los congresos y convenciones se ven afectados.
De por sí el turismo ya está golpeado severamente por la falta de crecimiento económico del país, además Guanajuato sufrió hace un año la escasez de gasolina.
El acumulado de 2019 en Guanajuato registró una caída del 11% en la ocupación hotelera (el promedio fue el 40%); -12% de visitantes y de turistas en hotel; e incluso una baja del 2% en el personal ocupado en el sector, que son 176,849 personas.
Nueva Justicia Laboral
El Poder Judicial envió al Congreso Local el 5 de marzo la iniciativa de reforma a su Ley Orgánica para poner manos a la obra en la reforma sobre Justicia Laboral.
Funcionará de manera progresiva en cuatro regiones. El arranque está a la vuelta de la esquina: el 1 de octubre del 2020 en la sede de Guanajuato, que abarcará Silao, Dolores Hidalgo, Romita, San Diego de la Unión y San Luis de la Paz.
En agosto 2021 iniciará en dos regiones, una con sede en Irapuato y otra en Celaya.
Y cerrará el 3 de enero del 2022 con la sede León, que comprende Ciudad Manuel Doblado, Ocampo, Purísima del Rincón, San Felipe y San Francisco del Rincón.
Inicialmente estaba considerada una sede en San Miguel de Allende, pero, al ser pocos el número de asuntos a atender, se fusionó con la región de Guanajuato.
La propuesta está en la cancha de la Comisión de Justicia que preside la panista leonesa Cristina Márquez y tendrá que salir pronto. No es un tema para nada sencillo la transición de la Justicia Laboral de las tradicionales Juntas de Conciliación y Arbitraje (Julcas) a manos del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
En Guanajuato ya tienen tiempo preparándose para cumplir con la reforma constitucional. El año pasado los ayuntamientos donaron los terrenos donde se construirán las sedes y aseguran que presupuestariamente no habrá problema.
En total para la edificación, recursos humanos, mobiliario, equipo de cómputo y vehículos se estima una inversión de unos 370 millones de aquí al 2022, la mayoría de ese monto (179 millones) es lo que requiere la operación de la sede León.
La estructura operativa implicará 200 funcionarios al Poder Judicial (jueces especializados, secretarios, actuarios, oficiales judiciales, personal de apoyo).
Es de destacar que las convocatorias serán abiertas, es decir, podrán participar no sólo abogados del Poder Judicial sino todo el que cumpla con los requisitos.
Para revisar avances el presidente del Poder Judicial, Héctor Tinajero, se reunió el 9 de marzo con el sector empresarial local, pero la sorpresa es que asistieron aspirantes a “Agregados Laborales” del Departamento del Trabajo de la Embajada de EUA, está claro que pondrán lupa que lo pactado en el T-MEC sí se cumpla.
Hay que recordar que el Poder Judicial irá atendiendo los nuevos asuntos laborales, pero la Subsecretaría Laboral que comanda Marco Antonio Rodríguez y que está bajo la responsabilidad del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, seguirá atediendo las Julcas hasta que concluyan con el último de los juicios en trámite.
Otro asunto clave del tema será la creación del Centro Estatal de Conciliación, que sería un organismo descentralizado y autónomo que tendrá el objetivo de evitar los pleitos judiciales y llegar a acuerdos favorables para los patrones y trabajadores.
Lo que está en juego es la paz laboral, una fortaleza de la economía en Guanajuato.