Obstáculo hacia la Equidad

México ha vivido cambios en sus políticas públicas dirigidas a mujeres. Estos nuevos cambios incluyen la visibilidad pública de la Violencia de Género, tema en que se efectuó la primera reforma legislativa referida al género. Fue también el primer tema de la agenda feminista que fue retomado por el ejecutivo federal, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 1988.

Los años ochenta acompañados de los nuevos conocimientos y la terminología han logrado transformar una serie de acciones que solían ser consideradas como “naturales”, en percepciones de problemas sociales públicamente conocidos, como la violencia familiar, la violación y el abuso sexual.

Las mujeres mexicanas han atravesado cambios en la percepción pública pasando de ser seres negados de individualidad y voluntad, sin deseos propios ni vida personal, sin capacidad de decisión ni dignidad humana. Por ser considerados ciudadanos solo los hombres de la república, a ser objetivos de las Políticas Modernizadoras, que desde 1988 ha buscado el Gobierno Mexicano.

Fue también durante este periodo que la administración salinista prometió modernizar no solo la economía, sino también las estructuras políticas y democratizar realmente la sociedad. Es aquí cuando los colectivos feministas se organizan en ONGs.

Las feministas mexicanas ganaron legitimidad en el cambio político nacional gracias a la influencia en los sectores laborales remunerados, crecientes niveles educativos, movimientos sociales y migratorios, y mayor visibilidad en el espacio público.

Los pequeños grupos feministas de los años 1970, con la finalidad de obtener mayor protagonismo social se agruparon en ONGs, que a su vez, formaron colectivos, proponiendo una nueva oportunidad de empleo para mujeres principalmente eruditas, y provenientes de las clases media y alta de las zonas urbanas.

La violencia de genero al ser uno de los temas retomados por la política oficial, llego a ser profundamente influenciada por las corrientes feministas, lográndose así las reformas que se efectuaron entre 1988 a 1991, en materia de los llamados delitos sexuales, aumentándose las penas de los delitos como la violación. En 1989 se impone el primer Foro Oficial de Consulta Popular sobre delitos sexuales por las Diputadas del Congreso. En donde se exhortó a la población civil a participar en un proceso legislativo. Resultado de este proceso legislativo se modernizan los términos de feminidad y se ampliaba la definición penal del acto violatorio.

Es también creada en 1989, la primera Agencia Especializada del Ministerio Público en Delitos Sexuales (AEDS), al año siguiente se abre el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI) y en 1991 el Centro de Terapia de Apoyo a las Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

Las primeras reformas en cuanto a las Instituciones Judiciales provinieron de la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal, siendo una voz del feminismo el Procurador Ignacio Morales Lechuga, reformas que por primera vez se referían a las mujeres que sufrían violencia como “victimas” dejando de lado el género como factor determinante de la violencia sufrida.

La violencia familiar paso de ser tomada como parte del ascendente nivel criminal nacional, a ser un problema de violencia directa hacia las mujeres.

También en este periodo se conceptualiza de otro modo a “la familia mexicana” rompiendo con el modelo tradicional patriarcal, para ser considerado una convivencia de individuos independientes que también debe tener principios democráticos.

Los nuevos paradigmas feministas incluyen a la violencia de género como un obstáculo hacia la equidad, la participación y la democracia y no solo como un ataque a cuerpos femeninos. Aportan también un debate importante en cuanto a la democratización. Se establece que es la violencia familiar un obstáculo también para la democratización de la sociedad, la participación ciudadana de las mujeres. Y son también estas cuestiones frenos en el progreso económico nacional.