Sin darlo a conocer al Ayuntamiento, la ex alcaldesa Rubí Laura López Silva pactó en 2010 el pago del 15% a la abogada Azucena Ingrid Palacios Trujillo por la gestión de recursos ante instancias de Gobierno, revela el contrato SUB015/2010 del cual AM tiene copia.
El contrato no puntualiza si la gestión sería realizada ante instancias estatales o federales, pero sí deja claro que a la abogada, hasta entonces desconocida en Celaya, fue contratada exclusivamente para que acudiera ante funcionarios y negociara con ellos la entrega de recursos para obras en Celaya.
En la tercera cláusula se fijó el monto a pagar por sus servicios.
“El Municipio se obligó a pagar a “El Prestador” por concepto de “honorarios” el 15% de los recursos obtenidos ante las instancias gubernamentales de cada uno de los proyectos encomendados, así como ingresados a las arcas municipales, generándose el derecho a cobrar el porcentaje de honorarios, una vez que el Municipio haya firmado el convenio respectivo con la Entidad Gubernamental que corresponda, con el cual le entregan en Administración o etiqueten el recurso público en las acciones de estos proyectos”.
La abogada tiene pocos antecedentes, ni el contrato menciona que tenga experiencia en el tema, el documento apenas en 5 renglones expone que Azucena Ingrid Palacios Trujillo es mexicana nacida el 21 de mayo de 1972, casada, que su domicilio para recibir notificaciones es Avenida Camino Real No. 451 de Querétaro y que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse, con registro federal de contribuyentes PATA720521N84.
Además la Plantilla de Personal de Primer Nivel de fecha 1 de noviembre de 2009 de la que A.M. tiene copia, señala que entonces fungía como Directora de Enlace Legislativo del Municipio de Querétaro.
Actualmente es directora Jurídica del Parque Bicentenario de Querétaro, y a la par pelea en tribunales con el Municipio de Celaya un monto de 30 millones de pesos por gestionar recursos federales y asegura que ella bajó los fondos para la construcción del Distribuidor Vial de Bulevar y 2 de Abril y el paso deprimido de la Avenida Constituyentes en Celaya.
En una entrevista previa, la ex Alcaldesa dijo que a Palacios Trujillo la recomendó y pidió su contratación el ex regidor y ex líder provisional del PAN en Celaya, Jorge Serrano Machuca, para la actualización de reglamentos y gestión de recursos.
De acuerdo a las cédulas profesionales de Serrano Machuca y de Palacios Trujillo, ambos estudiaron en la Universidad Autónoma de Querétaro la licenciatura en Derecho y se graduaron en el año 2002.
Para firmar el contrato la ex Alcaldesa se justificó en el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal vigente en el 2010 respecto a las atribuciones de los presidentes municipales, en donde específicamente en la fracción “XIII” menciona: “Suscribir a nombre y con autorización del Ayuntamiento, los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios”.
Así como en el artículo 16 de la Ley Arancelaria para el cobro de Honorarios Profesionales de abogados y notarios y de costas procesales para el Estado de Guanajuato que señala: “En las transacciones judiciales o extrajudiciales, en las que intervengan los abogados, tratándose de negocios valuables en dinero, podrán cobrar hasta un 15% de la suerte principal; y en los negocios no valuables en dinero, podrán cobrar los abogados, además de la tarifa contenida en el artículo 15 de esta ley, de 10 a 100 salarios”.
El documento lo firmaron también el ex síndico Sergui Hernández Cervantes.
El 22 de enero Palacios Trujillo negó que la contrataran para gestionar recursos.
“Estoy pidiendo el pago de mis servicios profesionales, fueron trabajos técnicos, jurídicos, (de) asesoría, son servicios profesionales y 100% jurídicos. Fue todo legal, nada de gestoría de recursos, realmente nos sorprendió mucho que nos dijeran que no nos iban a pagar”.
Desconoce Cabildo la ‘asesoría’
En la primera cláusula se establece el objeto del contrato que fue prestar un servicio de “asesoría jurídica y administrativa al Ayuntamiento por conducto de la titular de la Tesorería Municipal o funcionario que para tal efecto designe el Presidente Municipal de Celaya”.
Luego en 3 incisos especifica sus funciones: “a) Auxiliar en el desarrollo y gestión de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales de proyectos de infraestructura, de seguridad pública municipal, así como de cualquier otra índole que determine “El Municipio”; b) Auxiliar en la conformación de los expedientes técnicos de los proyectos a desarrollar y en caso de ser aprobados, señalados en el punto anterior; y c) Auxiliar en las diligencias de estudios y en la elaboración del dictamen que se requiera en la formulación de los proyectos señalados en los puntos que anteceden.
Pero no especificaron los nombres de las obras o proyectos en los que trabajaría.
En las “obligaciones del Prestador del Servicio”, se le dejó claro a Palacios Trujillo que debía “guardar absoluta confidencialidad” con respecto a los datos y documentos que “El Municipio” le proporcionara y no dar informes.
En una cláusula más, la séptima, por segunda vez le pide discreción: “El Prestador del servicio se obliga a guardar discreción debida respecto de la información que sea de su conocimiento respecto de los asuntos que se le hubiere confiado “El Municipio”.
Azucena Ingrid se comprometió a entregar informes periódicos cada 15 días respecto al avance de sus gestiones.
El contrato fue firmado el 13 de octubre de 2010 pero no fue dado a conocer Al Ayuntamiento.
El ex regidor Ernesto Jamaica Verduzco, dijo que la ex Alcaldesa no sólo les ocultó el contrato, sino que además incumplió con una disposición del Ayuntamiento, ya que le autorizaron a firmar contratos y convenios a nombre del Cabildo, con el compromiso de informarles de todos los asuntos que acordara.