El daño está hecho
Pase lo que pase con la pandemia del COVID-19 en México y en el estado de Guanajuato, el impacto económico será brutal y tomará mucho tiempo reponerse.
La prioridad está en salvar vidas. Pero la emergencia sanitaria es, lamentablemente, también económica, y como tal deben de atenderla los tres niveles de gobierno.
Este viernes el gobernador Diego Sinhue Rodríguez subió un video a sus redes sociales en el que adelanta que la próxima semana anunciará medidas adicionales en materia económica y en infraestructura para la salud. Urgen señales positivas.
En Guanajuato la pandemia ya golpea la joya de la corona de su economía: el sector automotriz cuyas principales empresas armadoras y proveedoras han parado producción por prevención y además ante el comportamiento del mercado global.
Y hay que considerar que la exportación de vehículos de Guanajuato ha decrecido los últimos años: 12 mil 014 millones de dólares en 2017; 10 mil 132 millones de dólares en 2018 y 9 mil 042 mdd en 2019, según la información de la Cofoce.
El 90% de las unidades que se exportan de la entidad son para el mercado de EUA.
En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro anunció el viernes una bolsa de mil millones para créditos con tasa cero a microempresas, apoyo de $5,000 al mes a quienes están en el autoempleo y la informalidad, y el respaldo a productores de maíz.
Las condiciones de que cada entidad cambian, pero el respaldo debe ser contundente.
El Consejo Coordinador Empresaria de León (CCEL) y Concamin Bajío, que comandan José Arturo Sánchez e Ismael Plascencia, ya pusieron sobre la mesa medidas emergentes para evitar en lo posible la pérdida de empleos.
Para el Gobierno Estatal destaca la propuesta del CCEL de establecer un esquema de subsidios en el pago de servicios públicos (luz, gas, y otros) disponiendo de los recursos del 0.3% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) recaudado en el ejercicio de 2019, mismos que ascienden a 400 millones de pesos aproximadamente.
Hay que recordar que esa sobretasa del 0.3% fue el incremento que tuvo el 2019 el ISN con el respaldo empresarial, con el objetivo de etiquetar esos recursos para proyectos de desarrollo social (el 0.2%) y de seguridad (el 0.1%), del cual no se ha aplicado un solo peso pues hasta hace unos días, luego del regaño del Gobernador, el sector empresarial se puso de acuerdo en las reglas para ejercerlo.
Al Estado también le piden diferir tres meses el pago del Impuesto Sobre Nómina.
Y reestablecer en su totalidad el programa de “Reembolso en Tasa” de Fondos Guanajuato, suspender adeudos por tres meses, incrementar y agilizar los créditos a las MiPyMES.
Otro punto es adelantar el programa de inversión pública y compras de gobierno ejerciendo de manera anticipada el crédito autorizado por 5 mil 350 millones.
Finanzas del Estado recién realizó una primera subasta por mil 500 millones de pesos de la deuda y el plan original era el de realizar una segunda para junio-julio y una última por octubre-noviembre, para contratar este mismo año todo el crédito.
Desde septiembre Diego solicitó la deuda al Congreso, así que suponemos que tienen ya definido el destino y no debiera haber problema en adelantar su ejecución para oxigenar a la industria de la construcción, la cual desde el año pasado está en franca recesión y pérdida de empleos por falta de inversión.
En enero 2019 los asegurados en la industria de la construcción de Guanajuato eran 78,236, y en diciembre 69,659, es decir 8,577 empleos perdidos, reporta el Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Para el Gobierno Municipal le proponen considerar las altas reservas de efectivo con que cuenta el SAPAL para exentar dos meses del pago del servicio a todos los ciudadanos que están al corriente en sus pagos, además de otorgar un estímulo del 50% de descuento a todas las empresas que estén al corriente.
Este planteamiento tiene un mayor alcance al anuncio que en la semana hizo SAPAL respecto a que no habrá cortes ni suspensiones para las cuentas que tengan adeudos o vencimiento en su pago durante el tiempo de la contingencia.
También hacen su luchita con el Gobierno Federal y le piden: implementar un plan de ayuda social para los trabajadores directamente afectados por el COVID-19; apoyo para incentivar la creación de empresas; diferir tres meses el pago de ISR, IMSS e Infonavit; y adelantar la inversión pública y compras del segundo semestre.
Lo único que ha dicho la Federacion es que no aumentará impuestos. Punto.
Hace un año con el desabasto de gasolina un mes el sector empresarial también demandó estímulos fiscales a la Federación, y la respuesta fue “no hay”, “no hay”.
Aunque las finanzas locales son apretadas el Estado tendrá que “ponerle el pecho a las balas” y hacer todo lo que sea necesario en la redirección del gasto público.
En particular los secretarios de Finanzas y Desarrollo Económico del Estado, Héctor Salgado y Mauricio Usabiaga, respectivamente, tienen una prueba de fuego.
Turismo, caída libre
Una atención especial deberá tener el sector de comercio, servicios y turismo.
El viernes Diego Sinhue se reunió con el Consejo Estatal de Turismo que encabeza el leonés Abraham Rocha, quienes le expusieron el tsunami que ya ven venir.
Llama la atención que en la mesa no estuviera la secretaria del ramo, Tere Matamoros, otra señal del distanciamiento entre prestadores y funcionaria. Mmm.
La petición concreta, además de los apoyos emergentes que les prometieron, es la de, una vez pasada la emergencia, lanzar una ambiciosa campaña de promoción.
