De enero a noviembre la Secretaría de la Contraloría registró mil 417 servidores públicos sancionados, de los cuales el más reciente fue el exdirector de Comercio y Abasto de Mineral de la Reforma, Jesús Tovar Ledezma, quien fue inhabilitado por medio año a partir del mes pasado.
El Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados disponible en la página de la dependencia estatal, registró una inhabilitación en noviembre y se trata del exdirector de Comercio y Abasto de Mineral de la Reforma, quien no presentó su declaración de situación patrimonial de conclusión al cargo que ocupó durante la administración de Raúl Camacho. El plazo de sanción es del 18 de noviembre de este año al 18 de mayo de 2022.
De los mil 417 trabajadores amonestados de enero a noviembre de este año, mil 388 laboran en el gobierno estatal y 29 en distintas presidencias municipales, de las cuales Ixmiquilpan es la que más sancionados tiene con diez, seguidos de Mineral de la Reforma con ocho, Pachuca cuatro, Atotonilco de Tula tres, mientras que Tezontepec de Aldama, Tlahuieltepa, Tepeji del Río y Tlaxcoapan uno cada uno.
Según el listado, febrero fue el que más amonestados tuvo con mil 25 servidores públicos, seguido de abril con 250 sancionados, marzo 50, enero 43, septiembre 15, mayo con 11, junio ocho, agosto seis, julio y octubre con cuatro cada uno y noviembre con uno.
La dirección general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría fue la encargada de sancionar a mil 353 servidores por omitir la declaración de situación patrimonial de modificación, 33 por incumplimiento a sus obligaciones como servidor público y dos por negligencia administrativa.
Entre las sanciones impuestas, mil 160 recibieron amonestación privada y uno amonestación pública; 205 fueron inhabilitados por un día, tres meses y hasta un año; dos fueron suspendidos por cinco días y 15 con suspensión de 15 días, ambos casos sin goce de sueldo. Además cinco personas destituidas, las cuales laboraban en la Secretaría de Cultura.
Las dependencias con más amonestados son la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del estado, y la Policía Industrial Bancaria.