A principios de este año, el Gobierno federal informó que la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social pasaría de manos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al programa IMSS-Bienestar (IMSS-B). Éste fue el anuncio encubierto del fracaso no sólo del Insabi, sino también del proyecto de salud de la 4T. Ahora, para esconder los malos resultados de su gestión en materia sanitaria, este mismo gobierno notificó la contratación de 500 médicos cubanos para llevar servicios de salud a las zonas más pobres del País. Se nos quiere hacer pensar que con ese gesto se empezará a resolver la “carencia de acceso a servicios de salud” que afecta a 36 millones de mexicanos, 15 millones más que en 2018, según el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval). No son médicos lo que falta en el País. Lo que no hay es un proyecto de salud sensato.
Los problemas empezaron con la creación misma del Insabi, que se asoció a un inexplicable recorte al presupuesto de la Secretaría de Salud. Gracias al Seguro Popular, el presupuesto de esa secretaría se había incrementado casi cuatro veces en términos reales entre 2000 y 2015. Esta tendencia, sin embargo, se interrumpió los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se produjeron los primeros recortes en 15 años. Durante su última campaña presidencial y en el periodo de transición, Andrés Manuel López Obrador prometió incrementar el gasto público en Salud en un punto porcentual del PIB. Sin embargo, no sólo no ha cumplido su promesa, sino que, en los dos primeros años de su gobierno, en medio de la pandemia más importante de los últimos cien años, redujo todavía más el presupuesto de la Secretaría de Salud.
Los continuos recortes y el mal diseño e implementación del Insabi dieron lugar a un dramático descenso en la cobertura de servicios de salud. Según el Coneval, la “carencia por acceso a servicios de salud” aumentó 75% en los primeros años de este Gobierno, al pasar de 16% de la población total del País (20.1 millones de personas) en 2018 a 28% (35.7 millones) en 2020. La población más afectada fue la población en condiciones de pobreza extrema.
Los problemas de acceso a los servicios de salud -y la falta de medicamentos en las instituciones públicas, resultado del irresponsable desmantelamiento del sistema de compras consolidadas de medicamentos y otros insumos del sector público- dispararon el uso de los servicios privados y el gasto de bolsillo. Según la Encuesta Nacional de Ingreso – Gasto de los Hogares 2020, el gasto promedio trimestral en salud de los hogares mexicanos aumentó casi 40% durante los dos primeros años del Gobierno actual, al pasar de 901 pesos en 2018 a mil 266 pesos en 2020. Un gobierno que se regodea, sin dato alguno, en acusar a los anteriores de privatizar los servicios de salud se ha vuelto el mayor privatizador de facto en la historia.
El incremento del gasto privado de bolsillo produjo, como era de esperarse, un aumento en los gastos catastróficos por motivos de salud. Datos de un estudio realizado en el Instituto Nacional de Salud Pública indican que, a nivel nacional, el número de hogares mexicanos con gastos catastróficos por motivos de salud aumentó 25% entre 2018 y 2020, al pasar de 880 mil a 1.1 millones. Estos niveles no se presentaban en México desde 2006. En los hogares sin seguridad social, la prevalencia de gastos catastróficos se duplicó. El incremento fue también mayor al nacional en las familias encabezadas por mujeres y los hogares con adultos mayores. La catástrofe generada por un gobierno que dice dar prioridad a los pobres se centró precisamente en la gente más vulnerable. Las políticas de salud de la 4T son las más regresivas de las que se tenga conocimiento.
Peor aún es el impacto que las malas decisiones de este gobierno han tenido en las condiciones de salud de la población mexicana. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que el “exceso de mortalidad” en México en 2020 y 2021 fue de alrededor de 55% (626 mil decesos). Se trata de uno de los porcentajes más altos del mundo. Esto produjo la primera reducción generalizada de la esperanza de vida en México en un siglo.
El grueso de las muertes en exceso en 2020 y 2021 se debió al COVID-19 y refleja una pésima gestión de la pandemia. Sin embargo, un número importante de decesos fue producto de la combinación de la pobre estrategia de combate a la pandemia, que afectó la atención de otras necesidades de salud, y los cambios en el sistema de Salud introducidos desde 2019. Uno de los efectos más lamentables de este inadecuado manejo del sistema de Salud es el incremento de la mortalidad materna. El número de muertes maternas en nuestro país aumentó de 690 en 2019 a 921 en 2020 y a mil 036 en 2021. Estos niveles de mortalidad por esta causa no se presentaban en nuestro país desde 2010.
El desastre que creó el equipo de salud de la 4T no podrá aplacarse ni mucho menos revertirse en lo que queda de este sexenio. De nada servirán ni la transferencia de responsabilidades al IMSS-B ni la contratación de médicos cubanos o de cualquier otra nacionalidad. El daño que se ha generado es extenso y estructural. Sólo podrá superarse con un equipo de salud distinto, políticas públicas novedosas y efectivas, recursos presupuestales extraordinarios y muchos años de esfuerzo sostenido.
Desde que se creó nuestro actual sistema de Salud, en 1943, no había habido un nivel de destrucción institucional y un deterioro de las condiciones de salud como los que se han producido en los últimos tres años. El fracaso del actual proyecto sanitario federal hoy impide a millones de mexicanos, en particular a los más pobres, el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud consagrado en el Artículo 4° constitucional. En 2024 México tendrá que levantar un nuevo sistema de Salud sobre las ruinas que dejará este Gobierno.