Fuerza letal e impunidad
El asesinato del universitario Ángel Yael Ignacio Rangel, en Irapuato, por un agente de la Guardia Nacional, conmovió al país. De la tragedia de Debanhi pasamos a la de Ángel Yael.
A la lamentable tragedia hay que sumar ahora la impunidad, al dejar al elemento en libertad bajo la inverosímil acusación de la Fiscalía General de la República de ¡tentativa de homicidio! Pobre país.
El estudiante de Agronomía, de 19 años, no iba armado, no agredió a nadie, no cometió delito alguno, al parecer salían de un convivio en la zona del poblado de la Ex Hacienda del Copal, por donde también se ubica la División de Ciencias de la Vida del campus Irapuato de la Universidad de Guanajuato, en donde estudiaba.
El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 4:40 de la tarde, en Irapuato.
El sitio del ataque es una zona conocida como Polígono del Conocimiento, en donde hay varias universidades y escuelas de nivel medio superior, y donde en otras ocasiones estudiantes alzaron la voz para exigir seguridad.
La estudiante Edith Alejandra Carrillo resultó herida, permanece internada, estable.
La Guardia Nacional informó que los dos vehículos estacionados en un camino de terracería, al percibir su presencia se retiraron “de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este Instituto Policial”.
Un elemento de la GN descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada”, describe.
Todo pasó, se atreven a decir, en operativo para el combate al huachicoleo.
El propio comunicado lo resume todo: una flagrante ejecución extrajudicial.
El elemento fue puesto a disposición de las autoridades federales. Y ayer ¡liberado!
La comunidad está indignada y exige justicia para Ángel. Nadie más debe morir así.
Familiares, amigos y autoridades de la Universidad de Guanajuato marcharon en protesta y dejaron en claro que la militarización del país no es la solución. Dicen que no quieren a la Guardia Nacional en el cuartel ubicado en esta comunidad, pero sobre todo, urgen a que las autoridades a que hagan algo.
La marcha llegó a Presidencia Municipal, donde, a pesar de haber funcionarios que pudieron recibir al rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino y a los familiares de Ángel Yael, no lo hicieron, mantuvieron cerradas las puertas.
Casi 200 estudiantes de la UG campus León de la sede San Carlos protestaron afuera de la base de la Guardia Nacional en León, gritaron consignas y pegaron cartulinas en la puerta porque su compañero de “La Colmena” no murió, lo mataron.
El rector Agripino, maestro en Derecho Penal, exigió frenar el despliegue militar en el país.
Suma de protestas
A la protesta y exigencia de justicia de la UG se sumaron en un desplegado en La Jornada los rectores de las universidades autónomas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Yucatán. De la Universidad de Guadalajara, de la UNAM y el Director General del Tecnológico Nacional de México.
El gobernador Diego Sinhue acepta que no es lo ideal pero hoy necesitan de la Sedena y de la GN para hacer frente a la violencia criminal en la entidad.
Diego ha reconocido en varias ocasiones la colaboración con fuerzas federales para disminuir en mil víctimas de homicidio doloso en 2021, y una ligera baja en lo que va de 2022, aunque las tragedias y el baño de sangre no terminan.
La militarización fue impulsada desde el anterior gobierno de Miguel Márquez quien apoyó la construcción del cuartel para la Policía Militar, en Irapuato.
En la actual Administración Estatal hubo un viraje al crear un fondo para fortalecer a las policías municipales y seguir robusteciendo a las Fuerzas del Estado, pero Guanajuato no ha podido solo.
GN, todo por aclarar
La Guardia Nacional en Guanajuato no da la cara y tiene muuucho por aclarar.
David Saucedo, especialista en temas de seguridad, pregunta: ¿Quién era el oficial superior de la GN que dirigía el operativo?, ¿cómo supo la GN que un solo elemento disparó si al emitir el comunicado no había los dictámenes de balística? ¿Estarán dispuestos a entregar y hacer públicas las grabaciones de las comunicaciones?
