Los niveles de opacidad del Senado alcanzaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De acuerdo con los resultados de la revisión a la cuenta pública de 2012, la Cámara alta se negó a entregar información al máximo órgano fiscalizador sobre el manejo de una bolsa de más de mil millones de pesos.
Según los reportes de la ASF, esos recursos fueron entregados a los grupos parlamentarios, pero su manejo no puede ser auditado, debido a que los legisladores no entregaron la documentación requerida.
“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados a través de la partida 39903 no fue proporcionada a la ASF, por tanto, no fue posible comprobar si estos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, señala el documento.
“Lo anterior evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio los recursos que son otorgados”.
Los más de mil millones de pesos fueron repartidos entre los senadores que dejaron la Legislatura en 2012 y los nuevos legisladores que se encuentran hoy en funciones.
Aunque las conclusiones del órgano fiscalizador señalan que, en términos generales, el Senado cumplió con la normatividad vigente, advierte que la opacidad persiste en los recursos que ejercen las bancadas.
Por otro lado, el informe advierte que los legisladores realizaron ampliaciones presupuestales por casi 8.5 millones de pesos para los gastos de los grupos parlamentarios, sin explicar la razón.
“Se realizaron afectaciones presupuestales sin que se justificará plenamente la necesidad de transferir los recursos a la citada partida, ya que representó el 71.7% del presupuesto original asignado al capítulo de Servicios Generales”, detalla.
La revisión a la cuenta pública 2012 confirma que el gasto de las bancadas se ha incrementado año con año, pero no así la rendición de cuentas sobre el destino de esos recursos.
Incluso refiere tiene un año a otro, ese renglón se ha incrementado hasta en un 43%.
Según la ASF, el aumento es de casi 757 millones de pesos, lo que significa un incremento del 252.6%.
Para justificar su falta, el Senado informó que ya cuenta con un acuerdo para realizar informes públicos, trimestrales, sobre el uso de los recursos de las bancadas.
Sin embargo, el acuerdo fue signado desde agosto del año pasado, sin que a la fecha se haya abierto la información.
Pide constructora pago
Aunque están a punto de cumplir tres años en sus nuevas instalaciones, los senadores aún no son dueños de sus oficinas.
Lo anterior, debido a que la empresa constructora, Grupo Indi, reclama todavía el pago pendiente de casi 600 millones de pesos.
Según la ASF, la exigencia de la empresa quedó plasmada en documentos de 2013 e incluso en un recurso interpuesto contra el Senado en julio del año pasado.
“Existen reclamaciones de la empresa constructora del orden de 592.2 millones de pesos, conforme al acta de audiencia del 23 de abril de 2013 y el escrito de queja del 27 de junio de 2013 por los cuales se ratifican diversos reclamos por ajustes y costos indirectos y financiamientos, variaciones en la partida cambiaria y otras causas no imputables a la empresa constructora”, describe.
Los datos se desprenden de la revisión de la partida 62902, donde la ASF detectó ampliaciones presupuestales del 1,200% como consecuencia de ajustes que pasaron de 50 a 603 millones de pesos de gasto. (A.Reforma)