Periodos de gobiernos municipales de tres años con posibilidad de reelección directa serían adecuados porque representarían una oportunidad de que la población juzgue el trabajo realizado por sus autoridades locales, señaló en entrevista el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso de Hidalgo, Jorge Hernández Araus.
El también diputado local por el distrito X Apan, señaló que hacer consultas de revocación de mandato municipal a los dos años de gobierno, es decir a la mitad de los actuales periodos, que son de cuatro años, sería complicado, por lo que regresar a las administraciones de tres años pero con posibilidad de relección directa, es más adecuado.
A inicio de esta semana, el diputado local por Huejutla Fortunato González Islas presentó dicha propuesta en tribuna del Congreso estatal; señaló que Hidalgo y Veracruz son las únicas entidades que no tienen periodos de gobierno de tres años ni posibilidad de relección directa, lo que calificó como un retraso en democracia.
La iniciativa busca adicionar un párrafo tercero al artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, para establecer la nueva periodicidad de los ayuntamientos, la cual pasaría de cuatro a tres años, con una reelección directa.
Hernández Araus señaló que de aprobarse la iniciativa, representaría respetar la decisión ciudadana y, por lo tanto, además de avalar la gestión y trabajo de sus autoridades, se podría dar seguimiento a sus respectivos proyectos de gobierno.
Otro punto por el que consideró adecuada la propuesta, es la realización de procesos electorales empatados, lo que a su vez significaría una sola jornada electoral con menor gasto económico, además que no representaría cansancio social para la población.
La propuesta contaría con el apoyo de los 19 legisladores locales pertenecientes a los partidos del Trabajo (PT), Nueva Alianza Hidalgo, Verde Ecologista de México, así como de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), este último donde milita Hernández Araus.
El legislador dijo también que platicarán con legisladores de otras fuerzas políticas con representación en el Congreso estatal para sacar adelante la iniciativa.
Al ser una modificación a la Constitución estatal, es necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, es decir, faltaría por lo menos un voto más para ser avalada.
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