Y finalmente: ¿Por qué el general Óscar Reyes Ávila, comisionado de la Guardia Nacional en Guanajuato, no da la cara?
Superficialmente aceptan su responsabilidad en estos hechos, pero de ese modo evitan una investigación de mayor envergadura. Ponen a un elemento a disposición de las autoridades, pero con ello liberan de toda responsabilidad a mandos medios y superiores”, considera el analista.
El 23 de noviembre de 2021, AM informó que la Guardia Nacional abatió a 30 civiles armados en todo el país en 2020, la mitad fueron en Guanajuato. Ésta fue la entidad que la GN se vio involucrada en más enfrentamientos, 12 de los 56 en el país. Así lo reflejó el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021 del Inegi.
La Guardia Nacional se aprobó al inicio de la Administración Federal por todas las fuerzas políticas del país. Se prometió una fuerza civil pero es un grupo militar más.
No a la militarización
La ONU México manifestó su preocupación por el uso de la fuerza letal aplicado en este caso, lo que no corresponde a una policía civil bajo estándares internacionales.
Llamamos a las autoridades a que se realice una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca la cadena de mando y el cumplimento de protocolos internacionales sobre uso de la fuerza y derechos humanos”, apunta.
Amnistía Internacional México, que comanda la leonesa Marcela Villalobos, puntualizó que: “La operación de la Guardia Nacional se contrapone con el estándar internacional en la materia, de acuerdo con el cual los estados sólo pueden recurrir a las fuerzas militares en casos excepcionales y por un tiempo definido.
De lo contrario, implica un riesgo importante de que se incrementen las violaciones a los derechos humanos”.
El exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, opinó así: “El asesinato de Ángel Yael a manos de la Guardia Nacional ejemplifica lo que hemos venido diciendo, los elementos militares no tienen preparación para realizar labores policiales. Es una tragedia”.
Posdata: Que este hecho sirva para refrescar la memoria. La familia del migrante Leonardo Reyes Cayente, asesinado en diciembre del 2018 por agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en un supuesto enfrentamiento, siguen en su peregrinar por la justicia. Derechos Humanos acreditó un uso excesivo de la fuerza, pero ningún agente, y mucho menos mandos, han recibido castigo.
Irapuato en llamas, Lorena de viaje
Sumida en la violencia, la inseguridad y la indignación se encuentra Irapuato, que parece no tener tregua y no puede salir del bache que desde hace años vive en materia de seguridad.
Y no es por poner el dedo en la llaga, pero mientras la alcaldesa Lorena Alfaro García se encontraba de gira por Colombia, a donde asistió al “Encuentro de las Américas de Turismo Social”, la ciudad se incendió con el asesinato de un policía municipal y el del joven estudiante.
El comandante Roberto Cervantes fue asesinado el martes en la colonia Nuevo México, cuando recién salía de su turno laboral, sumándose a la lamentable lista de elementos caídos en esta ciudad.
Su asesinato hizo eco, más cuando Sophia Huett, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, dijo que los C4 estarían filtrando información de los elementos, lo que ayudaría a los delincuentes a atacarlos.
Lo que no se dijo es en dónde están los C4 que son la manzana podrida y qué investigaciones y resultados lleva a cabo la Fiscalía para castigar esas filtraciones.
Ni una abeja menos, ni un policía menos, ni un ciudadano menos, esa es la exigencia que las autoridades deben atender a la voz de ya, porque de nada sirven los discursos cuando ciudades pujantes como Irapuato se ven mermadas en su desarrollo por tanta violencia e inseguridad.
Dicen que Lorena regresó contenta por la reducción de homicidios&en Colombia.
Movilidad, un derecho
Luego de aprobarse la reforma a la Ley de Movilidad que quita la camisa de fuerza a los permisos de taxis privados mediante plataformas tecnológicas, hay que decir que la Comisión de Seguridad y Movilidad se llevó su tiempo, pero hizo la chamba.
