El Congreso de la Unión inició su segundo año legislativo hace dos días y creo sin duda alguna que es, para quien esto escribe y los 628 integrantes del mismo, una nueva oportunidad para servir a México.
El mismo día el Ejecutivo Federal presentó formalmente su cuarto informe del estado que guarda la administración pública federal y el día 8 de este mes presentará el paquete fiscal sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, de dónde ingresarán los recursos y a dónde se dirigirán en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En esta ocasión comentaré la política nacional de desarrollo social, foco aparente de atención de la actual administración al tener como consigna “Primero los pobres”, y para lo cuál ha dispuesto tan solo este 2022 la friolera de 3 mil 404 millones de pesos (65% del Gasto Programable o sea disponible). Se incluyen acciones que permitan superar la pobreza a través de la educación, salud, alimentación nutritiva y de calidad, generación de ingreso y empleo, autoempleo y capacitación; seguridad social y programas asistenciales; desarrollo regional; infraestructura social básica; y fomento del sector social de la economía.
La política social debe permitir a toda la población vivir en un entorno de bienestar, a través de la creación de condiciones para que cada persona pueda acceder de manera efectiva a sus derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, considerados como fundamentales para alcanzar el desarrollo individual y colectivo.
Del derecho a recibir una educación inclusiva, pertinente y relevante que asegure los niveles educativos obligatorios ya para insertarse a la vida social o para continuar los estudios del nivel superior, requerirá esfuerzos presupuestarios adicionales para la asistencia presencial como para igualar el acceso y disponibilidad de tecnologías de la información (conectividad y equipos) en los planteles educativos y en los hogares en las zonas urbanas y rurales.
Focalizar a la población de 3 a 29 años con ingreso inferior a la línea de pobreza que asiste a la educación pública obligatoria a fin de otorgarles becas es importante, dado que disminuyó en los últimos dos años. Las inequidades en los grupos étnicos y lingüísticos deben ser consideradas para presupuestar de manera regional.
Del derecho hacia el nivel más alto de salud física, mental y social se debe recuperar la atención, tratamientos e intervenciones suspendidas en enfermedades crónico degenerativas y los síndromes post Covid prolongado, la atención a la salud mental donde la depresión, ansiedad, estrés postraumático por la muerte de más de 800 mil compatriotas y el impacto económico que tuvieron en sus hogares, llevando a millones a un nivel de pobreza mayor.
Avanzar en la cobertura universal de servicios esenciales requerirá de una mayor inversión del gasto público en salud; de mejorar el abasto y distribución de medicamentos; de evitar una mayor fragmentación de los sistemas públicos IMSS-Bienestar e Insabi incluidos; fortalecer el sistema de salud pública en inteligencia y vigilancia epidemiológica; adquirir y mantener los equipos de especialidad en calidad óptima, y sin duda, mejorar el sistema de atención primaria a la salud en las comunidades dispersas del país.
La alimentación que satisfaga las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad, salud y condiciones de vida se vio afectada durante la pandemia por disminución en la disponibilidad de alimentos, sobreprecios e interrupción de cadenas de suministro, viéndose lesionado el derecho a la alimentaciòn nutritiva y de calidad, informándose su carencia en 22.5% de la población, siendo mayor en los hogares con jefatura femenina (23.3%) e indígenas (35.2%); igual ocurrió entre la población con discapacidad, llegando a ser hasta del 32.4%.
Se requiere una atención prioritaria con programas orientados a la población que históricamente ya contaba con condiciones de mayor vulnerabilidad, sin condicionamientos de ningún tipo. Los criterios de zonas de atención prioritaria (ZAP) no deben ser la única regla de focalización, dado que existen hoy datos desde el nivel vivienda y censos de estos grupo de mexicanas y mexicanos para ser subsidiarios y solidarios en el apoyo.
Disponer de una vivienda digna que no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas, con seguridad jurídica de su tenencia, con materiales y diseños de calidad; bien ubicada y con acceso a servicios básicos y complementos funcionales y suficientes, ubicadas en barrios o colonias seguras, con espacios comunes, áreas verdes y calidad comunitaria es una tarea prioritaria de políticas públicas y presupuesto, dado que disminuyó en 4%, mientras que el porcentaje de viviendas rentadas o prestadas aumentó por motivos económicos.
Disponer de políticas públicas para activar el trabajo, fortalecer la economía y apoyar el derecho a una vivienda digna deben ser un llamado a la acción en el paquete fiscal.
En lo personal doy gracias por esta nueva oportunidad para servir a México y buscar recuperar el rumbo con mejores políticas sociales que no han dado los mejores resultados.
MTOP