León, Guanajuato.- La violencia criminal en Guanajuato no cesa y las autoridades se perciben pasmadas.
El analista en temas de seguridad Alejandro Hope considera que la respuesta Federal es errática y la del Gobierno del Estado en una negación de la realidad.
Siguen en la lógica de “que se maten entre ellos” y que no nos involucra a nosotros. El problema es que si se da licencia para matar sin importar la identidad de la víctima, se da licencia para todo lo demás”, expuso en foro virtual “Inseguridad en Guanajuato: la otra pandemia”, organizado por el partido Movimiento Ciudadano.
En medio de la pandemia por Covid-19 la violencia homicida no para en México y en Guanajuato: “Si aún en estas circunstancias no podemos contener la violencia, ganar espacios a la delincuencia organizada, la pregunta es ¿cuándo sí?”, dijo.
Citó el caso del mercado ilícito de combustible que supuestamente se combatió, además de la actual baja de precios del petróleo y el menor consumo de gasolinas, lo que lo hace menos atractivo en ganancias, pero aún así la violencia persiste.
La eliminación de la fuente de ingreso original no necesariamente elimina al grupo criminal. El huachicol creó en Guanajuato una infraestructura criminal y redes de complicidades que se han redirigido a otras cosas una vez que bajó el combustible robado, el huachicol dejó un legado de hombres, armas, vehículos, complicidades”.
Agregó que es posible que haya disminuido el volumen de combustible robado, pero el número de tomas clandestinas no necesariamente, y ahí esté más la violencia.
“Ante esta problemática no ha habido una reacción vigorosa de ninguna autoridad”.
Hope consideró que la respuesta Federal en Guanajuato es insuficiente.
Primero sacan a los marinos, luego los regresan, luego traen Guardia Nacional pero en número que no alcanzan para el tamaño del reto en el estado. Y sigue habiendo una tensión importante entre Gobierno Federal y Gobierno Estatal y un peloteo de las responsabilidades que no está ayudando al problema”, opinó.
Reprocha ineficacia de Fiscalía
Marcela Villalobos, activista de derechos humanos, señaló el fenómeno de las desapariciones en Guanajuato y la insuficiente respuesta de la Fiscalía Estatal.
Y para muestra está el grupo de familias de desaparecidos, “Sembrando Comunidad”, que de un año a otro pasó de 5 a 200 integrantes pidiendo justicia.
Lamentó que ni la Fiscalía, ni Seguridad Pública ni los alcaldes rinden cuentas de lo que compete a sus responsabilidades.
Ya tenemos que romper el pacto de impunidad que existe y que ha dejado que el fiscal (Carlos) Zamarripa se encuentre donde está y no han dado resultados”, dijo.
Luis Andrés Álvarez, exsubdelegado de Relaciones Exteriores en Guanajuato, demandó a la Fiscalía y a las autoridades estatales y municipales innovar en estrategias para atender la violencia y acceder a la justicia. Refirió el programa Cosmos, en Querétaro, donde los policías levantan las denuncias en sitio.
AM