“Los mejores reformadores que el mundo ha visto son los que comienzan por sí mismos”.
George Bernard Shaw
Es verdad que las comisiones de diputados movieron más de una coma en la contrarreforma eléctrica, pero ninguna realmente importante. De nada sirvieron las semanas de presentaciones y argumentos en el parlamento abierto.
El dictamen corrige, es cierto, uno de los errores más crasos de la iniciativa presidencial, al reconocer los permisos de generación distribuida que permiten a las personas colocar paneles solares sobre los techos de sus casas para generar su propia electricidad. La secretaria de energía, Rocío Nahle, había insistido que estos permisos no serían afectados por la nueva ley, a pesar de que la propia iniciativa señala que “los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan”.
Al parecer la Secretaria no leyó su propia iniciativa o no la entendió. La nueva redacción surgida de comisiones reconoce en cambio los contratos de generación distribuida existentes y establece que se mantendrán las condiciones actuales para nuevos contratos de hasta 0.5 megavatios.
Otro de los cambios, sugerido por la secretaria general del PRI, la diputada con licencia y actual candidata del partido al gobierno de Hidalgo Carolina Viggiano, es convertir la electricidad en un “derecho humano”. La electricidad se integraría así a una larga lista de “derechos humanos” que no se cumplen, como el “derecho a la salud” en un gobierno en que se ha reducido la disponibilidad de medicamentos y servicios de salud. Es un cambio meramente demagógico.
La única y pequeña apertura en el dictamen es la que permite la generación para el autoconsumo, pero solo a “los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro”. Así se permitiría que grupos como el Sindicato Mexicano de Electricistas, que apoyaron a AMLO en su campaña, puedan beneficiarse de la contrarreforma sin más “lucro” que el enriquecimiento personal de los líderes sindicales. No es una medida, sin embargo, que pueda generar más inversión en electricidad, ni más energía limpia.
La contrarreforma eléctrica del presidente es, en un sexenio de grandes retrocesos, una de las medidas más negativas que ha tomado el gobierno. En un momento en que el país necesita más inversión productiva, especialmente en electricidad, cuando el mundo está buscando una transición hacia energías más limpias, la contrarreforma cierra las puertas a la inversión privada, a pesar de que el sector público no tiene recursos para reemplazarla; fortalece el monopolio de la CFE e impone un cambio retroactivo de reglas bajo las cuales se hicieron decenas de miles de millones de dólares en inversiones.
Es en términos jurídicos, se trata de una expropiación indirecta, la cual prohíben el T-MEC y otros tratados internacionales, pero el gobierno ha declarado que no pagará indemnizaciones, lo cual constituiría además un despojo que difícilmente sería avalado por tribunales y paneles de arbitraje internacionales.
En esta ocasión los legisladores del gobierno sí cambiaron algunas comas a la iniciativa presidencial, solo que eran las comas equivocadas. No han modificado el fondo de una iniciativa muy dañina para el país. En lugar de promover una mayor apertura, que lleve a un aumento en la inversión y una generación más limpia, el gobierno está impulsando una ley restrictiva que reducirá la inversión y nos obligará a comprar electricidad más cara y sucia.
Cofepris
Mientras el Presidente está considerando imponer controles de precios a los productos básicos, la Cofepris ha bloqueado más de 2,600 trámites para productos fitosanitarios. Olvida que la única forma eficiente de bajar los precios es aumentar la producción o reducir los costos. La Cofepris se ha convertido, sin embargo, en el principal enemigo de la producción agrícola.
Twitter: @SergioSarmiento