El área jurídica del ayuntamiento de Tulancingo da seguimiento a las demandas legales que interpusieron 17 de los 54 policías que fueron dados de baja a inicio del presente año al no acreditar las pruebas de control y confianza.

Lo anterior fue confirmado por Rafael Guerrero Gómez, secretario municipal de Seguridad Ciudadana. Señaló que hasta el momento no se ha dado ningún resolutivo legal o sentencia por parte de autoridades en materia de justicia laboral derivado de las bajas referidas.

Una de las principales causas por las que los ahora expolicías municipales presentaron demanda fue por estar en desacuerdo con los montos económicos que les ofrecieron al momento de notificarles su baja definitiva.

Otro de los motivos es que exigen conocer el resultado de sus respectivos exámenes de control y confianza que en su momento presentaron como parte de los requisitos para permanecer en la Policía Municipal.

Los elementos dados de baja tenían una antigüedad laboral en el cuerpo policiaco municipal de entre dos y 15 años.

LAS BAJAS

A inicio del presente año las autoridades municipales dieron a conocer las bajas de elementos debido a no acreditar los exámenes de control y confianza, como lo establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La situación está considerada en la normativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contenida en su artículo 139, fracción cuarta, que surte efecto en marzo y a la que se debe dar cabal cumplimiento.

La misma normativa señala que los mandos o funcionarios que mantengan a oficiales policiacos o peritos, así como ministerios públicos en el caso de procuración de justicia, que incumplieron los requisitos, tendrán sanciones, incluso legales.

Sobre el relevo en los espacios que quedaron vacantes con las bajas señaladas, Guerrero Gómez señaló que se revisarán los recursos para 2022 y con ello establecer la partida presupuestal que permita las contrataciones.

Actualmente Tulancingo cuenta con una fuerza operativa para atención y prevención de delitos de 230 oficiales, divididos en dos turnos de trabajo.