La revocación de mandato se ha convertido en el ejercicio de poder más perverso de los últimos tiempos. Uso el adjetivo con cierto énfasis freudiano: un sitio imaginario donde se invierten las pulsiones y lo que en realidad se quiere es sustituido por su reverso. Los principales actores en esta estructura disfuncional -el Presidente, la oposición, el INE, los ciudadanos- parecen ansiar lo contrario de lo que enuncian, enredados en una maraña de contradicciones. En el camino, hemos visto flagrantes violaciones a la Constitución y un desdén generalizado hacia las leyes, aviesas mentiras -pocas veces tan cínicas-, manipulaciones y lapsus que este domingo se resolverán en una frustración exacerbada. Al final, lo más probable es que el ganador sea el más perverso de todos: justo quien sea capaz de narrar mejor los resultados.
Todo aquí resulta engañoso: el mecanismo se denomina revocación, pero ha sido empleado para la ratificación. Si quien suele proponerla en otras partes es la oposición, aquí está la boicoteada en tanto el gobierno la anima. El responsable de organizarla -el INE- lo hace a regañadientes, justo lo que más conviene al Presidente, por más que sus arengas y manifestaciones ilegales proclamen lo inverso. La alianza opositora, a su vez, llama a defender al INE no votando -un absurdo sin sustento-, cuando el resultado de una gran abstención irá justo en contra de esta institución. Y, entretanto, los ciudadanos caemos en estas múltiples trampas sin importar si estamos a favor o en contra del Presidente o del mero ejercicio de revocación.
Sin duda el Presidente impulsó esta prueba, pero como la oposición no pudo bloquearla en el Congreso ya es un instrumento ciudadano que nadie debería desdeñar. Quienes dicen defender la legalidad y acusan con razón a funcionarios del gobierno de delitos electorales, tendrían que aceptar que, les guste o no, se trata de una consulta válida en vez de descalificarla sin más: por cara o inútil que les parezca, es parte integral de nuestro sistema. Boicotearla es profundamente irresponsable: como se ha comprobado en otras naciones con tendencias autoritarias, ello solo minará aún más nuestra endeble democracia. En México costó tantas luchas -y vidas- contar con elecciones confiables como para tirarlas por la borda.
El Presidente quiere dos cosas que sonarían irreconciliables. Primero, una muestra incondicional de amor que se traduzca en mayor capital político: millones de votos que le den margen de maniobra para la sucesión. De ahí las órdenes de violar la ley a sus subordinados para alentar su permanencia. Y, asimismo, busca que el número de votantes no sea suficiente para volver la consulta vinculante, a fin de echarle la culpa al INE del fracaso. No deja de sorprender cómo algunos consejeros han mordido el anzuelo y, en vez de guardar prudente silencio, aceptan convertirse en enemigos abiertos del Presidente, dándole más razones para su embestida: otra perversión.
En México el voto es un derecho, no una obligación: cualquier ciudadano puede decidir legítimamente si votar o no en la revocación. Los partidos políticos y las instituciones, en cambio, no deberían boicotearla. Pocas veces se ha escuchado un lema más inane y torpe que: “Terminas y te vas”.
Quienes votaron con entusiasmo por el Presidente y en tres años han constatado cómo traicionó casi todas sus promesas -con la militarización, el adelgazamiento del Estado, la falta de una reforma a la justicia o el desdén hacia otras causas sociales- tienen en la revocación el instrumento ideal para mostrar su decepción. No deja de alarmar que esta sea la posición menos popular. Pero, si hiciéramos a un lado el conjunto de trampas, mentiras y distracciones tanto del Presidente como de la oposición, esta debería ser la acción más eficaz: aprovechar el impulso de la apabullante victoria de 2018 para que un nuevo candidato o candidata de izquierda en verdad lleve a cabo la transformación que el país necesita y de la que el Presidente tanto habla pero se ha negado a poner en marcha.
@jvolpi