En León ya se han pospuesto unos 50 eventos de todo tipo. Por ejemplo el Congreso Internacional de la Carne y el concierto de Ricky Martin, en Poliforum.
La ocupación ya está en caída libre y para malas el pico de la emergencia sanitaria coincide con el periodo vacacional.
Se calcula en León un impacto de hasta 700 millones de pesos y en San Miguel de Allende de 300 millones durante tres meses.
El golpe está en los hoteles, restaurantes, bares, agencias de viajes, comercio establecido e informal (por ejemplo los outlets y Zona Piel en León), todo, todo.
En funciones, y en campaña
En la elección de 2021 los alcaldes y diputados locales que aspiren a repetir en el mismo cargo por otro periodo no tendrían que solicitar la licencia para ir a campaña.
Al menos así lo contempla la reforma electoral que entrará a su etapa de análisis, con la prisa de que debe estar lista a más tardar en el mes de mayo, que son 90 días antes de que en septiembre inicie formalmente el proceso electoral 2020-2021.
A nivel federal la Cámara de Diputados aprobó en la semana lo mismo para senadores y diputados federales, es decir, hacer campaña sin dejar sus puestos.
La oposición, PAN-PRD-PRI, ausente en San Lázaro (al considerar una imprudencia el sesionar ante la contingencia sanitaria) calificó como un “albazo” el que la mayoría de Morena y aliados aprobaran las reformas legales que estaban pendientes para cumplir con la norma constitucional vigente desde 2014 en materia de reelección.
La molestia es porque se dispensó el trámite legislativo y lo aprobaron fast-track.
En Guanajuato ya desde la anterior elección entró en vigor la elección consecutiva que está aprobada por un periodo más para los alcaldes (seis años máximo) y hasta por tres en legisladores locales (doce años). En 2018 sí les obligaba a pedir licencia.
Por ejemplo en León mientras Héctor López hacía campaña le cuidó la silla quien era su síndico, Luis Ernesto Ayala Torres, actual Secretario de Gobierno del Estado.
Ahora, la diputada local panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirma que la iniciativa es que puedan hacer campaña desde sus puestos.
El argumento es que prohibírselos sería inconstitucional, que eso ya ha quedo de manifiesto en tribunales.
Pondrán reglas seguramente como el de evitar eventos masivos de entregas de apoyos, o qué días u horarios se consideran como hábiles o no, y otras inútiles.
Y es que no se puede paralizar el ejercicio de los recursos públicos (obras, programas sociales), así que no hay manera de que no se convierta en una ventaja enorme entre quienes hacen campaña desde un cargo y el resto de los mortales.
La reforma está en la cancha de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso que encabeza la priísta Celeste Gómez; secretario el panista Armando Rangel; y vocales: Magdalena Rosales (Morena), Libia Garcia y Rolando Alcántar (PAN).
Otro tema importante será el de establecer las reglas de paridad y atribuciones al IEEG para evitar, en todo lo posible, la judicialización en el reparto de plurinominales y no terminar como pasó en 2018 donde varios fueron diputados por días u horas.
Sin respuestas
En Celaya y Salamanca se fue otra semana y los ciudadanos no recibieron respuesta de las autoridades a la súplica de apoyo para hacer frente a la violencia.
Después de la trágica semana que cobró la vida de dos mandos policiacos, el viernes 13 la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, en forma inédita acompañada de todo su Ayuntamiento, salió a pedir ayuda del gobernador Diego Sinhue Rodríguez y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Hasta hoy nadie le ha respondido, al menos no públicamente. Diego encabezó en la semana un evento de firma de transferencia de recursos federales de seguridad con los alcaldes (no estuvo la de Celaya) pero del tema, otra vez, silencio. Mandó, como es una costumbre, a que respondiera la vocera de Seguridad, Sophia Huett López.
Para nadie es un secreto que en Celaya se vive desde hace varios meses una especie de toque de queda en donde se han limitado las salidas nocturnas. Esto ha traído como consecuencia importantes pérdidas económicas para el comercio local.
Y si a esto le sumamos el golpe económico por la contingencia, la pasarán muy mal.
En Salamanca la alcaldesa Beatriz Hernández ya no quiere parecer rijosa con Diego para que no la acusen de politizar, más bien partidizar, el tema de seguridad, dice.
“No quisiera politizar, seguiré insistiendo en el apoyo a la seguridad de Salamanca”.
El asesinato de cinco personas, uno de ellos un menor de 12 años, en un ataque al restaurante-bar “La Típica” hace una semana, deja claro la escalada de la violencia.
“Siendo un lugar familiar la gravedad es superior porque fue un atentado, las personas que estaban ahí eran estudiantes, trabajadores, gente de la vida familiar, gente buena, y eso es lo que más impacta en Salamanca”, expresó la “morena”.
Por ese hecho la Fiscalía del Estado no tiene detenidos. La Alcaldesa recordó que tampoco hay responsables de los 16 asesinados hace un año en el bar La Playa.
Es un cuarto ataque en un lugar público entre 2019 y 2020, apuntó, pero “la tragedia salió completamente de los esquemas anteriores porque era un lugar público, familiar, un restaurante-bar que cumple con todos los requisitos de reglamentos”.
Los alcaldes de Irapuato y León, Ricardo Ortiz y Héctor López, ambos en su segundo periodo, no externan igual mensaje de auxilio, pero vaya que lo necesitan. La misma impotencia la tienen varios otros alcaldes de todos los partidos políticos.
Así que estamos una crisis sanitaria, económica, y la de violencia que no dará tregua…
CM