El jueves próximo pasado, se publicó que la abogada Hilda Tagle, jueza de la Corte para el Distrito Sur de Texas, negó la petición de Tomás Yarrington y de sus defensores para liberarlo, mientras transcurre el proceso que se le sigue por la comisión de diversos delitos.
Entre ellos el de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ocultamiento y falsedad de identidad al utilizar el sobrenombre de “José Ángel Márquez”, así como el de no contar con Visa para permanecer en Estados Unidos (periódico AM Pág. B.6 09/04/2020).
Coincidentemente, los argumentos esgrimidos por el procesado y sus defensores fueron los mismos que utilizara el equipo de defensores de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública.
Estos son: la edad, ambos mayores de 50 años, inclusive el ex gobernador de Tamaulipas con 61 años; y padecer algunas enfermedades, según sus argumentaciones, de alto riesgo y vulnerabilidad ante la epidemia de coronavirus.
En ambos casos y con diferencia de pocos días, los juzgadores de la Corte del Distrito Sur de Texas como del Distrito Este de Nueva York, negaron las peticiones redarguyendo que, por el contrario, quienes son de alto riesgo son los mismos acusados, sobre todo con los antecedentes de tener recursos económicos y contactos suficientes para darse a la fuga y evadir la acción de la justicia.
Además, los juzgadores destacaron que no hay casos de Covid-19 donde se encuentra Yarrington y, en el caso de García Luna, ni siquiera acreditaron con estudios y certificados médicos los padecimientos que alegó tener.
No obstante, resulta pertinente recordar a los amables lectores que, tradicionalmente, tanto tribunales federales de los distritos de Nueva York, de Texas y de California gozan de notoriedad por ser muy estrictos y severos en general contra los delincuentes y en especial tratándose de la clase de acusados como los referidos.
Baste mencionar los casos recientes de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y de Edgar Veytia, ex procurador del estado de Nayarit, así como aquel de añeja memoria de Arturo “El Negro” Durazo Moreno, en la Corte Federal de Los Ángeles, ante el juez de hierro Volney Brown, quien de un malletazo autorizó su extradición.
En cambio, en los tribunales federales de las cortes de Florida, Louisiana y Alabama, hacia donde suelen asignarse los casos de algunos otros delincuentes sudamericanos, han sido mas proclives a la negociación y a los pactos de delación o cooperación de testigos, priorizando la recuperación de grandes cantidades de recursos económicos y propiedades en favor del erario estadounidense.
Cabe redundar que en la ultima petición de libertad provisional solicitada por García Luna, la propuesta de un millón de dólares de fianza aumentó hasta dos, pero Robert Levy, conocido por ser un juez con tendencia a aceptar el otorgamiento de libertad bajo fianza, la negó en este caso según sus propias palabras “por no ser fácil”, ya que los garantes que servirían de colaterales ponían en riesgo sus finanzas personales, aunque fueran su propia esposa e hijos.
Ante la negativa, su defensor, el abogado De Castro, confirmó que retornaría con un paquete de fianza más fuerte.
El acusado tiene registradas en Estados Unidos propiedades por un valor de unos cuatro millones de dólares.
Si bien sumando el valor de sus propiedades con las de su esposa y sus hijos, García Luna tendría un patrimonio no acorde a los ingresos que pudo haber obtenido durante sus poco más de 20 años como servidor público, aunque solamente los últimos seis haya sido con un nivel de Secretario de Estado, la realidad es que, en comparación con otros procesados, por ejemplo, el propio Edgar Veytia (250 millones de dólares), su fortuna parecería ridícula.
No descartaríamos que posteriormente tuviéramos la sorpresa de una negociación jurídica, con la anuencia del fiscal Michael Robotti.