Las unidades antisecuestro en México trabajan en la opacidad.
Las procuradurías de los 32 estados ocultan datos sobre la cantidad de víctimas de secuestro que han liberado, los elementos que trabajan en las unidades y del control interno que se lleva sobre el personal.
Con excepción de Colima, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los estados revelaron que se atendieron 952 casos de secuestro en las unidades antisecuestro en 2013.
A través de solicitudes de Transparencia, sólo 12 procuradurías informaron sobre la liberación de 577 víctimas y el asesinato de 21 más en el mismo año.
Las mismas dependencias dieron a conocer que, desde la creación de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS) en 2009, al menos 186 víctimas de secuestro han sido asesinadas hasta la fecha.
Miguel Bernardo Treviño, representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aseguró que la opacidad en la información hace imposible evaluar el funcionamiento de las unidades.
Y es que documentos presentados a través de Transparencia revelan fallas en los protocolos de actuación, rotación constante de personal, o carencia del equipamiento necesario para el combate al secuestro.
“No existen concentrados de capacitación ni controles de confianza, y los estados no tienen control interno respecto a la medida en que se siguen o no protocolos”, criticó Treviño.
“Es ingenuo pensar que vamos a tener unidades antisecuestro eficaces si nos seguimos saltando trabajo básico de mecanismos de control interno de policías, y si no tenemos auditorías externas”.
Protocolos proporcionados por Guanajuato, San Luis Potosí y el Estado de México, entre otros, revelan que las unidades trabajan en tres sentidos: vigilancia no intrusiva del personal que trabaja en las unidades; actuación ministerial y policial para investigar el delito, y atención a víctimas.
Sin embargo, no hay reglas para el seguimiento de casos mediante el debido proceso, para investigar a presuntos secuestradores con el fin de evitar más plagios.
También carecen de indicadores que permitan evaluar el seguimiento que el personal da a cada protocolo: por ejemplo, dijo Rivas, existen documentos para diferenciar la manera de interrogar a las víctimas y a los delincuentes, pero los Ministerios Públicos no actúan acorde a ellos.
“Las unidades son principalmente negociadoras: una persona, cuando tiene un secuestrado, solicita apoyo a las unidades y éstas se dedican a la negociación.
“Pero la negociación con delincuentes, a favor de conservar la vida humana, ha estado en detrimento del combate a los cárteles y los grupos a través de inteligencia”, afirmó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano.
Inconsistencias
Por otra parte, los elementos que trabajan en las unidades son rotados constantemente, a pesar de que el personal debería mantenerse estable durante al menos tres años.
Por ejemplo, el Distrito Federal admitió que existe la rotación dentro de una plantilla de 227 elementos divididos en unidades de manejo de crisis, análisis táctico, investigación de campo e intervención especializada.
Con excepción de dos fiscalías, el resto se negó a revelar el estado de fuerza con el que cuentan las unidades.
Asimismo, todo el personal debe ser evaluado a su ingreso a la unidad, no obstante, las fiscalías no reportan la repetición de pruebas de control de confianza durante cada cierto tiempo para acreditar la permanencia.
Sólo diez estados reportan una evaluación del 100 por ciento de su plantilla, entre los que se encuentra Zacatecas, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Durango, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California.
Rivas añadió que la capacitación del personal es desigual entre unidades, lo cual impide una efectiva colaboración de las entidades.
Ocurre lo mismo con el acceso a sistemas de información criminal: mientras que los 32 estados deberían estar conectados a la base de datos de Plataforma México, menos de la mitad confirma dicha conexión.
Además, sólo Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León aseguraron que integran sus propias bases de datos de análisis criminal e investigación de gabinete.
‘Son una vergüenza’
Uno de los principales motivos por los que creció el número de plagios en el País, es que las Unidades Especializadas de Combate al Antisecuestro (UECS) son una vergüenza.
Así calificó el trabajo de estos grupos la activista María Elena Morera, quien sostuvo que muchas de estas unidades estatales, que se impulsaron desde 2004, están desarticuladas y perdieron su carácter de “especializadas” pues se ocupan para perseguir otros delitos.
“Son una vergüenza, hoy en día vas a algunos estados y hay un membrete que dice ‘unidad antisecuestros’, pero ya las personas que trabajan ahí, o están en otros asuntos, o ven secuestros y también otro tipo de delitos, y no puedes hacer eso”, sentenció.