El 28 de octubre pasado el Ejecutivo del Estado envió la propuesta al Congreso del Estado a fin de que la prestación de este servicio no estuviera sujeta a la realización de estudios por parte de la Dirección General de Transporte sino solamente a las condiciones mecánicas de la unidad y habilidades del operador.
El análisis en la Comisión que preside el diputado panista Martín López Camacho llevó su tiempo porque se abrieron varias mesas de consulta con el gremio de taxis convencionales, plataformas tecnológicas, y también con usuarios.
En más de una ocasión, Diego Sinhue y la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, urgieron al Legislativo a acelerar la aprobación de la iniciativa.
En descargo de la Comisión hay que decir que no fueron solamente oficialía de partes dando “copy paste” a la iniciativa del Ejecutivo, arrastraron el lápiz, ajustaron, y agregaron en donde consideraron era necesario para dar claridad a la reforma.
Por ejemplo, en el concepto de Servicio de Transporte Privado los diputados eliminaron de la iniciativa original las palabras “dispositivo electrónico”, para evitar que la contratación del servicio se realice fuera de plataforma.
Se determinó para los vehículos destinados al servicio de transporte privado una vida útil de 6 años con posibilidad de prórroga de 4 años más siempre y cuando aprueben la revista físico mecánica.
El conductor debe acompañar una constancia de conducción segura, emitida por los centros autorizados por la unidad administrativa de transporte para el conductor.
Otro aspecto importante que consideró es el marco legal para la cancelación del registro, que incluye, entre otras cosas, la prohibición de realizar, alentar, permitir y participar en conductas que constituyan violencia contra las mujeres y niñas.
Eso sí, no todos quedaron contentos pues eso de los taxis es toda una bronca. Además se trataba de tener una ley, enfatiza el diputado López Camacho, que no cayera más en la inconstitucionalidad, que fue por esa razón que debió reformarse.
En tribuna del Congreso, Yulma Rocha (PRI), Dessire Ángel Rocha (Movimiento Ciudadano) y Gerardo Fernández (Verde), reconocieron que el trabajo para sacar la reforma. En el pleno del Legislativo fue aprobada por todas las fuerzas políticas.
Ahora su aplicación está en la cancha de la Dirección de Transporte de la Secretaría de Gobierno. Lo más importante será al final que le sirva al consumidor. Veremos.
Celaya, defraudados
El Gobierno celayense empezó con el pie izquierdo la semana al tener que salir a admitir que habían sido víctimas de un chanchullo por supuestos empleados federales por una cantidad cercana al millón de pesos.
Tanto la tesorera municipal, Lourdes Herrera como el director Jurídico, Jorge Ramírez, dieron la información a cuentagotas lo que provocó que se dieran un sin fin de especulaciones y varios cabos sueltos.
Lo que se sabe es que en marzo pasado la Secretaría Particular recibió un oficio aparentemente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, presuntamente firmado por su titular, el salmantino Ernesto Prieto Ortega, y con logotipos de dicho instituto y de la Secretaría de Hacienda.
Lo raro del asunto comienza en que dicho oficio iba dirigido a la exalcaldesa, Elvira Paniagua, y a nadie de la administración se le ocurrió encender las alarmas.
Dicho Instituto ha alertado en diversas ocasiones sobre intentos de fraudes, a la ciudadanía en general e instituciones públicas, a través de páginas apócrifas u otros modus operandis.
Al Gobierno celayense le aseguraron que había resultado beneficiado de bienes en donación y tenía que hacer un depósito y luego acudir por los bienes y fue ahí donde se dieron cuenta que habían sido víctimas del fraude.
Hay muchas preguntas sin responder sobre esta situación y hermetismo de las autoridades, comenzando por el alcalde Javier Mendoza quien ha asegurado que no hablará más sobre el tema para respetar las investigaciones. Atentos.