El Congreso local aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Estatal de Educación para incluir los aspectos de la reforma educativa federal, aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.
La diputada Yulma Rocha Aguilar, presidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, señaló los aspectos principales de la reforma.
Se creará el Servicio Profesional Docente, que incluye el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los profesores, acciones que deberán regirse con la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional docente quedarán a cargo de la Secretaría de Educación de Guanajuato. La evaluación se realizará con base en los criterios que emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
“No contemplamos la creación de una instancia local porque podría caerse en la duplicidad”, señaló.
Se regula la autogestión escolar, que significa que cada plantel educativo organizará las mejoras en infraestructura y compra de materiales educativos. Los directores incentivarán la participación de los alumnos, maestros y padres de familia para enfrentar los retos de cada escuela. Las escuelas tendrán el reconocimiento para operar de manera autónoma sin tutela de un poder central.
La creación de 40 mil escuelas de tiempo completo durante el sexenio, con jornadas de 6 a 8 horas.
Asegurados derechos laborales docentes
Yulma Rocha aseguró que con esta reforma, “los docentes tienen asegurados sus derechos laborales. Ningún maestro, que actualmente esté en servicio, podrá ser despedido y sus niveles acreditados de carrera magisterial están protegidos.
“Recibirán capacitación adecuada. Decidirán qué cursos tomar, de acuerdo con las áreas que correspondan a sus necesidades de formación y deseos de superación profesional”.
Además podrán recibir reconocimientos a su desempeño, con movimientos laterales o con la entrega de estímulos económicos.
Crean derechos a padres de familia
El diputado Juan Rendón López, también de la Comisión de Educación, agregó que se prestarán servicios educativos a los niños y jóvenes que por diversos factores abandonan la escuela para que regresen a las aulas.
Se fortalecerá la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas que cuenten con alguna discapacidad.
Los padres de familia tendrán derecho a manifestar sus quejas y sugerencias ante la autoridad educativa y a participar en los programas que implemente el Gobierno Estatal en materia de seguridad escolar.
También tendrán derecho a conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución, participando también en la mejora de la infraestructura educativa.
Rechazan dar más derechos
La mayoría de los diputados locales rechazaron incluir en la reforma educativa las propuestas de los diputados Marco Antonio Miranda Mazcorro, del Panal, y de José Luis Martínez Bocanegra, del PRD, sobre protección a derechos de los maestros y derechos de los padres de familia.
Miranda Mazcorro señaló que con la reforma como quedó, es nulo el derecho de los profesores a oponer defensa cuando se le separe de su trabajo, porque no habrá garantía de audiencia.
También planteó agregar un párrafo que estableciera que la SEG pondrá al alcance del personal docente un programa de desarrollo para fortalecer la habilidad de los maestros. Y que se integre un comité de transparencia.
Además, que quedara en ley que el personal que no alcance un resultado suficiente conforme a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente, sería readscrito, para continuar con otras tareas dentro del propio servicio educativo.
Pero todas sus propuestas fueron rechazadas por 29 diputados del PAN, PRI y PVEM.
El perredista José Luis Martínez Bocanegra consideró que como quedó la reforma educativa estatal que ayer se aprobó, “habrá escuelas de primera y de segunda”, pues donde los padres puedan aportar económicamente, los planteles estarán en buenas condiciones, pero donde no, no será posible.
“¿Por qué los padres tendrán derecho a conocer la capacidad profesional de los maestros? ¿cómo para qué podrán ser observadores en las evaluaciones?”, cuestionó. Por eso, propuso eliminarlos.
Pero también sus propuestas fueron rechazadas por 30 diputados del PRI, PAN y PVEM.